La provincia de Santa Cruz se prepara para afrontar uno de los debates orales más sensibles y de mayor gravedad institucional de los últimos años en el fuero penal.
A partir de las nueve de la mañana de este martes, las instalaciones de la Cámara Oral de Río Gallegos serán el escenario donde se pondrá en marcha el juicio contra tres hombres cuyos apellidos –Cabana, Sánchez y Muñoz– quedaron inextricablemente ligados a un entramado de corrupción, violación de deberes y tráfico ilegal de armas que sacudió los cimientos de la justicia santacruceña. Los acusados, que afrontan expectativas de pena de considerable magnitud, deberán responder por un raid delictivo que convirtió un recinto destinado a la resguardo legal en una base de operaciones clandestinas.
Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, el origen de este escándalo se remonta a diciembre de 2024, cuando la provincia entera contuvo el aliento al conocerse los ribetes del denominado operativo “Empleado Infiel“. En aquel entonces, una minuciosa investigación encabezada por la División de Investigaciones (DDI) Cuenca Carbonífera logró desmantelar una red delictiva que operaba con total impunidad desde las entrañas del Juzgado Provincial N.º 1 de Instrucción y Penal Juvenil de la localidad de Río Turbio.
El modus operandi consistía en la sustracción sistemática y la posterior comercialización ilegal de armamento de fuego y municiones que se encontraban bajo custodia judicial, secuestrados en el marco de distintas causas penales. La gravedad institucional del caso radicaba en que los custodios de la ley eran, presuntamente, quienes perforaban el sistema de seguridad desde adentro.
El despliegue policial que coronó aquella investigación preliminar había demandado una coordinación sin precedentes en la región sur. Se concretaron de manera simultánea múltiples allanamientos y requisas en las localidades de 28 de Noviembre, Río Turbio y en estancias de la zona de influencia como El Palenque, en cercanías del Valle Primavera.
Aquella madrugada de operativos contó con el respaldo estratégico de divisiones de élite como la Fuerzas Especiales, Interpol, la División de Ciberdelitos y el Departamento de Delitos Organizados Zona Sur, bajo la atenta supervisión de las máximas autoridades ministeriales de la provincia.
El saldo de aquellos procedimientos graficó la magnitud del negocio ilegal que manejaba la banda. Las fuerzas de seguridad incautaron un auténtico arsenal compuesto por pistolas de calibres de alto poder destructivo, revólveres, carabinas, rifles y miles de municiones listas para ser comercializadas en el mercado negro. Pero el botín no se limitaba al material bélico.
Tal como lo informó La Opinión Austral, en los inmuebles allanados se secuestraron más de treinta teléfonos celulares, notebooks, tablets, cámaras fotográficas y, lo que es aún más alarmante, legajos y registros judiciales sustraídos que contenían información sumamente sensible sobre armas y pericias. Asimismo, la requisa arrojó el hallazgo de cuantiosas sumas de dinero en efectivo tanto en pesos argentinos como en moneda chilena, mobiliario con sellos e inscripciones oficiales del juzgado, carne faenada clandestinamente sin ningún tipo de control bromatológico y otros pertrechos vinculados a la actividad criminal.
En aquella redada inicial, la Justicia ordenó la detención de seis sospechosos de entre 24 y 54 años. La causa sumó ribetes cinematográficos cuando uno de los involucrados intentó escapar hacia el vecino país de Chile, siendo interceptado de manera oportuna por efectivos de Gendarmería Nacional en el Paso Internacional Dorotea, para ser puesto inmediatamente a disposición de la comisaría de 28 de Noviembre.
Entre los detenidos originales y los implicados que ahora llegan a esta instancia de debate oral, sobresalían perfiles que encendieron todas las luces rojas en el sistema judicial: un empleado que cumplía funciones activas en el juzgado de Río Turbio y un exintegrante de la fuerza policial provincial, una combinación de saberes técnicos y logísticos que garantizaba impunidad y conocimiento de los circuitos de control.
De aquel abanico inicial de imputados, el proceso judicial ha depurado las responsabilidades para sentar en el banquillo de los acusados a este primer núcleo conformado por Cabana, Sánchez y Muñoz. Desde las primeras horas de este martes, el tribunal camarista deberá examinar las pruebas documentales, las pericias balísticas, los cruces telefónicos y los testimonios reunidos durante la instrucción, en un juicio que promete desenterrar detalles incómodos sobre la porosidad de los controles internos en las dependencias públicas del interior santacruceño.
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