Your browser doesn’t support HTML5 audio
Lo que en la jerga tumbera y en el mundo criminal suele concebirse como un territorio impenetrable terminó convertido, durante más de un año, en el escenario de un aceitado negocio ilícito que conectaba la calle con los pabellones de encierro de Río Gallegos.
Tal como lo adelantó laopinionaustral.com.ar, este miércoles, una ofensiva judicial de gran envergadura sacudió los cimientos de la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y diversos barrios de la ciudad.
Por orden del juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez y a instancias del fiscal general interino Julio César Lucas Zárate -titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos-, se ejecutaron ocho allanamientos simultáneos acompañados de exhaustivas requisas personales y vehiculares para desarticular una estructura dedicada a la adquisición, provisión, ingreso y comercialización de estupefacientes dentro de la prisión federal.
El despliegue operativo, llevado adelante de manera coordinada por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) junto con el Departamento de Investigaciones Judiciales y la Dirección de Asuntos Internos del propio Servicio Penitenciario Federal, contó con el apoyo de canes detectores de narcóticos y equipamiento de registro fotográfico y audiovisual.
En el interior del establecimiento carcelario emplazado en plena zona céntrica, los uniformados irrumpieron en los pabellones 1, 2 y 3, inspeccionando minuciosamente cada una de sus celdas y peinando los espacios de uso común a los que acceden los internos, tales como cocinas, patios, talleres, baños, aulas y sectores de circulación y recreación.
Allí se dispuso la requisa personal de siete reclusos específicamente individualizados en el expediente, dejando abierta la facultad de revisar a cualquier otro detenido que presentara indicios concretos de ocultar elementos comprometedores.
En paralelo al registro intramuros, las comisiones policiales allanaron de forma simultánea siete inmuebles particulares distribuidos en distintos puntos de Río Gallegos, vinculados a personas que, según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, cumplían roles clave en el eslabón externo de la organización.
Las diligencias incluyeron además la requisa de tres automóviles previamente identificados y de otros rodados hallados en las propiedades. El objetivo central de los investigadores consistió en secuestrar drogas, envoltorios, balanzas y herramientas de fraccionamiento, y también teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos de almacenamiento, agendas, comprobantes y registros de transferencias bancarias o billeteras virtuales que permitan terminar de trazar la ruta de los pedidos, las entregas, los cobros y las deudas generadas por el comercio ilegal.
La investigación que culminó con los procedimientos de este miércoles tuvo su génesis hace más de doce meses, como un desprendimiento de otra causa federal por tráfico de drogas en la que se habían detectado llamativas comunicaciones entre personas en libertad e internos de distintas cárceles del país.
El 4 de septiembre de 2025, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) remitió las actuaciones iniciales y, pocos días después, la Unidad Fiscal Río Gallegos abrió formalmente el legajo para poner bajo la lupa lo que ocurría detrás de los muros de la Unidad 15.
A través de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, tareas encubiertas de vigilancia y seguimiento, el cruzamiento de los libros de visitas del penal, informes sobre movimientos financieros y el aporte de información clave suministrada por las propias autoridades del SPF, los pesquisas lograron reconstruir paso a paso la ingeniería delictiva de la banda.
De acuerdo con la hipótesis acusatoria elaborada por la Fiscalía, la operatoria funcionaba con una precisión empresarial dividida en dos frentes complementarios: uno en la calle y otro intramuros. En el exterior, personas del entorno cercano de los detenidos -en libertad- se encargaban de adquirir o proveer los estupefacientes, gestionar los traslados, coordinar los turnos de visita y administrar la recepción y transferencia del dinero proveniente de las ventas.
Según pudo saber La Opinión Austral, para franquear los controles de seguridad e introducir la droga en la unidad penitenciaria, la organización apelaba principalmente a las visitas familiares o allegadas, recurriendo a sofisticados mecanismos de ocultamiento corporal. Sin embargo, la pesquisa también recolectó indicios preocupantes que apuntan hacia una eventual colaboración interna por parte de personal penitenciario para facilitar el ingreso o la circulación de la mercadería ilícita.
Una vez que la marihuana y la cocaína -sustancias mencionadas de manera recurrente mediante códigos y expresiones características en las conversaciones telefónicas intervenidas- lograban superar el perímetro de ingreso, comenzaba la etapa de distribución interna.
Los cargamentos eran trasladados sigilosamente entre las distintas celdas y espacios comunes para ser ocultados en escondites estratégicos dentro de los pabellones. Desde allí, los internos que lideraban la maniobra procedían a fraccionar las dosis al menudeo, fijar los precios de venta en el mercado carcelario, distribuir la sustancia entre otros reclusos y ejercer un estricto control sobre los pagos, que muchas veces se liquidaban mediante transferencias electrónicas realizadas por familiares o contactos fuera del penal.
Incluso, las pruebas reunidas sugieren que la misma red aprovechaba su estructura logística para comercializar estupefacientes fuera del ámbito penitenciario, abasteciendo también el narcomenudeo en la capital santacruceña.
Antecedente
Cabe recordar que la misma Fiscalía intervino recientemente en otro expediente que desembocó, en septiembre pasado, en la condena de una agente del Servicio Penitenciario Federal por el delito de cohecho pasivo.
En aquella oportunidad, mediante registros fílmicos e información aportada por el propio SPF, quedó acreditado que la funcionaria había introducido de contrabando cuatro teléfonos celulares en la Unidad 15: dos camuflados dentro de un paquete de yerba mate destinado a un interno y otros dos escondidos en un cesto de residuos de los sanitarios, recibiendo una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia

