La Justicia Federal de Río Gallegos inició este jueves las audiencias de formalización contra 12 aprehendidos en el marco de una investigación por presunto narcotráfico y lavado de activos en Santa Cruz. El procedimiento, encabezado por el fiscal federal Julio Zárate, busca comunicar formalmente los hechos y los delitos atribuidos a cada involucrado, entre ellos el empresario Lázaro Báez y su pareja, Claudia Insaurralde.
Minutos antes de las 9:30, cinco personas —entre ellas una mujer— ingresaron esposadas a la sede judicial para participar de la audiencia. En tanto, Báez e Insaurralde tendrían prevista su intervención mediante videoconferencia alrededor de las 13 horas. La mujer fue detenida el lunes en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando arribó en un vuelo procedente de Río Gallegos.
La investigación comprende dos expedientes relacionados: uno iniciado hace once meses por presunto narcotráfico y otro abierto hace aproximadamente dos meses por posible lavado de activos. Los detenidos se distribuyen entre Río Gallegos, donde hay nueve, y Buenos Aires, donde permanecen los otros tres.
Investigados
En las audiencias, el fiscal Julio Zárate expone ante el juez de garantías Claudio Vázquez qué hechos atribuye a cada persona, cuál es la calificación legal provisoria, qué grado de participación considera que tuvo y con qué elementos sostiene la acusación.
La formalización es el procedimiento mediante el cual la Fiscalía comunica formalmente los cargos y expone los elementos reunidos, mientras que el juez controla el cumplimiento de las garantías y resuelve los planteos de las partes.
Dos investigaciones vinculadas: narcotráfico y lavado de activos
La causa se desprende de dos investigaciones relacionadas. La primera comenzó hace once meses y apunta a una presunta organización dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes. La segunda, iniciada hace aproximadamente dos meses, profundiza la hipótesis de maniobras de lavado de activos y administración de bienes de presunto origen ilícito.
Según la información reunida en el expediente, una de las líneas investigativas apunta a una estructura que habría utilizado camiones de una empresa transportista para trasladar cocaína, al menos desde diciembre de 2025. También se investiga el presunto funcionamiento de un lavadero de autos ubicado sobre la calle Spilimbergo, en Río Gallegos, como posible punto de distribución.
La segunda investigación busca establecer si existió una organización destinada a administrar, explotar y poner en circulación bienes vinculados con Lázaro Báez, que podrían haber quedado alcanzados por las consecuencias patrimoniales de las condenas judiciales que pesan sobre el empresario.
En diálogo con radio LU12 AM680 de Río Gallegos, en la víspera de la jornada, Zárate explicó cómo se produjo el vínculo entre ambos expedientes: “Personas que estaban investigadas en narcotráfico pasaron a seguir estando investigadas en el otro caso también, obviamente por la maniobra de lavado de narcotráfico, pero con un tinte propio”.
Sobre la dimensión de la pesquisa, el fiscal advirtió que no se trata de un procedimiento aislado ni de una investigación limitada al ámbito provincial: “No estamos hablando de una investigación local. Esto tiene muchos antecedentes. Hay otras causas vinculadas a nivel regional”.
Los 27 allanamientos y las medidas judiciales
Las audiencias se producen después del operativo desplegado desde el lunes 9 de noviembre, que incluyó 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales de Santa Cruz y distintos puntos de Buenos Aires.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de garantías Claudio Vázquez, a partir de los requerimientos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Durante los operativos se realizaron medidas en domicilios particulares, propiedades vinculadas al empresario, estancias, locales comerciales, inmobiliarias y un lavadero de autos. También se intervino en el Servicio Penitenciario Federal, donde Báez permanece detenido en el penal de Ezeiza.
Como resultado, se secuestraron estupefacientes, documentación, vehículos y otros elementos que serán analizados para determinar su relación con las maniobras investigadas. Además, se dispusieron medidas patrimoniales, entre ellas embargos y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las personas alcanzadas por las órdenes judiciales.
No descartan nuevas detenciones
En la entrevista con LU12 AM680, Zárate confirmó que la investigación continúa abierta y que podrían producirse nuevos procedimientos.
El fiscal también explicó que, además de las personas que permanecen detenidas, existen otros involucrados con distintas restricciones judiciales, entre ellas arrestos domiciliarios e impedimentos para salir del país.
La investigación continúa bajo reserva, por lo que no se conocen públicamente todos los detalles de la evidencia reunida ni la totalidad de las personas alcanzadas por las medidas. Las audiencias de este jueves permitirán conocer los cargos que la Fiscalía atribuye formalmente a los detenidos y los elementos que presentará para sostenerlos.
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