Caso “Cokito”: Pidieron salidas transitorias para Vera y la familia de la víctima salió al cruce

La familia de Rodrigo “Cokito” Oyarzo, el joven que perdió la vida en un trágico incidente vial con un inspector de tránsito, se enfrenta a un nuevo golpe. A menos de tres años del hecho, Jorge Vera, el funcionario condenado por la muerte, ha solicitado salidas transitorias para trabajar.

En una charla cargada de dolor e impotencia, Paola Stout, cuñada de la víctima, reveló la lucha incansable por una justicia que sienten esquiva y la frustración ante leyes que parecen proteger más al victimario que a la víctima.

El dolor para la familia de Rodrigo “Cokito” Oyarzo es una herida que no cierra, una batalla diaria que se recrudece con cada nuevo revés judicial. La semana pasada, una notificación oficial volvió a sacudir los cimientos de su duelo: Jorge Vera, el ex inspector de tránsito condenado por la muerte de Rodrigo, quien actualmente se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Provincial N°2, en las afueras de la capital de Santa Cruz, solicitó salidas transitorias y el régimen de semiliberación para poder volver a trabajar.

La noticia, como era de esperar, cayó como un baldazo de agua fría. “Nos dio mucha bronca, impotencia, porque ahora este recién van a ser dos años y medio de la muerte de Rodrigo y esta persona ya quiere salir a trabajar”, expresó con la voz quebrada Paola Stout, cuñada de Cokito, en diálogo con LU12 AM680.
Este martes, en un intento desesperado por ser escuchados, la familia se reunió con el secretario penal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Costabel.

El encuentro, que habían solicitado apenas recibieron la notificación, sirvió para manifestar su profunda angustia y su principal reclamo: que la justicia acelere los tiempos en la instancia de casación, donde se está revisando la condena original de 5 años, antes de otorgarle cualquier beneficio a Vera. “Lo que nosotros solicitamos hoy es que se apuren con casación antes de que esta persona pueda llegar a tener esas salidas transitorias”, explicó Paola, dejando en claro la urgencia de su pedido.

El nudo del conflicto, y lo que genera una sensación de desamparo en la familia, es que el pedido de Vera está, paradójicamente, amparado por la ley. Sus propios abogados, Matías Solano y Karen Cader, les han confirmado que esta posibilidad existe y que un juez podría concederla. Es precisamente esta legalidad lo que más les duele. “Sí, está dentro de la ley y puede llegar a tener esas salidas transitorias porque, bueno, hay una ley que lo ampara. Pero el reclamo nuestro es que esto debería cambiar”, sostiene Stout, apuntando directamente a un sistema judicial con leyes que, según ella, han quedado “arcaicas“.

“Siempre a favor de los delincuentes, asesinos, abusadores, y las víctimas tenemos que seguir pidiendo justicia porque parece que no nos escuchan”

Paola Stout

La sensación de que las normas están hechas “al revés” es una constante en su relato. “Siempre a favor de los delincuentes, asesinos, abusadores, y las víctimas tenemos que seguir pidiendo justicia porque parece que no nos escuchan“, lamenta. Para la familia, el argumento de la reinserción social de Vera es una afrenta. Recuerdan que él ya tuvo su oportunidad en la sociedad y la desperdició de la peor manera posible.

“Él ahora solicita salidas transitorias para salir a trabajar, pero no nos olvidemos que él en el momento que mata a Rodrigo estaba trabajando, estaba cumpliendo funciones“, remarcó Paola, y añadió con dureza: “No cuidó su trabajo, tampoco cuidó la vida de los vecinos, ni su propia vida”.
La condena de cinco años de prisión para Vera fue, desde el primer momento, un trago amargo para los Oyarzo, quienes junto a su abogado, Matías Solano, la calificaron como un fallo con “sabor a impunidad total”. Ahora, la posibilidad de que no cumpla siquiera la totalidad de esa pena mínima agrava la sensación de injusticia.

“¿Cómo es el criterio de los jueces?”, se preguntó Paola, y trajo a colación una comparación que refleja la disparidad que percibe en la justicia: “Recuerdo haber escuchado una condena a una persona que robó ovejas a la que le dieron 10 años de prisión, y yo creo que un robo de ovejas no se compara ni lo más mínimo con la pérdida de una vida”.
El recuerdo de esa noche trágica sigue intacto. Paola describió la actuación de los agentes de tránsito como una “persecución tan estúpida” y una “cacería” que, por un descontrol generalizado, se llevó la vida de Rodrigo. El hecho de que el responsable fuera un funcionario municipal, una persona que “conocía bien las leyes” y que “tenía que cuidar al ciudadano”, hace que la herida sea aún más profunda.

Lo que viene

Tras la reunión en el Tribunal Superior, la familia se fue con la promesa de que las puertas quedarían abiertas para futuras consultas, pero con la certeza de que ahora solo queda esperar los tiempos de la justicia. Es una espera que los consume, un “desgaste permanente” de golpear puertas y pedir por lo que debería ser un derecho. “Lo difícil que es llevar adelante un pedido de justicia y viendo que hay tanta injusticia para la víctima, porque Rodrigo ya no se puede defender. Rodrigo, nosotros lo vamos a ver a un cementerio. Esta persona está viva y puede salir en libertad en cualquier momento“, reflexionó Paola, resumiendo el sentir de una familia que no baja los brazos. Mientras tanto, el caso de Cokito Oyarzo se convierte, una vez más, en el espejo de un debate que atraviesa a toda la sociedad argentina: el de una justicia que, para muchos, sigue estando en deuda.