Este 6 de noviembre a las 9 de la mañana, la Cámara Oral de Río Gallegos se convertirá en el epicentro de un debate que trasciende la crónica policial para adentrarse en las profundidades de las tensiones sociales y los límites de la ley en Argentina. Se trata del juicio por el homicidio de Franco Cuevas, ocurrido en junio de 2023 dentro de una concesionaria de autos del Barrio Del Carmen, un caso que pone en jaque la delgada línea entre la legítima defensa y el exceso de la fuerza letal.
El acusado, Roberto Neil, propietario del comercio, argumentó que actuó para defenderse “al verse acorralado”. Sin embargo, el expediente judicial revela evidencias, incluyendo filmaciones y pericias, que desmantelan la simplicidad de esa coartada, sugiriendo que la confrontación fatal fue la culminación violenta de una prolongada disputa territorial.
El suceso que sacudió a Río Gallegos ocurrió la mañana del viernes 2 de junio de 2023. La escena del crimen fue una concesionaria de autos ubicada en calle French casi esquina Congreso, en el Barrio Del Carmen. El desenlace fue la muerte de Cuevas, un joven de la localidad, a manos de Neil, el propietario del local, quien inmediatamente se amparó en la figura de la legítima defensa.
La narrativa inicial, potenciada por la mención del “extenso prontuario por presuntos ilícitos” de Franco Cuevas, rápidamente generó una grieta en la opinión pública. Parte de la sociedad, tendió a validar la acción de Neil como una respuesta desesperada de un ciudadano que defiende su propiedad.
No obstante, la complejidad del caso reside en que la fatalidad no fue un evento espontáneo; el conflicto entre Neil y la familia Cuevas venía de mucho tiempo atrás, anclado en una disputa de bienes raíces y un potencial desalojo.
El inicio del juicio oral marca el momento en que todas las pruebas y contradicciones se ventilarán ante el tribunal. Este proceso no solo busca justicia para la víctima, sino que también examinará exhaustivamente la conducta del acusado y los límites que la ley penal impone a la defensa privada.
Tal como lo adelantó La Opinión Austral, el tribunal de juicio estará compuesto por dos jueces confirmados: María Alejandra Vila y Jorge Yance. La presencia de estos magistrados reviste una importancia particular, no solo por sus trayectorias, sino por el contexto institucional de la justicia santacruceña.
La acusación estará a cargo de Verónica Zuvic, la Fiscal de Cámara, quien asumió su cargo en agosto de 2023. Ella será la encargada de representar al Ministerio Público Fiscal, buscando establecer la culpabilidad de Neil y la calificación legal que corresponda. Jorge Trevotich será quien vele por los derechos y garantías de la familia de la víctima, mientras que la defensa de Neil será representada por Mariana Barbitta y Matías Gutiérrez.
Las posibles estrategias
La defensa de Roberto Neil se sustenta en la premisa de que el acusado se vio “acorralado por Cuevas” y que su reacción fue estrictamente defensiva. Sus abogados, Mariana Barbitta y Matías Gutiérrez, han sido enfáticos al solicitar la libertad de su cliente, argumentando que Neil debió ser sobreseído y llegando a sostener que, en realidad, “la víctima de este caso es la familia Neil, no (Franco) Cuevas”. El argumento central de la defensa apuntará a probar que existió un miedo justificado y un estado de necesidad que ameritaba el uso de un arma, cumpliendo así con los requisitos primarios de la legítima defensa.
Por otro lado, para la querella, la narrativa de “acorralamiento” enfrenta serios obstáculos probatorios. La evidencia principal proviene de las cámaras de seguridad y los estudios forenses, que contradicen la imagen de Franco Cuevas como un agresor armado y peligroso en el momento de su muerte, como sería la no portación de un arma sino que la víctima fatal caminaba con un perrito.
De esta manera, buscarán que la defensa de Neil deberá explicar por qué fue necesario aplicar una fuerza tan desproporcionada contra una amenaza que, según la evidencia, era mínima o inexistente en términos de capacidad lesiva inmediata.
Marco legal
En Argentina, la legítima defensa está contemplada en el Artículo 34, inciso 6, del Código Penal, que exime de pena a quien obra en defensa propia o de sus derechos. Sin embargo, para que esta eximición aplique, deben concurrir tres requisitos esenciales, de los cuales dos serán intensamente debatidos en Río Gallegos: la agresión ilegítima y la “necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.”
Si el tribunal concluye que, si bien hubo una agresión inicial (por ejemplo, una intrusión o un forcejeo verbal), la cantidad o la modalidad de los disparos excedió lo necesario para detenerla, la conducta de Neil podría caer bajo el Art. 35. Este artículo establece que, si el exceso se produce por culpa o imprudencia, la pena podría ser atenuada, pero mantiene la reprochabilidad del acto. Un uso excesivo de la fuerza letal, especialmente si se demuestra que la víctima intentaba huir o protegerse, desvirtúa la proporcionalidad requerida, transformando la defensa en una acción punible.
Actualmente, la causa está calificada como Homicidio simple y Neil está con tobillera electrónica en su vivienda. Desde ahí será trasladado este jueves hasta las instalaciones de la Cámara Oral, en Malaspina 41, para presenciar el debate y, posiblemente, se siente en el banquillo de los acusados para que dé su versión de los hechos. Se prevé que el juicio se extienda todo el jueves, incluso el viernes.
También está la posibilidad que se extienda una jornada más ya que alguna de las partes involucradas solicite una inspección ocular donde ocurrió el hecho que arroje más luz sobre las circunstancias en las que falleció Franco. Lo cierto es que, luego de tanto tiempo, comenzará a transitarse el camino hacia la verdad y la justicia en torno a un hecho que conmocionó a la comunidad de Río Gallegos.
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