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La investigación federal por narcotráfico y lavado de activos que mantiene en vilo a la provincia de Santa Cruz sumó durante este último fin de semana un nuevo y revelador capítulo operativo en las calles y campos de Río Gallegos.
Tal como lo informó La Opinión Austral, luego de las maratónicas audiencias de formalización celebradas días atrás y del traslado de cinco implicados a la Unidad Penitenciaria Federal N° 15, las fuerzas de seguridad ejecutaron una serie de allanamientos e incautaciones estratégicas que permitieron dar con vehículos de lujo ocultos en la ciudad y camiones de gran porte abandonados en plena estepa patagónica. En diálogo con los periodistas Pablo y Daniela por los micrófonos de LU12 AM680, el comisario Luis Poblete desmenuzó el detrás de escena de estos procedimientos, expuso la magnitud patrimonial de las maniobras investigadas y salió al cruce de las suspicacias políticas generadas en torno a las tareas de inteligencia previa.
Los operativos del sábado pusieron la lupa sobre distintos puntos neurálgicos de la capital provincial, incluyendo intervenciones puntuales en la calle 20 de Julio y en la esquina de Estrada y Corrientes, además de rastrillajes en zonas rurales. Al ser consultado sobre el desarrollo de estas diligencias vinculadas al expediente que tiene como principal sospechoso al empresario Lázaro Báez, Poblete describió el intenso ritmo de trabajo que demandó el despliegue: “Esta causa ha llevado varias horas de trabajo que iniciaron a las 5 de la mañana y concluyeron a la mañana del día siguiente, continuando con los diligenciamientos para presentarlos como medio de prueba ante la justicia. Se han ido derivando diferentes procedimientos gracias a la colaboración de la gente, que llama a la DDI y a Narcocriminalidad al ver movimientos extraños o maniobras que les llaman la atención. Esto derivó en la localización de vehículos de gran porte que fueron abandonados o descartados en el campo”.
Uno de los hallazgos más elocuentes se produjo sobre la traza de la Ruta Provincial N° 53, camino a la estación transformadora, en el paraje Kiri Kaike. Al confirmar la ubicación exacta de estas unidades pesadas, el comisario explicó el motivo detrás de semejante descarte: “fueron abandonados allí porque cuentan con medidas cautelares y pedido de secuestro“.
Ante la consulta de los cronistas respecto a si los rodados se encontraban dentro de los predios rurales y si dichas tierras pertenecían a Báez o a terceros, Poblete precisó el modus operandi utilizado para intentar esconder la maquinaria: “Los dejan en sectores donde hay posibilidad de ingreso. No los abandonan en cualquier campo o lugar donde pueden ingresar un camión. Son lugares de acceso abierto porque han bajado los alambrados”.
La verificación técnica realizada en el terreno permitió confirmar que el acoplado y el camión cisterna hallados en la Ruta 53 forman parte del entramado de bienes bajo seguimiento judicial nacional. Al respecto, el jefe policial ratificó: “Acoplados y vehículos cisterna que corresponden a unidades con pedido de secuestro a nivel nacional“.
Asimismo, despejó cualquier duda sobre la identificación registral de las unidades y su vínculo directo con expedientes anteriores de resonancia nacional: “Sí, todos esos motovehículos están inscriptos en el Registro de la Propiedad Automotor y su numeración coincide con el pedido de secuestro en los sistemas de alerta federal. Sí, corresponden a causas anteriores como la causa Vialidad y relacionadas a las mismas empresas”.
La entrevista radial también abordó uno de los puntos de mayor fricción institucional de los últimos días: la denuncia pública realizada por el jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen, quien había advertido sobre un presunto seguimiento cerca de su domicilio.
Consultado acerca de si esa vigilancia estaba en realidad vinculada a la investigación de narcolavado y no al funcionario, Poblete fue categórico y defendió la legalidad del accionar policial: “Acusar a alguien de espionaje es complicado y se trata de un delito muy grave. Nosotros siempre estuvimos tranquilos porque sabíamos que la investigación no estaba direccionada a eso, sino a inmediaciones de los lugares donde se realizaron las medidas judiciales. Nuestro personal contaba con órdenes federales para investigar y realizar tareas encubiertas”.
Retomando el balance de los allanamientos del sábado en Río Gallegos, el comisario confirmó un hallazgo de enorme relevancia probatoria vinculado a Cristian Ibáñez, conocido bajo el alias de “Budín“, quien permanece detenido en Buenos Aires: “El vehículo con medida cautelar fue abandonado en el lugar. En el procedimiento también colaboró Gendarmería Nacional y en el interior del auto se halló una sustancia que presumiblemente sería clorhidrato de cocaína. Aprovecho para pedirle a los vecinos que sigan colaborando de forma confidencial si ven maniobras atípicas”.
Uno de los aspectos más llamativos de la causa radica en la impunidad con la que algunos de los involucrados exhibían su nivel de vida en redes sociales como TikTok, mostrando camionetas valuadas entre noventa y ciento cincuenta millones de pesos sin contar con ingresos lícitos declarados.
Para Poblete, ese contraste patrimonial constituye el corazón probatorio de un expediente sin precedentes en Santa Cruz: “Esta causa sienta un antecedente histórico en la provincia en cuanto al análisis del delito de lavado de activos. Permite demostrar que hay personas que manejan un poder adquisitivo imposible de acreditar. Exactamente. Una persona sin trabajo estable ni obra social no puede tener varios vehículos de alta gama afuera de su casa. Bajo la directiva de la fiscalía de Julio Zárate, hemos secuestrado más de 19 vehículos de bajo porte (70% de alta gama), 5 camiones, cuatriciclos y motos“.
Finalmente, respecto a la situación procesal de las dos personas que resultaron demoradas durante los procedimientos sabatinos -donde una recuperó la libertad tras fijar domicilio y la otra quedó detenida-, el comisario indicó que todo queda supeditado al análisis de los magistrados: “Sí, la situación judicial se determinará según el grado de imputabilidad y participación que evalúe la fiscalía o el juzgado”. Antes de despedirse, Poblete valoró el tratamiento periodístico responsable de la investigación, subrayando la importancia del hermetismo en esta etapa: “Gracias a ustedes por difundir nuestro trabajo con respeto. Mantener la reserva de los nombres responde a cuidar el éxito de diligencias como los reconocimientos”.
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