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La causa judicial por el grave y sangriento episodio de violencia registrado durante la noche del pasado sábado en plena zona céntrica de la capital santacruceña sumó un paso procesal decisivo en el inicio de la semana.

Durante las primeras horas de la mañana de este lunes, la mujer de 39 años acusada de haber atacado a puñaladas a dos adolescentes de 16 y 15 años fue trasladada bajo una fuerte custodia policial hasta las instalaciones del Juzgado de Instrucción Penal N° 3, a cargo de Gerardo Giménez, donde fue sometida a la correspondiente audiencia de declaración indagatoria.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 2 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

Diferentes fuentes consultadas en exclusiva por La Opinión Austral confirmaron que la imputada -conocida en el expediente por sus iniciales R.T.– compareció ante el magistrado interviniente para notificarse formalmente de la carátula penal que se le imputa. Si bien se mantuvo bajo reserva si la mujer optó por hacer uso de su derecho a declarar para dar su versión de los hechos o si se acogió al silencio procesal, la determinación de la Justicia fue categórica al término del acto: el juez Giménez dispuso que la acusada continúe formalmente privada de su libertad y alojada en los calabozos de la División Comisaría Segunda local.

El hecho

El trasfondo del sangriento suceso que hoy mantiene en vilo a Río Gallegos se desencadenó durante la noche del sábado sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, en su intersección con la calle Rawson. Tal como lo informó La Opinión Austral, en ese punto, un adolescente de 16 años identificado como A.G. se vio involucrado en un feroz altercado en la vía pública, momento en que fue atacado por la espalda con un elemento punzocortante.

A pesar de las severas lesiones en la nuca y la espalda, el menor logró desplazarse varias cuadras hasta caer descompensado y ensangrentado en el cruce de Rivadavia y Zapiola, frente a un conocido local de indumentaria, donde fue auxiliado por transeúntes y efectivos de la Comisaría Primera.

Debido a la profundidad de los puntazos recibidos en zonas vitales, el muchacho debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Regional de Río Gallegos, donde permaneció bajo estricta observación médica y evolución médica favorable.

Gerardo Giménez, juez de Instrucción. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, las diligencias policiales e investigativas no concluyeron en la zona comercial. En el transcurso de las actuaciones preventivas, los uniformados debieron acudir a un domicilio ubicado sobre la calle Pasteur.

En esa vivienda se detectó la presencia de un segundo menor de edad, de 15 años, quien presentaba una herida de arma blanca a la altura del omóplato derecho. Tras establecerse que esta segunda agresión estaba directamente vinculada al mismo altercado, el muchacho fue derivado al nosocomio provincial, donde recibió suturas y curaciones de rigor antes de obtener el alta médica.

Acorralada por los testimonios recabados por los investigadores y por la viralización de registros fílmicos captados por testigos presenciales que la mostraban en el lugar con la indumentaria descripta, R.T. tomó la decisión de entregarse espontáneamente. Pasado el mediodía del domingo, la mujer de 39 años se presentó por sus propios medios en la guardia de la Comisaría Segunda, donde se notificó de su aprehensión a disposición de la magistratura provincial.

Controversía

Paralelamente a la tramitación de los actuados judiciales, el caso generó un encendido e intenso debate en la sociedad riogalleguense y en las redes sociales en torno al verdadero móvil de las agresiones.

De acuerdo a trascendidos y versiones vertidas en plataformas digitales, la accionar de la mujer habría surgido como una reacción desesperada para defender a su propio hijo, quien vendría siendo víctima de un acoso escolar y hostigamiento sistemático -bullying- por parte de las víctimas.

Asimismo, diversos señalamientos públicos ubican a los menores heridos como presuntos integrantes de un grupo juvenil dedicado a generar trifulcas en la vía pública, filmar las golpizas con teléfonos celulares y subir el material a las redes.

Esta multiplicidad de versiones provocó que la postura de los vecinos en la opinión pública oscile bruscamente entre quienes catalogan la reacción de la madre como un acto injustificable de justicia por mano propia y exceso de violencia, y aquellos que empatizan con el reclamo desesperado de una familia ante la falta de contención frente a los conflictos juveniles.

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