Crimen en la Comisaría Séptima: “De ninguna manera quisieron causar esa muerte”

El complejo entramado que rodea la muerte de Gilmar Claros Ferrel, el ciudadano boliviano de 35 años fallecido el pasado mes de octubre mientras se encontraba bajo custodia policial en la Comisaría Séptima de Río Gallegos, sumó este jueves un giro dialéctico de profunda trascendencia institucional.

En medio de la conmoción que generó el avance de la causa y la reciente detención de tres efectivos de la fuerza provincial -quienes fueron trasladados al Juzgado de Instrucción N° 3 para prestar declaración indagatoria bajo la gravísima carátula de homicidio agravado por abuso en sus funciones-, los abogados penalistas Jesús María Moroso y Héctor Agustín Rippa rompieron el silencio y brindaron su primera entrevista exclusiva a La Opinión Austral, exponiendo los argumentos con los que buscarán revertir la situación procesal de sus asistidos.

El caso, que mantiene en vilo a la comunidad y pone bajo la lupa los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad, se sostiene sobre una investigación preliminar muy delicada. La medida judicial ejecutada al inicio de la semana contra los efectivos Juan Carlos Torres, Carlos Alberto Tejada y Carlos Alberto Coronel representó un punto de inflexión en el expediente. Sin embargo, para los letrados que ejercen la defensa técnica, el encierro preventivo dictado por la magistratura carece de sustento fáctico y jurídico sólido en esta etapa del proceso.

Al ser consultados sobre si efectivamente asumieron la representación de los uniformados involucrados en aquel luctuoso procedimiento, los profesionales confirmaron de inmediato su rol y fijaron una postura de mesura institucional. “Sí. Defendemos a efectivos que intervinieron en ese procedimiento, uno de ellos detenido. Antes que nada, lamentamos el resultado luctuoso. Es un hecho que merece una investigación seria”, expresaron al inicio del diálogo periodístico.

La discusión en torno a la privación de la libertad de su defendido constituye el núcleo de la estrategia defensiva actual. Ante el interrogante sobre los motivos que llevaron al juez a ordenar su arresto, los abogados explicaron los fundamentos del magistrado pero marcaron un enfático desacuerdo: “El juez fundó la detención en que hay sospechas, en la gravedad del delito que eligió y en un supuesto riesgo de que entorpezca la investigación. Respetamos la decisión, pero no la compartimos, ni en los hechos ni en el derecho, y la estamos discutiendo por las vías que marca la ley”.

Para refutar los supuestos peligros procesales esgrimidos por los acusadores, los defensores hicieron hincapié en la conducta colaborativa que mantuvo el efectivo desde el primer día en que se judicializó el hecho. Al responder si su defendido había intentado entorpecer la pesquisa o si existían chances reales de fuga, sostuvieron con firmeza: “No. Desde el primer día estuvo a disposición de la Justicia: se presentó, designó abogados, cumplió cada restricción que se le impuso y colaboró en todo lo que se le pidió. Tiene acá a su familia y su vida. Además, está suspendido desde octubre: no patrulla ni presta servicio. Que pasen patrulleros por un barrio no se le puede atribuir a quien no está trabajando”. En consecuencia, anticiparon los pasos procesales inmediatos: “Pedimos que recupere la libertad. No hay ningún riesgo concreto que justifique la detención, y la calificación elegida, la más grave del Código Penal, no tiene sustento en esta etapa de la investigación”.

Uno de los flancos más sensibles del debate público y pericial gira en torno a los hallazgos preliminares de la autopsia médico-legal, que había consignado una serie de lesiones traumáticas en el cuerpo de la víctima. Frente a la consulta sobre la mención de una mordedura, fracturas costales y marcas compatibles con el uso de esposas, los letrados apelaron a la precisión técnica del informe y cuestionaron la lectura generalizada que se ha hecho de los documentos: “Ustedes publicaron que tuvieron acceso al informe, así que pueden verificar lo que decimos. El informe habla de una lesión por ‘mordedura o similar’; no afirma que sea una mordedura. Y sobre las esposas, no dice que se haya usado una fuerza ‘desproporcionada’. Esa palabra no está en el informe. Son matices importantes, porque de ellos se sacan conclusiones que el propio informe no saca”.

En esa misma línea argumental, Moroso y Rippa advirtieron que la labor científica está lejos de haber concluido y abrieron el paraguas sobre el origen real de las marcas constatadas en el cuerpo de Claros Ferrel, vinculándolas directamente a los desesperados intentos de reanimación cardiopulmonar: “Sobre otros datos puntuales no vamos a hablar, porque la causa está en instrucción y eso se discute en el expediente. Sí podemos decir que la autopsia no está terminada: el propio informe deja pendientes estudios y sus conclusiones médico legales. Muchas de las lesiones que se mencionan tienen explicaciones distintas de las que se están difundiendo. Por ejemplo, a esa persona se le hicieron maniobras de reanimación durante mucho tiempo, primero los propios policías y después el personal de salud, y esas maniobras dejan marcas. Lo estamos analizando con especialistas”.

Al profundizar sobre el espíritu del procedimiento que derivó en el desenlace fatal, los defensores descartaron de plano cualquier hipótesis de dolo homicida por parte de los agentes involucrados en la aprehensión inicial: “¿Creen que sus defendidos quisieron causar esa muerte?”, se les consultó. La respuesta fue categórica: “De ninguna manera. Nada en la causa indica que alguien haya querido causar ese resultado. Fue un procedimiento que empezó por un llamado por violencia familiar, con una persona que se resistía. Que haya terminado de la peor manera no significa que alguien lo haya buscado. Atribuirle a una persona la intención de matar exige pruebas, y en esta causa no las hay“.

Finalmente, al evaluar el desempeño de los órganos de persecución penal en esta etapa de instrucción sumarial, los abogados reafirmaron su respeto por el andamiaje institucional de la provincia, aunque ratificaron su rol de contralor riguroso dentro del expediente: “¿Comparten cómo se lleva la investigación?”, se inquirió. “Respetamos el trabajo del Juzgado, de la Fiscalía y de Gendarmería. Nuestro trabajo es controlar la prueba y discutir en el expediente las decisiones con las que no estamos de acuerdo. Nuestros defendidos son inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario, y por eso pedimos que nuestro defendido detenido espere el juicio en libertad, como lo hizo hasta ahora”, concluyeron.