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La causa judicial que investiga la muerte de Gilmar Claros Ferrel en las dependencias de la Comisaría Séptima de Río Gallegos sumó un hito decisivo en las últimas horas, consolidando el cambio de rumbo hacia una hipótesis de extrema gravedad institucional.
En el marco de una serie de procedimientos ejecutados con estricto hermetismo durante la jornada del martes, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) concretaron tres allanamientos en viviendas particulares de la capital santacruceña, donde procedieron al secuestro de los teléfonos celulares de los tres policías que habían sido apartados preventivamente de la fuerza provincial.
El operativo, ordenado por el titular del Juzgado de Instrucción Penal N° 3, Gerardo Giménez, se orienta a recolectar pruebas electrónicas cruciales sobre los aparatos de comunicación de los agentes desafectados.
Según información a la que tuvo acceso exclusivo La Opinión Austral a través de diversas fuentes consultadas se pudo saber que los dispositivos móviles serán sometidos a peritajes informáticos de alta precisión con el objetivo de rastrear registros de llamadas, chats de mensajería instantánea y eventuales eliminaciones de contenido realizadas durante y después de la trágica secuencia acontecida en la celaduría de la seccional de la periferia capitalina. Durante los allanamientos, los sospechosos no resultaron demorados.
El trágico episodio se desencadenó durante la noche del viernes 16 de octubre en el barrio San Benito, cuando un niño de 10 años corrió en busca de ayuda al Gimnasio Municipal Indio Nicolai al alertar sobre un presunto hecho de violencia familiar entre su madre y su padrastro. La alerta al 911 movilizó a un patrullero de la Comisaría Séptima hacia una vivienda de la manzana 71.
La versión policial volcada en los primeros partes sostuvo que los uniformados hallaron a un hombre alterado y a una mujer de 36 años con una lesión visible en el labio inferior, requiriendo refuerzos del Comando de Patrullas ante la supuesta resistencia del sospechoso para abandonar la finca.
Sin embargo, la reconstrucción inicial de la fuerza comenzó a resquebrajarse a partir de las revelaciones exclusivas de este medio, que adelantó la aplicación de una violenta maniobra de sujeción cervical durante el procedimiento de reducción.
Dicho dato técnico adquirió fuerza inapelable al conocerse los resultados del informe del Cuerpo Médico Forense, donde los peritos concluyeron de manera categórica que Gilmar Claros Ferrel, ciudadano boliviano de 35 años, falleció producto de una “asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento”. La causa médica sepultó la hipótesis oficial de un colapso por descompensación o antecedentes de salud preexistentes.
El contundente dictamen de la autopsia reconfiguró de plano la estrategia de la querella. En declaraciones brindadas a LU12 AM680, el abogado querellante Matías Solano fue categórico respecto a la calificación penal que exige la familia de la víctima: “A Gilmar lo mataron, y hablamos ya en principio de un homicidio agravado”, aseveró la representación legal, marcando el pulso de las actuaciones que instruye la Justicia provincial con auxilio de las fuerzas federales.
La lupa del magistrado y los investigadores de Gendarmería no se circunscribe únicamente al instante en que el hombre fue sujetado del cuello dentro del domicilio del barrio San Benito.
El rastreo de responsabilidades abarca la totalidad del procedimiento, incluyendo la cadena de mandos y el accionar de los efectivos que permanecieron en la Comisaría Séptima cuando la víctima fue ingresada y posteriormente declarada muerta tras las fallidas maniobras de reanimación cardiopulmonar. La Justicia busca determinar quiénes se encontraban de turno, el grado de participación individual de cada agente, los tiempos de reacción ante la emergencia médica y la naturaleza de las comunicaciones emitidas tras constatarse el deceso.
En ese marco, fuentes consultadas por La Opinión Austral precisaron que el abanico de uniformados bajo la lupa alcanza a un total de 18 integrantes de la Policía de Santa Cruz. Sobre esa veintena de efectivos pesan sospechas que van desde la coautoría en el homicidio de Claros Ferrel hasta un eventual esquema de encubrimiento agravado para alterar la escena o falsear los libros de guardia.
Dentro del nutrido grupo de policías comprometidos institucionalmente se encuentran los primeros efectivos que irrumpieron en la vivienda de la manzana 71 -quienes fueron señalados por la propia pareja de Gilmar por haber ingresado al inmueble sin autorización judicial previa y haberle propinado una severa golpiza a la víctima cuando ya se encontraba esposada y reducida-, el personal que prestaba funciones fijas en la seccional y los agentes del Comando de Patrullas que acudieron como apoyo táctico.
Por el momento, el juez Gerardo Giménez no dispuso imputaciones formales ni ordenó detenciones dentro del expediente. Sin embargo, se prevé que en el transcurso de las próximas jornadas los 18 uniformados involucrados sean citados a los estrados judiciales para prestar declaración testimonial.
Ese paso procesal previo permitirá al magistrado confrontar los dichos de los agentes con los resultados de las pericias sobre los celulares secuestrados por Gendarmería, abriendo la puerta a futuras indagatorias bajo la condición de acusados si las evidencias así lo acreditan.
El avance de las diligencias científicas sobre los teléfonos de los tres policías desafectados marca un punto de no retorno en la búsqueda de la verdad. Mientras la comunidad de Río Gallegos sigue con atención los pasos de la Justicia en un caso de violencia policial que conmociona tanto a la localidad como a la provincia y al vecino país Bolivia.
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