Crimen en la Comisaría Séptima: prohibieron la salida del país de cinco ex agentes de la Policía de Santa Cruz

La investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la dramática muerte de Gilmar Claros Ferrel en la periferia de Río Gallegos dio un salto cualitativo de enorme gravedad institucional.

En el marco de un expediente que sepultó de forma definitiva las primeras versiones policiales, la Justicia dictó restricciones de máxima firmeza para asegurar que los principales sospechosos permanezcan a derecho, al tiempo que delegó en la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) la ejecución de allanamientos estratégicos sobre los domicilios particulares de los efectivos que fueron desafectados de la fuerza provincial, tal como lo adelantó La Opinión Austral.

La medida más contundente dispuesta por el titular del Juzgado de Instrucción Penal N° 3 de Río Gallegos, Gerardo Giménez, apuntó a blindar las fronteras para evitar cualquier intento de fuga entre el personal policial más comprometido con el hecho. Según confirmaron fuentes con acceso al expediente a La Opinión Austral, la magistratura decretó formalmente la prohibición de salida del país para cinco exagentes de la Policía de Santa Cruz que actualmente se encuentran sumariados y a quienes ya se les había retirado el arma reglamentaria.

Esta estricta medida restrictiva recayó puntualmente sobre los exefectivos Juan Carlos Torres, Carlos Alberto Tejada, Carlos Alberto Coronel, Cris Melisa Alves y Gustavo Fabián Morada. Sobre ellos pesa la advertencia judicial expresa de que, en caso de inobservancia o intento de cruce fronterizo, se ordenará de forma ejecutiva e inmediata su detención y alojamiento en un establecimiento carcelario.

De forma paralela al cierre de fronteras, y bajo un esquema de estricto hermetismo operativo, unidades de la Gendarmería Nacional concretaron tres órdenes de allanamiento en las viviendas de los uniformados que habían sido apartados de manera preventiva tras la muerte del joven. Durante las irrupciones en los domicilios, las brigadas federales procedieron al secuestro de los dispositivos de telefonía celular pertenecientes a los sospechosos.

El objetivo primario de la magistratura consiste en someter los teléfonos secuestrados a peritajes informáticos de alta precisión. A través de este abordaje forense digital, los peritos buscarán reconstruir los registros de llamadas entrantes y salientes, las cadenas de chats en aplicaciones de mensajería instantánea y las eventuales maniobras de borrado de archivos ejecutadas durante y después de la trágica secuencia desatada en la seccional céntrica de la periferia. Cabe señalar que, durante las diligencias de entrada y registro en las viviendas, ninguno de los involucrados resultó demorado.

El hecho

La trágica secuencia que dio origen al expediente se desencadenó durante la noche del viernes 16 de octubre en las calles del barrio San Benito. La intervención policial se inició cuando un niño de 10 años corrió hasta las instalaciones del Gimnasio Municipal Indio Nicolai para alertar que en una vivienda de la manzana 71 se estaba produciendo un presunto hecho de violencia familiar entre su madre y su padrastro.

Tal como lo informó La Opinión Austral, al acudir el primer patrullero de la Comisaría Séptima, los uniformados informaron preliminarmente sobre la presencia de un hombre alterado y una mujer de 36 años con lesiones visibles, requiriendo refuerzos del Comando de Patrullas ante la supuesta resistencia del sospechoso para abandonar el inmueble.

Sin embargo, el relato institucional elaborado en las primeras horas comenzó a desmoronarse tras la reconstrucción que adelantó este medio, la cual expuso el empleo de una desmedida y violenta maniobra de sujeción cervical sobre la víctima durante el procedimiento de reducción.

Ese dato adquirió fuerza científica inapelable con la presentación del informe del Cuerpo Médico Forense: los peritos determinaron de manera categórica que Gilmar Claros Ferrel, ciudadano boliviano de 35 años, falleció a causa de una “asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento”. Las conclusiones médicas desarticularon por completo cualquier intento de adjudicar el deceso a un colapso cardíaco o afecciones previas.

A partir de la confirmación del homicidio, el abanico de responsabilidades investigado por el juez Giménez y los detectives de Gendarmería se amplió ostensiblemente. La pesquisa no solo analiza la irrupción en la vivienda -donde la expareja de Claros Ferrel denunció que los policías ingresaron sin orden judicial y le propinaron una feroz paliza estando ya esposado-, sino que abarca a la totalidad de la cadena de mandos y al personal de guardia en la Comisaría Séptima al momento del ingreso de la víctima y la posterior constatación de su muerte.

Los sospechosos

Actualmente, la nómina de uniformados bajo la lupa de la Justicia asciende a 18 integrantes de la Policía de Santa Cruz. Sobre esa veintena de agentes se investigan conductas que oscilan entre la coautoría en el delito de homicidio y el encubrimiento agravado mediante la alteración de la escena del crimen o la falsificación de las anotaciones en los libros de guardia.

Si bien hasta la fecha el juez Gerardo Giménez no ha efectivizado imputaciones formales ni dispuesto órdenes de arresto, se descuenta que en el curso de los próximos días los 18 policías involucrados serán citados a la sede judicial para prestar declaración testimonial.