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Detrás de los megaoperativos policiales, de las veintisiete órdenes de allanamiento ejecutadas simultáneamente en distintos puntos del país, del secuestro de flotas de vehículos de alta gama y de las audiencias maratónicas que sacuden los estrados federales de Santa Cruz, existió un punto cero silencioso, trágico y absolutamente determinante.

Según pudo confirmar La Opinión Austral de manera exclusiva a través de fuentes consultadas vinculadas al expediente, la megacausa que investiga una compleja organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos -y que tiene entre sus principales sospechosos al empresario Lázaro Báez– nació en abril de este año a partir del hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda de la capital provincial, junto a cuyo cuerpo los efectivos encontraron más de medio kilo de cocaína.

Se desplegó un amplio operativo que incluyó 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales del interior de Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Foto: La Opinión Austral).

Tal como lo había adelantado este medio tras los resonantes operativos desplegados la semana pasada en Río Gallegos, el interior santacruceño y la Provincia de Buenos Aires -cuando se deslizó que el fallecimiento de un vecino había funcionado como el disparador inicial de toda la pesquisa-, hoy se sabe con precisión que el origen del legajo se remonta al deceso de Carlos Mauricio Aducio, un hombre de poco más de cuarenta años cuya muerte encendió todas las alarmas policiales y judiciales de la ciudad.

Parte de lo secuestrado en los operativos con indicaciones sobre las operaciones de supuesto lavado.

Aquel episodio, oportunamente reportado por La Opinión Austral en el mes de abril, estuvo rodeado desde el primer instante de un halo de profundo misterio. Todo comenzó un jueves por la tarde en un inmueble situado sobre la calle Joaquín González al 500, en el tradicional barrio Los Pioneros de Río Gallegos. Preocupados por la falta absoluta de noticias y de contacto durante varios días, allegados a Aducio decidieron dar aviso urgente a las autoridades.

Minutos después de las 18 horas, efectivos de la División Comisaría Tercera ingresaron al domicilio y se toparon con una escena tan inquietante como perturbadora: el cuerpo sin vida del morador yacía recostado sobre la cama, completamente desnudo y sin signos evidentes a simple vista que permitieran explicar qué había sucedido.

Uno de los sospechosos siendo subido a uno de los móviles policiales. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La ausencia de rastros claros de violencia externa y las particulares condiciones en que fue hallado el cadáver motivaron la inmediata convocatoria de la División Criminalística, cuyos peritos comenzaron a trabajar bajo la hipótesis preliminar de una muerte dudosa o un eventual homicidio.  Sin embargo, durante la minuciosa inspección ocular de la habitación, los uniformados descubrieron un elemento que alteró por completo el rumbo del procedimiento: oculta en el lugar se encontraba una cantidad significativa de clorhidrato de cocaína, cuyo pesaje superaba el medio kilogramo.

A partir de ese instante, la intervención policial cobró otra dimensión. La División Narcocriminalidad se sumó de inmediato al despliegue en estrecha coordinación con las áreas técnicas, mientras efectivos de distintas dependencias blindaban el perímetro del barrio Los Pioneros para preservar intacta la escena. En paralelo, el andamiaje judicial se dividió en dos carriles: por un lado, el Juzgado Provincial de turno asumió la investigación para determinar la causal del fallecimiento; por otro, la Fiscalía Federal de Río Gallegos abrió de oficio un expediente por infracción a la Ley de Drogas a raíz del importante cargamento incautado.

El primer gran giro de la historia llegó pocas horas después, cuando los médicos forenses elevaron los resultados preliminares de la autopsia. Según confirmaron fuentes de la pesquisa a este diario, el informe pericial descartó de plano la intervención de terceras personas, desactivando así la sospecha inicial de un asesinato.

Tal como lo informó La Opinión Austral, la pericia determinó que Carlos Mauricio Aducio falleció producto de un shock hipovolémico desencadenado por una gastritis hemorrágica severa, un cuadro clínico fulminante que se vio dramáticamente agravado por comorbilidades preexistentes de enorme peso, tales como cirrosis y obesidad mórbida. En términos médicos, el organismo sufrió una pérdida masiva e irreversible de sangre y fluidos internos que terminó con su vida en soledad. Con esa certeza científica, los restos fueron entregados a sus familiares para su sepultura.

No obstante, lejos de archivarse, el expediente federal acababa de encontrar su llave maestra si bien las investigaciones habían comenzado meses atrás, ahora la aparición del celular de Aducio serviría para comenzar a atar cabos y resolver algunos enigmas o contratiempos.

Ulloa siendo ingresado a la Unidad 15. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La presencia de más de medio kilo de cocaína en una vivienda particular planteaba interrogantes ineludibles sobre el origen de la sustancia, su cadena de distribución en la capital provincial y el rol exacto que cumplía Aducio dentro de ese engranaje.

Fuentes cercanas al caso revelaron que el hombre ya figuraba en el radar preventivo de los investigadores por presuntas maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes, pero fue el secuestro y posterior peritaje de su teléfono celular lo que permitió destapar la olla por completo y conectar los cabos sueltos de una organización mucho más vasta.

Consultado en exclusiva por La Opinión Austral, el titular de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, el doctor Julio Zárate, confirmó el valor probatorio decisivo que tuvo aquel dispositivo móvil incautado en el barrio Los Pioneros: “En ese momento, cuando se encontró medio kilo de cocaína, lo más importante fue el celular porque, a raíz de las averiguaciones, dio cuenta de la red de tráfico que nos sirvió para sustentar la investigación; se veía la red de tráfico, las transferencias de dinero, de la red de tráfico de Buenos Aires para que los fondos lleguen acá”.

La Unidad Fiscal Río Gallegos está a cargo del fiscal federal Julio Zárate. (Foto: La Opinión Austral).

A partir de la información extraída de ese teléfono -donde quedaron expuestas las conversaciones, los movimientos financieros digitales y las conexiones interprovinciales-, los investigadores lograron reconstruir durante meses la ruta de la droga desde Buenos Aires hacia el extremo sur y el posterior circuito de blanqueo de capitales mediante la adquisición de bienes, camiones y vehículos de lujo.

Ese hilo conductor fue el que desembocó finalmente en la batería de veintisiete allanamientos realizados la última semana, operativos que culminaron con el secuestro de poco más de un kilogramo de marihuana, setecientos gramos de cocaína y el dictado de la prisión preventiva para una docena de personas, entre ellas el empresario Lázaro Báez, su pareja Claudia Insaurralde y otros colaboradores estrechos.

La historia detrás del origen de esta megacausa demuestra cómo, muchas veces, los grandes entramados del crimen organizado comienzan a desmoronarse a partir de un hecho fortuito y trágico en el corazón de un barrio.

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