Detuvieron en Santa Cruz a un empresario mexicano con pedido de captura internacional por lavado de dinero

Un operativo de alto perfil internacional se desplegó en territorio santacruceño y culminó con la detención de un ciudadano mexicano con pedido de captura vigente por una causa gravísima de corrupción y lavado de dinero que involucra a varios países de América Latina. El procedimiento se concretó cuando el sospechoso viajaba desde Chile hacia El Calafate, en un colectivo de larga distancia, y fue interceptado de manera preventiva por personal policial tras una alerta emitida por Gendarmería Nacional Argentina.

La intervención estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Caminera La Esperanza de la Policía de Santa Cruz, que recibió una comunicación telefónica del Paso Fronterizo Internacional Río Don Guillermo. Desde allí se informó sobre la presencia de un pasajero que había cruzado desde territorio chileno y que contaba con medidas cautelares vigentes y un pedido de captura internacional activo, en el marco de una investigación judicial de alcance global.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo estable que ante la gravedad de la alerta, el personal policial montó un operativo de interceptación en las inmediaciones de la estación de servicio EPA, donde fue detenido preventivamente un colectivo de la empresa Austral Bus.

Tras la verificación del listado de pasajeros, los efectivos identificaron a un hombre de nacionalidad mexicana que viajaba acompañado por su familia. La situación fue inmediatamente puesta en conocimiento de la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional, bajo la coordinación del comisario Luis Frías.

Las consultas realizadas confirmaron que se trataba de Abraham Cigarroa Cervantes, de 51 años, un exdirector financiero de la división latinoamericana de una empresa internacional dedicada a la gestión de residuos, quien enfrenta cargos en los Estados Unidos por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). La causa es investigada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y cuenta con la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI.

De acuerdo a la acusación formal, Cigarroa Cervantes habría participado entre 2011 y 2016 en un esquema destinado a pagar más de 10 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos de Brasil, México y Argentina, con el objetivo de obtener y retener contratos y asegurar ventajas indebidas para la empresa Stericycle, un emisor de valores estadounidense. Según los documentos judiciales, los pagos ilegales se realizaban, en muchos casos, en efectivo y se calculaban como un porcentaje de los contratos firmados con clientes gubernamentales.

Las autoridades norteamericanas sostienen que, para ocultar las maniobras, los involucrados llevaban registros paralelos mediante hojas de cálculo y utilizaban eufemismos y palabras clave para describir los sobornos. Además, se habrían confeccionado libros contables falsos que permitieron disimular los pagos ilegales como gastos legítimos, afectando de manera directa la transparencia de los estados financieros de la compañía.

La acusación también señala que Cigarroa Cervantes habría presentado certificaciones y documentos internos falsificados, en el marco de la ley Sarbanes-Oxley, asegurando de manera fraudulenta que los registros contables eran correctos. Estas maniobras habrían permitido sostener durante años un entramado de corrupción transnacional que recién salió a la luz tras una investigación profunda de las autoridades estadounidenses.

Cabe recordar que en abril de 2022 la propia empresa Stericycle admitió haber sobornado a funcionarios en Argentina, Brasil y México, y alcanzó un acuerdo de procesamiento diferido por tres años con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Como parte de esa resolución, la compañía —con sede en Lake Forest, Illinois— aceptó pagar más de 84 millones de dólares en multas y sanciones, en coordinación con la Comisión de Bolsa y Valores y organismos judiciales brasileños.

En el trámite de extracción y traslado del detenido interviene el Juzgado Federal de Río Gallegos, que también fue el que dispuso su alojamiento en la Unidad Penitenciaria Federal N°15. La medida fue ordenada por el juez federal Claudio Vázquez, quien quedó a cargo de las actuaciones judiciales vinculadas al pedido de captura internacional y a los pasos procesales que deberán seguirse en el marco de la causa.

El operativo sigue en desarrollo y se labran las actuaciones correspondientes para su puesta a disposición de la Justicia, en un caso que vuelve a poner en evidencia el alcance global de los delitos económicos y la importancia de la cooperación internacional para combatirlos.

La detención, concretada en suelo santacruceño, marca un nuevo capítulo en una investigación que trasciende fronteras y refuerza el rol de los controles migratorios y policiales en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.