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La Justicia Federal ordenó avanzar con la liquidación de Austral Agro S.A., la empresa agropecuaria de Lázaro Báez y su hijo Martín, para destinar sus activos al pago de las multas impuestas en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. La decisión se conoció luego de que el empresario fuera imputado en Río Gallegos por presuntamente continuar dirigiendo desde la cárcel la explotación económica de campos y otros bienes alcanzados por medidas judiciales, tal como viene informando La Opinión Austral.
La resolución fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, que hizo lugar al pedido del fiscal general Abel Córdoba para avanzar con la liquidación del paquete accionario de la sociedad. Bajo su titularidad figuran cinco estancias en Santa Cruz, más de 1.000 ovejas y distintos vehículos, entre otros activos que deberán ser valuados antes de avanzar con su realización.
La sociedad Austral Agro S.A. fue creada por los Báez para desarrollar actividades ganaderas y se convirtió en una de las estructuras empresariales mediante las cuales el grupo mantuvo operaciones en establecimientos rurales de Santa Cruz. Incluso luego de ser embargadas.
De acuerdo con la información incorporada a la investigación, bajo la titularidad de la firma se encuentran las estancias La Entrerriana, La Santafesina, La Ana, La Verdadera Argentina y Coronel Guarumba. También posee un stock de ganado ovino que ascendería a más de 1.000 cabezas y distintos vehículos.
La propiedad de Austral Agro está distribuida entre Lázaro Báez, que posee el 70% de las acciones, y su hijo Martín Antonio Báez, titular del 30% restante.
Ambos tienen multas firmes pendientes de pago por sus condenas en la causa Ruta del Dinero K. Según los montos consignados en la resolución judicial, Lázaro Báez debe afrontar una sanción de 329.237.200,14 dólares, mientras que Martín Báez adeuda 274.364.333,45 dólares.
Frente a ese escenario, la magistrada de Cámara Valeria Rico y el secretario Facundo Vásquez dispusieron avanzar con la liquidación de las acciones de la compañía, con fundamento en el artículo 21 del Código Penal.
La resolución establece que el paquete accionario deberá inscribirse a nombre del Estado Nacional, con una asignación específica en favor de la Unidad de Información Financiera (UIF), conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 25.246.
Además, se convocó con carácter urgente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que tome el control operativo de Austral Agro y administre sus bienes y frutos con el objetivo de cancelar las sanciones económicas pendientes.
El organismo deberá presentar un informe de avance dentro de los próximos diez días hábiles. En el mismo plazo, las veedoras del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrán que realizar una valuación patrimonial completa de la sociedad y sus activos.
La medida constituye un nuevo avance en la ejecución de las condenas contra el empresario y su entorno. No obstante, la realización definitiva de los bienes dependerá del avance del procedimiento judicial y de las instancias de revisión que correspondan.
La investigación en Río Gallegos: cómo habría seguido operando Báez desde la cárcel
La decisión de avanzar sobre Austral Agro se conoció en paralelo con la formalización de una nueva investigación en Río Gallegos, en la que el fiscal federal Julio Zárate y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte, imputaron a Lázaro Báez y a otras personas por presuntas maniobras de lavado de activos.
Según la hipótesis fiscal, el empresario habría continuado administrando, explotando y poniendo en circulación bienes de origen ilícito que estaban alcanzados por decomisos, embargos y otras medidas judiciales. Para hacerlo, habría utilizado a personas de su entorno, con quienes mantenía comunicación desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una condena de 15 años de prisión.
La investigación se originó a partir de intervenciones telefónicas realizadas en el marco de otra causa por narcotráfico en Santa Cruz. A partir de esas escuchas, los investigadores detectaron presuntas conexiones entre la estructura que administraba los campos y una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.
En las audiencias de formalización se investigó un flujo de aproximadamente 390.880.000 pesos atribuido a las maniobras de lavado de activos del entorno de Báez. La fiscalía sostuvo que Austral Agro habría funcionado como una de las principales plataformas para justificar operaciones económicas y canalizar fondos por fuera del control judicial.
Uno de los elementos incorporados al expediente fueron las anotaciones y los documentos encontrados durante los allanamientos, entre ellos contratos de arrendamiento, listados de deudores y registros de administración de los establecimientos rurales.
En una de las comunicaciones telefónicas expuestas durante las audiencias, Báez habría impartido instrucciones sobre quién debía quedar a cargo de la estancia La Entrerriana. “Decile me dijo el Tío que ponga el que estuvo administrando la Entrerriana, y el que está administrando la Entrerriana ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”.
Para la fiscalía, ese tipo de comunicaciones respaldaría la hipótesis de que el empresario seguía dando directivas sobre la explotación de los campos pese a las restricciones que le impedían administrar o disponer de sus bienes.
Los contratos rurales y la recaudación millonaria
Otro de los puntos centrales de la investigación es el presunto esquema de alquileres y contratos vinculados con las estancias de Austral Agro.
