Alrededor de mil cabezas de ganado. Potenciales pérdidas millonarias para ganaderos de Santa Cruz. Un juicio y una resolución que se registrará en las semanas próximas.
Así es el contexto del Poder Judicial de Río Gallegos que, durante la semana que pasó, realizó un extenso debate con el fin de determinar responsabilidades penales para tres personas que, hace nueve años, se habrían apoderado de manera ilegal un cargamento sin precedentes.
Se trató de un juicio que se hizo en la Cámara Oral y, tal como lo calificaron algunos de los presentes, fue “pendular“. Con el testimonio de algunos testigos, el péndulo en algunos momentos se mostró a favor de los imputados y, en otros, fue del lado de los querellantes.
Más allá de la responsabilidad penal, hay un juicio en la instancia civil por la cantidad de dinero que, potencialmente, perdieron los damnificados, pero que no podrá avanzar hasta tanto el fuero penal se expida.
Es el caso de Óscar Núñez, un empresario del rubro de los servicios que presta recursos a mineras y petroleras de la provincia y que maneja un patrimonio de 700 millones al año, quien está señalado de ser la persona que pergeñó el robo de las mil cabezas de ganado en el año 2014. Junto a él están imputados sus dos capataces Juan Arrechea y Alcides Soto.
Desde el martes y hasta el viernes, todos los ojos del ambiente ganadero de Santa Cruz estuvieron puestos en el recinto de la calle Malaspina donde Jorge Yance, presidente de la Cámara Oral, llevó adelante el debate junto a María Alejandra Vila y Jorge Alonso.
Núñez dijo que le hicieron una cama. Aseguró que Gonzalo Sánchez, un amigo de toda la vida, lo convenció de poner a su yerno, Cristian Rivera, para que administre la Estancia Rivadavia y que éste habría sido el que cometió el robo de ganado.
Rivera no está imputado, sino que declaró como testigo el miércoles y mostró algunas inconsistencias en su relato. “Se lo notó muy nervioso y no supo responder algunas preguntas claves”, opinaron desde la defensa de los acusados.
Por su parte, Soto y Arrechea se excusaron. El primero dijo que solo cumplía funciones y el restante que, al momento del abigeato estaba de carpeta médica por una fractura en uno de sus brazos.
El miércoles hubo un testimonio fundamental: el de un hombre de apellido Hernández que había sido propuesto por la querella. Él dijo haber hablado con otro ganadero y éste le informó que “había un plan para meter preso a Núñez“, pero la otra persona declaró que no recordaba nada. Aunque se solicitó un careo, éste fue desistido por el tribunal.
Peones rurales fueron los que ubicaron en tiempo y espacio a Arrechea y a Soto en situaciones previas y llegaron a decir que ellos eran los que ordenaban las directrices en el campo. Esto también quedó claro cuando les preguntaron sobre las posibles comunicaciones con Núñez.
La querella sostiene que Núñez diagramó todo el plan por celular. Las sábanas de llamadas telefónicos son fundamental para determinar si el empresario estaba al tanto de todo.
Otro testimonio clave fue el de Óscar Ocampo, el entonces juez de Paz de la Esperanza, él fue el que dijo que había “sobreseñalamiento” de animales, pero no radicó la denuncia correspondiente. Con esto se podría apelar a la teoría del fruto del árbol envenenado haciendo caer toda la causa.
Lo que se viene
Para la querella presentada por Gabriela Blaser, Matías Gutiérrez y Marta Dávila, hubo contradicciones en algunos testigos y no descartan que, en los alegatos, los denuncien por falso testimonio. Asimismo, el delito -para ellos- estaría acreditado.
Por su lado, Alejandro Baldini y Sandro Levin buscarán, en principio, pedir la absolución de sus clientes. Primero por la teoría del fruto del árbol envenenado y luego por la instrucción arbitraria de la causa que, en su momento, fue llevada adelante por Marcela Quintana.
Lo cierto es que, este martes desde las tres de la tarde, los denunciantes darán su alegato y pedido de pena. El miércoles será el turno de los acusados.
Leé más notas de Martín Muñoz Quesada
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario