Caso Cokito Oyarzo: Para Matías Solano, Jorge Vera tenía “tenía la capacidad para comprender el riesgo”

La cuenta regresiva ya comenzó. El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz fijó para el próximo 20 de mayo la fecha en la que dará a conocer el fallo de casación en el caso por la muerte de Rodrigo “Cokito” Oyarzo, un expediente que conmovió a Río Gallegos y que ahora podría tener un giro determinante en su definición judicial.

La audiencia, realizada en el marco de los artículos 448 y 451 del Código Procesal Penal, reunió a todas las partes involucradas y dejó planteado con claridad el eje central del debate: si la conducta del ex inspector de Tránsito Jorge Vera debe seguir siendo considerada un homicidio imprudente o si, como sostienen la fiscalía y la querella, corresponde recalificarla como homicidio simple con dolo eventual, lo que implicaría un cambio sustancial en la pena.

El tribunal estuvo presidido por Reneé Fernández, junto a las vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Fernando Basanta y Romina Saúl, en carácter de subrogante, con la secretaría penal a cargo Fernando Costabel. Allí se expusieron los argumentos de cada una de las partes, en una instancia clave que definirá el rumbo final de la causa.

Declaraciones

Tras la audiencia, el abogado querellante Matías Solano, quien representa a la familia junto a Karen Cader, brindó definiciones contundentes que reflejan el clima de expectativa que rodea al caso. “Ya llegamos a esta instancia en la que se va a resolver ya de manera definitiva la situación”, afirmó en declaraciones a LU12 AM680, dejando en claro que el proceso se encuentra en su tramo final.

En ese sentido, destacó que durante la jornada “quedó bastante clara la postura de la parte acusadora” respecto de lo que consideran el punto neurálgico del expediente: “la modificación de la calificación legal”, al sostener que el hecho “se califique como homicidio simple por dolo eventual y no homicidio culposo como está hasta el momento”.

El letrado también se refirió a la estrategia de la defensa, señalando que “el recurso que había presentado se declaró desierto. Se cayó por no sostenerlo en plazo”, lo que, según su interpretación, dejó a la causa “en buenas condiciones” para ser resuelta en línea con lo planteado por la acusación.

Uno de los aspectos más sensibles del caso tiene que ver con el impacto que podría tener una eventual modificación en la calificación legal. En ese punto, Solano fue claro: “Si se lograra modificar la calificación legal, la escala penal aplicable para el delito de homicidio sería de 8 a 25 años de prisión”. Y agregó que esto “sería un gran avance… en la jurisprudencia local”, remarcando que el acusado “sabía perfectamente los riesgos que podía ocasionar conduciendo de la manera que lo hizo”, en virtud de su experiencia como inspector de tránsito.

En contraposición, advirtió que sostener la figura de homicidio imprudente implicaría que el hecho quede “casi en impunidad” frente a la gravedad de lo ocurrido. “Disentimos con el criterio de la mayoría del tribunal, creemos que se equivocó y hace una interpretación errónea de los elementos que hay en el expediente”, expresó con firmeza.

Para la querella, el eje está puesto en la conducta previa al desenlace fatal. “Tenía la capacidad para comprender el riesgo que estaba creando”, sostuvo Solano, al referirse a la persecución que, según plantean, “generó un riesgo innecesario, excesivo”, diferenciándose así de lo que consideran un “homicidio sin querer”. En esa línea, fue categórico al señalar que “hubiera sido un milagro que no [matara] a nadie cruzando todos los semáforos en rojo a exceso de velocidad en una avenida como la San Martín un sábado por la madrugada”.

Más allá de la discusión técnica, el abogado puso el foco en el impacto social del caso. “Esto tiene una doble importancia. Tiene un sentido social y un mensaje para todos quienes conducimos”, afirmó, al tiempo que advirtió que “no se puede transgredir la norma de tránsito sin importarle a uno la vida de los demás porque hay consecuencias”.

En declaraciones posteriores, reafirmó esa postura y subrayó que “en la audiencia de hoy ha quedado clara la postura de la parte que acusa, tanto de la Fiscalía como de la querella, respecto de lo central”, insistiendo en que la causa está “en buenas condiciones” para ser resuelta como pretenden. Y agregó: “Esperamos con expectativa el 20 de mayo a que se resuelva y esperando que haya una solución justa a esta situación que creemos que hasta el momento no se ha dado”.

El cierre de sus palabras dejó en evidencia el costado humano del proceso judicial: “La familia está muy expectante y esperando que se resuelva en definitiva esta situación y poder poner cierre a una etapa lamentable de la vida familiar”.