Según la documentación secuestrada en los procedimientos, la empresa habría mantenido acuerdos con distintos arrendatarios y continuado recaudando dinero por la explotación de los establecimientos rurales. Los contratos pasaban por escribanías de Río Gallegos y su validez, así como la responsabilidad de quienes efectuaban los pagos, quedó bajo análisis judicial.
Uno de los documentos encontrados durante los allanamientos contenía un resumen de ingresos mensuales superiores a los 5 millones de pesos, junto con el detalle de los pagos correspondientes a cada establecimiento. Los registros incluían montos en dólares y otras formas de contraprestación, incluso pagos con caballos.
En ese esquema, la fiscalía identificó a Cristian Sebastián Ibáñez como un operador de confianza de Báez y presunto administrador territorial de sus bienes en Santa Cruz.
Ibáñez también habría tenido un contrato propio de administración sobre la estancia La Entrerriana. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, el acuerdo fue firmado el 1° de mayo de 2026 y establecía un canon mensual de 2 millones de pesos.
Sin embargo, las planillas secuestradas indicaban que el hombre acumulaba una deuda de 12 millones de pesos por cánones que no habría abonado desde el inicio del contrato. Para los investigadores, esa situación podría constituir un indicio de que algunos acuerdos no respondían a operaciones comerciales genuinas.
La fiscalía también puso bajo análisis un contrato de capitalización ganadera firmado el 22 de marzo de 2025 entre la entonces presidenta de Austral Agro, Belén Casafúz Parada, y Paula Beatriz Godfrid, también imputada.
Mediante ese acuerdo, Godfrid habría aportado 7.000 ovejas de su propiedad para cría y engorde en la estancia Coronel Guarumba, que se sumaban al millar de animales que ya pertenecían a la empresa de Báez.
Según la hipótesis fiscal, ese contrato habría servido para justificar transferencias millonarias de dinero hacia Ibáñez, bajo la apariencia de una actividad ganadera.
Los allanamientos y las anotaciones encontradas en la celda de Báez
La investigación tuvo un avance decisivo durante los operativos realizados en noviembre, luego de que los investigadores detectaran movimientos de personas vinculadas al entorno del empresario y documentación relacionada con la administración de sus bienes.
Uno de los procedimientos se concretó en el penal de Ezeiza, donde se secuestraron anotaciones manuscritas, contratos y listados. Entre esos documentos apareció una hoja encabezada con el título “EL CLAN”, en la que Báez habría identificado a personas de su estructura de confianza.
También se encontraron registros de deudores y documentación vinculada con el manejo de los campos, elementos que fueron incorporados al expediente para reconstruir la presunta organización.
La fiscalía sostuvo que el empresario impartía instrucciones desde una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal. En una de las escuchas, según la reconstrucción de los investigadores, Báez se refería a sí mismo como “el dueño de la historia”, mientras que su entorno lo identificaba como “Antonio” o “el Tío”.
En paralelo, los investigadores detectaron movimientos sospechosos vinculados con integrantes de su entorno que viajaban hacia Buenos Aires con equipaje de gran tamaño. Entre los elementos encontrados había un pasaporte del empresario, un disco rígido externo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, divisas, tarjetas bancarias y documentación con rendiciones de cuentas y listados de proveedores.
A partir de esos hallazgos se profundizaron los procedimientos en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales de Santa Cruz y el complejo penitenciario de Ezeiza.
Las dos causas conexas y las detenciones
La investigación federal de Río Gallegos comprende dos expedientes vinculados. En uno se investiga la presunta organización liderada por Báez para lavar activos y administrar bienes alcanzados por medidas judiciales. En el otro se analiza una estructura narcocriminal que habría operado en Santa Cruz, al menos desde diciembre de 2025.
Según la acusación, la segunda organización se habría dedicado al transporte y la distribución de cocaína mediante camiones de una empresa transportista y utilizaba un lavadero y lubricentro como punto de recepción, acopio y distribución.
La fiscalía estimó que la banda habría comercializado alrededor de 60 kilos de cocaína y que las ganancias se habrían incorporado al circuito económico mediante transferencias bancarias, billeteras virtuales, personas interpuestas y la adquisición de vehículos de alta gama.
Uno de los puntos de contacto entre ambas investigaciones es Ibáñez, a quien los fiscales identificaron como presunto administrador territorial de Báez y, a la vez, como uno de los responsables de la estructura narcocriminal.
Durante las audiencias, la fiscalía describió la organización y sostuvo: “Estamos frente a una organización estable, con distribución de roles, que opera sobre un patrimonio de magnitud millonaria y cuya actividad se encontraba en plena ejecución al momento de las detenciones”.
El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, declaró la legalidad de 12 detenciones, dispuso la prisión preventiva de los principales imputados y estableció un plazo máximo de dos años para las investigaciones. Para otros cuatro involucrados fijó distintas medidas de coerción.
En ese contexto, la liquidación de Austral Agro representa un nuevo paso sobre el patrimonio de los Báez. La empresa que habría permitido mantener la explotación de campos y ganado en Santa Cruz quedó ahora bajo intervención estatal, mientras la Justicia avanza con la valuación de sus activos y el procedimiento destinado a cubrir las multas millonarias de la Ruta del Dinero K.
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