Muerte en la Comisaría Séptima: “No todos tuvieron la misma participación”, sostuvo la familia de uno de los efectivos imputados

La familia de Carlos Alberto Coronel, uno de los tres policías imputados por la muerte de Gilmar Claros Ferrel, de 35 años, quien falleció luego de permanecer bajo custodia policial en la Comisaría Séptima de Río Gallegos, difundió un comunicado público para expresar su postura sobre el desarrollo de la causa y cuestionar el tratamiento del caso.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, los familiares solicitaron que se analice de manera individual la participación de cada uno de los efectivos investigados y advirtieron que las distintas intervenciones no deberían presentarse como si hubieran sido idénticas.

En el documento, manifestaron su respeto por la persona fallecida y acompañaron a sus familiares por la “pérdida irreparable”. Asimismo, reconocieron la gravedad de lo ocurrido y señalaron la necesidad de que se esclarezcan integralmente las circunstancias que rodearon el procedimiento policial.

Uno de los principales puntos del comunicado está relacionado con la función que desempeñaba Carlos Alberto Coronel y el momento en que intervino en el operativo.

Según precisaron sus familiares, el efectivo pertenece al Comando Radioeléctrico de Río Gallegos y no a la Comisaría Séptima.

“Su incorporación al operativo se produjo a partir de un requerimiento de apoyo solicitado por el personal policial que ya se encontraba interviniendo en el lugar”, expresaron.

En ese sentido, sostuvieron que es necesario reconstruir las circunstancias de cada intervención y determinar qué participación tuvo cada efectivo en los acontecimientos que terminaron con la muerte de Claros Ferrel.

La familia también destacó la trayectoria profesional de Coronel, quien cuenta con varios años de servicio en la institución policial y se encuentra próximo a culminar su carrera. Mencionaron su formación y capacitación, además de su experiencia en tareas de reducción, seguridad e intervención urbana.

No obstante, aclararon que esos antecedentes no deben utilizarse para condicionar la investigación ni para anticipar conclusiones sobre lo sucedido. “Nuestra intención no es adelantar declaraciones, ofrecer una reconstrucción paralela de los hechos ni interferir en la investigación”, señalaron.

Cuestionaron la exposición mediática y reclamaron independencia judicial

Otro de los ejes del documento estuvo centrado en el tratamiento mediático de la causa. Advirtieron que la reiteración de versiones sin el contexto necesario y las generalizaciones pueden instalar conclusiones anticipadas en la sociedad, incluso cuando la investigación judicial continúa en desarrollo.

También manifestaron su preocupación por la repercusión pública, política y mediática que adquirió el caso y por la posibilidad de que ese escenario influya en el proceso judicial.

“La Justicia no puede convertirse en una respuesta a la presión de los titulares, al clima social ni a las necesidades políticas del momento”, afirmaron en el comunicado.

En esa línea, reclamaron que las decisiones se adopten con independencia y objetividad, sobre la base de las pruebas y los testimonios, y con pleno respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.

Finalmente, remarcaron que no buscan interferir en la investigación ni establecer anticipadamente responsabilidades o inocencias. Su pedido, indicaron, es que se esclarezca lo sucedido y que la actuación de cada uno de los imputados sea evaluada de manera individual.

“No pedimos privilegios ni un trato diferencial. Pedimos que se informe con responsabilidad, que no se confunda imputación con culpabilidad y que se respete el derecho de cada persona a que su actuación sea analizada de manera individual”, concluyeron.