El fiscal de Magallanes advirtió por el uso de pasos fronterizos no habilitados entre Santa Cruz y Chile

El fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, advirtió sobre las nuevas rutas que las organizaciones del crimen organizado internacional buscan utilizar para el traslado de drogas, personas y otras mercancías ilícitas, y puso el foco en la frontera entre Santa Cruz y la región austral de Chile.

En diálogo con Radio LU12 AM680, el funcionario judicial destacó la coordinación que existe entre las fiscalías de ambos países y señaló que el cambio en las rutas utilizadas por las organizaciones criminales responde a una búsqueda de alternativas que les permitan reducir los controles y los costos logísticos.

“Los fenómenos criminales en el último tiempo han ido mutando de manera vertiginosa”, explicó Crisosto. Según indicó, los grupos del crimen organizado identifican distintos nichos de negocio y buscan las rutas más convenientes para trasladar sus mercancías hacia los mercados que consideran más rentables.

En ese contexto, mencionó que el estrecho de Magallanes adquiere una importancia particular. “Van buscando y encontrando rutas contraintuitivas”, sostuvo el fiscal, al explicar que el aumento de los controles en determinadas zonas y las modificaciones en las condiciones de transporte internacional llevan a las organizaciones a buscar nuevos corredores.

Crisosto vinculó esta situación con el crecimiento del mercado de drogas en Oceanía y señaló que la diferencia de precios respecto de los mercados americanos genera nuevos incentivos para el traslado de cocaína hacia Australia y otras zonas.

“Estamos hablando de que tanto la Patagonia, Chile-Argentina, esta droga viene, por cierto, de países como Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela”, afirmó.

Más tránsito por el estrecho

El fiscal regional también hizo referencia al crecimiento del tránsito marítimo en la zona austral. Según las cifras oficiales que mencionó durante la entrevista, entre 2024 y 2025 el tránsito de embarcaciones mayores por el estrecho de Magallanes aumentó cerca de un 50%, mientras que por el canal Beagle el incremento habría sido de aproximadamente un 85%.

Crisosto aclaró que se trata de un flujo que incluye distintas clases de embarcaciones, entre ellas cruceros y cargueros, pero remarcó que para los organismos encargados de la investigación penal representa tanto una vulnerabilidad como una oportunidad para fortalecer los mecanismos de fiscalización.

“Tenemos que estar atentos a los fenómenos cambiantes de la criminalidad”, planteó.

El funcionario sostuvo que las organizaciones internacionales buscan “las rutas logísticas más seguras, las más baratas”, con el objetivo de colocar sus productos en los mercados seleccionados.

La frontera con Santa Cruz

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de la frontera entre Santa Cruz y Magallanes. Crisosto indicó que existen cuatro pasos fronterizos habilitados con la provincia: Monte Aymond, Casas Viejas, Dorotea y Cerro Castillo.

Sin embargo, advirtió que las organizaciones también utilizan pasos no habilitados. “Eso no es todo. En el fondo también se utilizan pasos fronterizos no habilitados”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el uso de estancias ubicadas en zonas fronterizas constituye una de las modalidades detectadas en investigaciones desarrolladas de manera conjunta entre Argentina y Chile.

El fiscal remarcó además las características geográficas de la Patagonia. “En nuestra Patagonia no hay ningún hito que marque la frontera. No hay ningún río, ni una montaña, ni un pico montañoso. Es una pampa, es una planicie, donde es muy fácil pasar de Argentina a Chile y viceversa”, describió.

Para Crisosto, esta situación genera una “porosidad” de la frontera que requiere de mayores herramientas para la prevención y la investigación de delitos.

El antecedente: “Alianza Austral”

La advertencia del fiscal se conoce luego de una serie de investigaciones que pusieron bajo la lupa la utilización de la Patagonia como corredor para distintas actividades ilícitas.

Entre ellas se encuentra el megaoperativo “Alianza Austral”, desarrollado en agosto de 2023 y que involucró procedimientos tanto en la región de Magallanes como en Santa Cruz.

En los procedimientos realizados en territorio argentino se secuestraron alrededor de 20 millones de pesos y más de 50 mil dólares, además de otros elementos vinculados con la investigación.

El caso también permitió exponer la utilización de rutas y establecimientos ubicados en zonas próximas a la frontera para facilitar el movimiento de mercadería y personas.

Crisosto destacó especialmente el vínculo con la Fiscalía Federal de Río Gallegos, a cargo del fiscal Julio César Zárate, y sostuvo que la cooperación entre ambos organismos permitió avanzar en investigaciones de manera simultánea en los dos países.

“Con la Fiscalía Federal de Río Gallegos mantuvimos un equipo conjunto de investigación”, explicó. Según detalló, se trató de una investigación desarrollada simultáneamente en Argentina y Chile, con procedimientos realizados el mismo día.

Las acciones abarcaron desde Río Gallegos hasta San Martín de los Andes, en Neuquén, y desde Punta Arenas hasta Puerto Natales. Hubo allanamientos, incautaciones y detenciones.

El fiscal sostuvo que ese trabajo permitió avanzar en causas vinculadas con narcotráfico, lavado de activos, tráfico de marihuana y cocaína, trata y tráfico de personas y tráfico de armas. “Esta es una muestra objetiva de que efectivamente la colaboración internacional ha dado frutos”, afirmó.

En esa línea, definió a Santa Cruz y Magallanes como parte de una misma “comunidad patagónica”, por tratarse de una zona geográfica y socioeconómica común.

Más recursos

Consultado sobre las herramientas necesarias para enfrentar la expansión del crimen organizado, Crisosto planteó la necesidad de fortalecer los recursos destinados a los organismos de investigación.

Mencionó la incorporación de tecnología, sistemas informáticos, drones y personal especializado. Pero puso especial énfasis en el seguimiento del dinero generado por las organizaciones criminales.

“Lo que más nos importa y lo que da mayor éxito a la investigación son las incautaciones de los bienes”, explicó.

Según señaló, además de detener personas y secuestrar drogas, resulta clave identificar y decomisar los bienes, fondos y activos obtenidos mediante las actividades ilícitas, incluidas las criptomonedas.

El fiscal también destacó otros dos elementos: el intercambio de información entre organismos y la colaboración de la ciudadanía. “La colaboración internacional es fundamental”, sostuvo, aunque remarcó que también resulta necesaria la cooperación entre las instituciones dentro de cada país.

En ese sentido, destacó la importancia de la confianza entre la Fiscalía Federal de Río Gallegos y la Fiscalía Regional de Magallanes para compartir información y avanzar en investigaciones que atraviesan la frontera.

Una agenda común

Crisosto adelantó que las fiscalías de ambos lados de la frontera tienen previsto continuar con los encuentros de trabajo. Ya se realizaron reuniones en Río Gallegos y Punta Arenas y existe la intención de volver a reunirse antes de fin de año.

El objetivo será sostener los mecanismos de cooperación frente a un escenario en el que, según advirtió el fiscal, las organizaciones criminales modifican permanentemente sus rutas y métodos. “La colaboración con el doctor Zárate ha sido fundamental”, resumió.

Para Crisosto, el desafío excede las jurisdicciones nacionales. El crecimiento de las rutas marítimas, la utilización de pasos fronterizos no habilitados y la búsqueda de nuevos corredores logísticos obligan a reforzar la coordinación entre Argentina y Chile para investigar delitos que, cada vez con mayor frecuencia, atraviesan toda la región patagónica.