El empresario Lázaro Baez imputado por liderar una organización dedicada al lavado de activos desde la cárcel

En dos audiencias celebradas ayer, la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, y la PROCELAC, representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte formalizaron la imputación contra 16 personas en dos casos conexos: en uno se investiga el lavado de activos —por un flujo estimado de 390.880.000 pesos— que se atribuyó empresario Lázaro Báez y su entorno (integrado por diez personas) y en el otro se imputó a nueve integrantes de una supuesta organización narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes, por lo menos desde diciembre de 2025.

El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez declaró la legalidad de 12 detenciones, las convirtió en prisión preventiva y dispuso que el plazo máximo de duración de las investigaciones sea de dos años, en línea con lo requerido por el MPF. A los otros cuatro implicados se les fijaron medidas de coerción.

Los puntos de contacto entre los casos

En el primero, la Unidad Fiscal, en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, imputó a Báez encabezar una organización conformada por diez personas y dirigirla telefónicamente desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en el que se halla cumpliendo una condena de 15 años de prisión.

Según la imputación, Báez administró, explotó y puso en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre él y cuya administración le está vedada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 del Código Penal. La calificación legal empleada por la fiscalía durante la audiencia de formalización de la investigación incluye el lavado de activos agravado, la asociación ilícita, la insolvencia fraudulenta y la defraudación.

En ese sentido, a uno de los integrantes de esta organización, C.S.I (considerado por la fiscalía como “operador de hecho y administrador territorial” de Báez) a su vez, se le atribuyó ser líder de una banda que se dedica al tráfico de estupefacientes en la provincia de Santa Cruz.

La investigación contra el empresario se originó a partir de las intervenciones telefónicas ordenadas en el  en el marco de la investigación de la organización narcocriminal. Sobre esta, la fiscalía atribuyó a sus nueve integrantes dedicarse al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista y a su distribución a través de un lavadero en el que se realizaban las entregas del material. La fiscalía señaló que el lavado de activos provenientes de esta actividad tuvo lugar mediante cuentas bancarias y bienes registrados a nombre de terceros para hacer circular los fondos de origen ilícito e integrarlos al circuito legal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el entorno de Báez no solo sustraía activos del control judicial —incluidos inmuebles ya inscriptos a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, sino que además utilizaba a los cabecillas de la organización narco para mover fondos y bienes.

Las Fiscalías ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1, a cargo del fiscal general Diego Luciani, la N° 2 a cargo de fiscal general Abel Córdoba y la N° 6 a cargo del fiscal general Diego Velasco, proporcionaron información detallada de los bienes que permitió identificar y acreditar el estado de ejecución de pena de Báez y el de algunos bienes cautelados o para decomiso.

“El clan”

Según la fiscalía, bajo la jefatura de Báez operaba una conducción ejecutiva de confianza integrada por su pareja C.I, y por C.S.I (señalado como el operador territorial del grupo); un anillo familiar de soporte logístico y de titularidad interpuesta compuesta por F.D y V.D —hermano de este último y pareja de C.S.I—; un canal de justificación agropecuaria e integración financiera a cargo de P.G y M.G; y una cobertura de asistencia y colaboración contable prestada por D.N.

La estructura la completarían otros tres intervinientes:, J.U actuaba como nodo de estratificación financiera; J.A como operador de enlace y de verificación de bienes; y O.N era contraparte de los actos de disposición y encargado del relevamiento de los campos. A este último, el propio Báez lo incluyó por escrito en una nómina que encabezó con el título “EL CLAN“, escrita en una hoja que fue incautada durante el allanamiento en su celda, y que fue encontrada junto con contratos de arrendamiento y listados de deudores.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la estructura habría mantenido productivos bienes alcanzados por decomisos, embargos o depósitos judiciales y habría administrado sus rentas. Entre los activos involucrados en la investigación aparecen las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike; las sociedades Kank y Costilla y Austral Agro; unidades funcionales del edificio “Koonek” —cinco de las cuales figuran hoy a nombre de la Corte—, alquileres a tres empresas y un inmueble sobre la costanera de El Calafate. También dos galpones cuya disposición se habría pactado en 250 millones de pesos y un vehículo Ford Mondeo perteneciente a Báez, que fue secuestrado.

Según la imputación, Báez administró, explotó y puso en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre él y cuya administración le está vedada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 del Código Penal.

Según reconstruyó la investigación, Báez impartía directivas desde una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal, refiriéndose a sí mismo en una de las escuchas telefónicas como “el dueño de la historia“. Asimismo, su entorno lo llamaba “Antonio” o “el Tío“. Durante la audiencia, la unidad fiscal expuso una serie de conversaciones telefónicas en las que, desde la cárcel, Báez daba ordenes sobre la explotación de sus bienes. En una de esas comunicaciones dijo: “decile me dijo el Tío que ponga el que estuvo administrando la Entrerriana, y el que está administrando la Entrerriana ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”

La investigación tuvo un punto de quiebre el pasado lunes 9 de noviembre tras recibir una alerta de Aerolíneas Argentinas sobre el embarque inminente de tres personas vinculadas al entorno de Báez en un vuelo hacia Buenos Aires con cuatro valijas de gran tamaño. Efectivos de la Prefectura Naval interceptaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a la pareja de Báez, a C.S.I y a su pareja V.D.

En el equipaje que se trasladaba, los investigadores hallaron el pasaporte del empresario, un disco rígido externo, teléfonos celulares, seis tarjetas SIM, divisas, tarjetas bancarias con sus claves anotadas y una carpeta con rendiciones de cuentas, listados de proveedores.

A raíz de estos hallazgos y de otros movimientos sospechosos detectados en el predio de la firma Kank y Costilla S.A., se realizaron 18 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, estancias de Santa Cruz y en la celda de Báez en el penal de Ezeiza.