A meses de cumplirse 50 años de los fusilamientos en la Base Almirante Zar, el ex marino Roberto Guillermo Bravo será juzgado en Estados Unidos por su presunto papel en la masacre de Trelew. Hasta la fecha, Bravo eludió la acción de la Justicia ya que desde 1973 permanece en Estados Unidos y el primer pedido de extradición de Argentina fue rechazado en 2010.
El teniente de navío retirado Roberto Bravo fue señalado por tres sobrevivientes de la masacre como el encargado de rematar a las víctimas, según publicó el periodista Diego Martínez en Página 12. Según los tres sobrevivientes de los fusilamientos Bravo fue quien recorrió los calabozos para darles el tiro de gracia.
En 2010 había sido capturado en Miami pero no fue extraditado a pesar del pedido del juez federal de Rawson, Hugo Sastre. Radicado en Estados Unidos desde los años 70, es presidente de la empresa RGB Group Inc. que factura millones de dólares a cambio de servicios médicos a las fuerzas armadas norteamericanas.
Familiares de cuatro de las diecinueve víctimas demandaron a Bravo por su presunto papel en el fusilamiento de militantes detenides en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972. La demanda se basa en la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA) y busca la rendición de cuentas y reparación. Según el relato de uno de los sobrevivientes Bravo, le hacía honor a su nombre durante las guardias contra los detenidos y aplicaba torturas reiteradas veces y de maneras diferente, hasta el día de la masacre.
Este juicio es una de las estrategias que han realizado las víctimas desde 1972 para obtener verdad y justicia por estos graves delitos de lesa humanidad.
Los marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino fueron condenado por la masacre de Trelew en 2012
En 2012 se desarrolló en la Argentina el juicio por la masacre de Trelew ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. El tribunal condenó a prisión perpetua a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por sus responsabilidades en la masacre. Bravo no pudo ser juzgado. En 1973 fue enviado a Estados Unidos por la Armada como agregado militar en la embajada argentina. Luego de su retiro de la fuerza en 1979 permaneció en Estados Unidos y hoy es ciudadano de ese país.
En el marco del proceso penal iniciado por les familiares de las víctimas en la Argentina se solicitó su extradición, sin embargo, el pedido fue rechazado en 2010. Actualmente se encuentra en trámite otro pedido de extradición a la espera de la decisión del juez federal Edwin G. Torres.
El Center for Justice Accountability (CJA) -en forma conjunta con los estudios jurídicos Keker, Van Nest & Peters LLP y Markus / Moss PLLP- presentó una demanda civil en representación de familiares de cuatro víctimas, con el acompañamiento del CELS. Este proceso civil, que comenzó en octubre de 2020 y que llegará a juicio el 28 de febrero, avanza por separado al pedido de extradición y constituye un nuevo pedido de reparación y de rendición de cuentas.
Los fusilamientos
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, 19 presas y presos políticos que se encontraban detenides en la base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, fueron acribillades por integrantes de la Armada Argentina. Dieciséis murieron: Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Cappello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho. Tres sobrevivieron: María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar.
Berger, Camps y Haidar lograron dar su testimonio sobre los hechos y sus responsables, antes de ser desaparecides por la última dictadura cívico-militar.
El juicio
El equipo legal en EE.UU. presentará prueba testimonial y documental del homicidio y tentativa de homicidio de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, y del impacto duradero de estos hechos, incluido el testimonio de familiares y peritos. Se le pedirá a un jurado que halle a Bravo legalmente responsable y que otorgue daños compensatorios y punitivos.
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