Your browser doesn’t support HTML5 audio
La captura de Abraham Cigarroa Cervantes en la provincia de Santa Cruz puso fin a más de un año de fuga internacional de uno de los ejecutivos más buscados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El empresario mexicano, exdirector financiero para América Latina de la multinacional Stericycle Inc., era requerido por la Justicia federal norteamericana por su presunto rol central en un sistema de sobornos transnacionales, falsificación de balances y violaciones sistemáticas a las leyes anticorrupción.
La detención se concretó el lunes 23 de diciembre de 2025 en el Paso Fronterizo Internacional Río Don Guillermo, luego de cruzar desde Chile al sur argentino, tras una operación coordinada entre fuerzas de seguridad locales, organismos judiciales argentinos y agencias internacionales, en el marco de una alerta de Interpol. Ahora, Cigarroa Cervantes permanece bajo custodia en la Unidad 15 de Río Gallegos -donde estuvo Lázaro Báez hasta hace unas semanas atrás- a la espera de que se defina su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos que podrían derivar en una condena de prisión efectiva.
Un alto ejecutivo con poder regional
Abraham Cigarroa Cervantes, de 51 años, fue durante más de una década una de las figuras clave de Stericycle Latin America, filial regional de la compañía estadounidense especializada en la gestión de residuos médicos, industriales y la destrucción de documentos confidenciales.
Desde su base en México, ocupó cargos de máxima responsabilidad financiera que le otorgaron control directo sobre las operaciones de la empresa en México, Brasil, Argentina, Chile y Puerto Rico. Además de ser Director Financiero (CFO) para América Latina, integraba comités ejecutivos locales y, de manera particularmente sensible, formaba parte del Comité de Cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de la propia compañía.
Esa doble función —control financiero y supervisión ética— le permitió conocer en profundidad los mecanismos de auditoría, los sistemas de control interno y los puntos ciegos del compliance corporativo, una ventaja que, según la acusación, utilizó para diseñar y sostener un esquema de corrupción de gran escala.
La fachada de un “estratega financiero”
En paralelo a su desempeño corporativo, Cigarroa Cervantes construyó una imagen pública de líder empresarial y académico. En redes profesionales y ámbitos de consultoría se presentaba como un “estratega financiero” con más de 25 años de experiencia, especializado en transformar las finanzas en herramientas de crecimiento.
Su currículum difundido incluía una licenciatura en Derecho, formación ejecutiva en finanzas internacionales y la mención de un doctorado en curso en Ciencias Empresariales. Incluso figuraba como integrante del consejo de administración de firmas de consultoría empresarial.
Esa imagen de solvencia profesional y ética contrastó de manera abrupta con las revelaciones del expediente judicial, que lo señalan como el cerebro detrás de un entramado de sobornos, facturación falsa y manipulación contable que operó durante al menos cinco años.
El esquema de sobornos millonarios
Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU., entre 2011 y 2016 Cigarroa Cervantes lideró una conspiración destinada a pagar alrededor de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos de México, Brasil y Argentina.
El objetivo era claro: obtener y retener contratos estatales para la gestión de residuos patológicos y biológico-infecciosos (RPBI), un sector altamente regulado y dependiente de licitaciones públicas.
Los pagos ilegales eran incorporados a la contabilidad bajo el concepto codificado de “IP” (“Incentivo de Proyecto”), una denominación que permitía registrar los sobornos como si fueran gastos operativos legítimos. De esta manera, el costo de la corrupción se integraba al negocio y, en muchos casos, se deducía impositivamente.
Facturas falsas y dinero en efectivo
En México, el esquema incluía la utilización de proveedores locales que emitían facturas por servicios inexistentes. La empresa pagaba esos montos de forma electrónica y luego los proveedores devolvían el dinero en efectivo, que era entregado a funcionarios públicos.
La investigación documentó múltiples operaciones de este tipo, con registros precisos de fechas, montos y destinatarios, lo que permitió reconstruir el circuito financiero del soborno. Modalidades similares se replicaron en Brasil y Argentina, con ajustes locales pero bajo una planificación centralizada desde la dirección financiera regional.
Violaciones a la ley y fraude contable
Además de los sobornos, la acusación destaca la gravedad de las violaciones a la ley Sarbanes-Oxley (SOX), que regula la transparencia de las empresas que cotizan en Estados Unidos. Como CFO regional, Cigarroa Cervantes debía certificar la veracidad de los estados financieros y la efectividad de los controles internos.
Según el expediente, firmó certificaciones falsas, envió cartas de representación engañosas a auditores y mantuvo libros contables adulterados durante años, lo que llevó a que Stericycle presentara información incorrecta ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Las autoridades estiman que la empresa obtuvo más de 21 millones de dólares en beneficios gracias a este esquema ilícito.
La causa judicial en Estados Unidos
La acusación formal contra Cigarroa Cervantes fue presentada el 19 de marzo de 2024 ante el tribunal federal del Distrito Sur de Florida. Enfrenta dos cargos principales por conspiración para violar las disposiciones antisoborno y de libros y registros de la FCPA, con penas potenciales de hasta 10 años de prisión en total.
El caso se inscribe en una investigación más amplia que ya derivó, en 2022, en un acuerdo de más de 84 millones de dólares en multas y sanciones contra Stericycle Inc., que aceptó su responsabilidad corporativa y se comprometió a colaborar con la Justicia.
De prófugo a detenido en la Patagonia
Tras conocerse la acusación, el exejecutivo se dio a la fuga. Durante meses, su paradero fue incierto hasta que surgieron registros de su estadía en Uruguay, donde residió en zonas exclusivas de Punta del Este. Finalmente, su rastro condujo a la Patagonia argentina.
La captura en Santa Cruz marcó el final de su periplo como prófugo y abrió una nueva etapa del proceso judicial, centrada ahora en su extradición y eventual juzgamiento en Estados Unidos.
Según pudo saber La Opinión Austral, Abraham Cigarroa Cervantes pidió a la justicia argentina ser extraditado. El Juzgado Federal de Rio Gallegos está a la espera del requerimiento del Tribunal del Distrito Sur de la Florida de Estados Unidos. Una vez que llegue el pedido, el juez federal Claudio Vázquez dictaría la sentencia de extradición. Mientras tanto estará detenido en la Unidad 15 de Río Gallegos, tal como lo dispone la alerta roja de Interpol.
El empresario estaba de turista con la familia y tenía previsto viajar a El Calafate. Con la detención en Argentina se abrió un capitulo aparte en Chile, donde se inicia una investigación porque el empresario entró y salió del país trasandino y nunca advirtieron que tenía pedido de captura de Interpol. Las fuerzas de Seguridad y la Justicia Federal de Santa Cruz lograron apresarlo.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario