Durante dos semanas, una joven de 23 años permaneció privada de su libertad en una vivienda de Río Gallegos, reducida bajo amenazas constantes contra su integridad y la de su entorno cercano por parte de su pareja, una mujer de apellido Romero. El calvario finalizó cuando la víctima pudo ser trasladada al centro de salud local, lo que desencadenó un vertiginoso procedimiento judicial y policial que culminó con el allanamiento del inmueble y la posterior detención del agresor.
Tal como lo informó La Opinión Austral, la reconstrucción de las horas críticas comenzó la noche del 30 de septiembre. La alarma institucional se encendió a partir de una comunicación interseguridad que movilizó a los equipos especializados en violencia de género de la provincia. La jefa de la Comisaría de la Mujer y de la Familia de Río Gallegos, Subcomisario Alejandra Vera, habló con el móvil de exteriores de LU12 AM680 y detalló la génesis de las actuaciones: “El día 30 del mes de septiembre, alrededor de las 20 horas, tomamos conocimiento por la División Comisaría Seccional Tercera que habían intervenido en un caso de violencia y que la víctima había sido trasladada al hospital”.
Al constatar la gravedad de la situación en el nosocomio, el personal especializado tomó la declaración testimonial de la joven, quien visibilizó el calvario al que había sido sometida en el fuero íntimo. “Al acercarnos al hospital y tomar la denuncia de la víctima, ella nos indica, entre otras cuestiones, que había estado privada de su libertad por un periodo aproximado de dos semanas y ese había sido el desenlace de la situación”, confirmó la Subcomisario Vera.
Frente a la urgencia que demandaba la protección de la joven y la necesidad de colectar elementos de prueba antes de que la escena fuera alterada, la dependencia policial activó un dispositivo coordinado con las brigadas de investigaciones y el fuero penal de turno. Sobre esa logística contrarreloj, la jefa policial explicó: “Nosotros inmediatamente articulamos trabajo en conjunto con personal de la División de Investigaciones (DDI) para que lleven a cabo el trabajo de campo mientras nosotros recolectamos la información necesaria que permita que el juzgado nos habilite una orden de allanamiento, sobre todo en el horario en el que estábamos”.
La celeridad del trabajo técnico y la gravedad de los hechos expuestos hallaron pronta respuesta en la sede judicial. “Alrededor de las 2 de la mañana, la jueza del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de Yamila Bórquez, extiende la orden de allanamiento en el domicilio donde la víctima había permitido las últimas semanas y damos inicio alrededor de las 2:30 de la mañana con el allanamiento en conjunto con DDI y personal de la División Gabinete Criminalístico hasta las 6 de la mañana aproximadamente”, puntualizó Vera sobre el operativo concretado en la vivienda donde la joven estuvo cautiva a la Decana de la Patagonia.
Mientras los peritos levantaban huellas y evidencias en la escena del crimen, la búsqueda de la sospechosa se concentró en los puntos estratégicos de la ciudad. El desenlace operativo no tardó en concretarse: “El hallazgo de la otra parte fue en el mismo día, en el transcurso de la tarde, de lo que ya se encargó personal de DDI. Nosotros estuvimos más abocados a la investigación de qué había pasado en el transcurso de esos días y a la recepción de declaraciones testimoniales a las personas que auxiliaron a la víctima. Eso es más o menos el contexto“, amplió la titular de la seccional de la mujer.
El caso cobra ribetes aún más preocupantes al trascender que no se trataba del primer episodio de violencia extrema perpetrado por Romero contra la víctima. Trascendió que la joven ya había radicado denuncias previas, habiendo sufrido graves agresiones físicas como quemaduras producidas con una plancha. Al ser consultada sobre este antecedente y los abordajes previos, la Subcomisario Vera ratificó la existencia de actuaciones anteriores: “Precisiones de las denuncias que nosotros recepcionamos acá no le podemos dar, pero sí existieron denuncias previas con intervenciones de los juzgados de turno y de la Oficina de Violencia Doméstica. Se dieron las medidas que se pidieron en ese momento y se hizo todo el proceso judicial que se realiza en estos casos”.
Respecto de las acusaciones referidas a las amenazas vertidas por la agresora hacia el círculo íntimo de la víctima, la autoridad policial mantuvo la reserva propia del sumario de instrucción: “Eso tiene que ver con la denuncia en sí y no puedo dar demasiados detalles porque está en período de investigación”.
El abordaje interdisciplinario de estos delitos complejos requiere una articulación constante entre múltiples estamentos del Estado para evitar la revictimización y garantizar la contención integral. Según precisó Vera: “Nosotros trabajamos de forma articulada con el juzgado de turno, ya sea del mayor o del menor. Trabajamos con instancias de niñez y de género del municipio. En muchas intervenciones es un trabajo articulado. También trabajamos con DDI, con criminalística y con cibercrimen. Justamente tuvimos una intervención con cibercrimen que nos llevó aproximadamente 7 horas. Desde que iniciamos la denuncia desplegamos todo el proceso de articulación y abordaje a la víctima en conjunto”.
Tras la detención de la imputada, la causa quedó bajo el estricto seguimiento de la justicia penal santacruceña. “Ella quedó a disposición de la justicia. Nosotros nos encargamos de la víctima y de la acusada se encarga la comisaría de la jurisdicción. Nosotros estamos abocados más a la investigación del hecho en sí y a poder determinar qué fue lo que sucedió”, remarcó la titular de la dependencia.
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