La investigación por la banda transnacional que traficaba bienes desde Argentina a Chile y viceversa, utilizando pasos ilegales en la zona más austral del Cono Sur, avanza con firmeza en la Justicia Federal de Río Gallegos. El caso, denominado “Alianza Austral”, fue revelado por La Opinión Austral el pasado 23 de septiembre, cuando se realizaron 49 allanamientos simultáneos en ambos países, que derivaron en la detención de 14 personas y el secuestro de gran cantidad de mercadería, vehículos, armas y dinero.
Tras las indagatorias realizadas por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, se conoció la suerte procesal de cinco integrantes de la banda, considerados como los jefes o principales responsables de la asociación ilícita. Se trata de Marcelo Gasparini, Pedro Toledo, Pablo Toledo, Maximiliano Toledo y Omar Schulmaeister, quienes fueron procesados con prisión preventiva y embargo de 500 millones de pesos cada uno, por los delitos de asociación ilícita agravada, contrabando agravado y lavado de activos.
Según el procesamiento, al que tuvo acceso La Opinión Austral, los imputados formaban parte de una organización criminal que se dedicaba al contrabando de mercaderías entre Argentina y Chile, utilizando estancias con caminos clandestinos que conectaban con las ciudades chilenas de Cerro Castillo, Dorotea o Puerto Natales. La estancia “Los Tres Chorrillos” era el principal lugar que se utilizaba para el tráfico de bienes, pero también se identificaron otros establecimientos como “La Verdadera Argentina”, Las Lengas y San José.
La operatoria consistía en el cruce ilegal de mercaderías desde Argentina a Chile, principalmente carne vacuna y porcina, quesos y otros productos alimenticios, que eran vendidos en el mercado chileno a precios muy superiores a los locales. A su vez, se traían desde Chile a Argentina diversos productos electrónicos, neumáticos, ropa y otros artículos, que también eran comercializados en el mercado negro. Para ello, se utilizaban vehículos adaptados para ocultar la carga ilegal y se contaba con la complicidad de algunos empleados aduaneros y policiales.
La investigación se inició en agosto del año pasado, cuando se detectaron llamadas sospechosas entre los integrantes de la banda, que utilizaban un lenguaje en clave para referirse a las mercaderías. Por ejemplo, decían “rúcula” para referirse a la carne vacuna y “gomas” para los neumáticos. A partir de ahí, se realizaron numerosas tareas de inteligencia, seguimientos, escuchas telefónicas y análisis financiero, que permitieron desentrañar el funcionamiento y la estructura de la organización.
El juez Vázquez consideró que existen elementos suficientes para sostener la participación de los procesados en la asociación ilícita, el contrabando y el lavado de activos. Asimismo, dispuso la prisión preventiva de los mismos por considerar que existe riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. El magistrado también trabó un embargo sobre los bienes y cuentas bancarias de los imputados por un monto de 500 millones de pesos cada uno.
La causa continúa con las indagatorias a otros imputados que todavía gozan de la libertad, pero que podrían quedar detenidos si se comprueba su vinculación con la banda. Además, se están realizando peritajes a los 66 teléfonos celulares que fueron incautados en busca de más información para la causa. Se espera que las averiguaciones continúen con los nuevos ribetes que surgen a partir de la investigación.
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