Una vecina de Río Gallegos no podrá trabajar en entes públicos y deberá pagar una importante indemnización al Banco Nación, luego que fuera condenada por haber defraudado a esa entidad bancaria en reiteradas oportunidades, cuando era empleada.
Se trata del caso de Loyola, una mujer de 39 años que trabajaba en el edificio ubicado en la esquina de Kirchner y Chacabuco y que, entre el 2008 y el 2009, hizo maniobras ilegales entre varias cuentas para que el banco terminara perdiendo una suma superior a los cincuenta mil pesos, un número importante en aquel momento.
De acuerdo al fallo al que tuvo acceso La Opinión Austral, si bien el caso se remite a casi 13 años atrás, finalmente fue debatido esta semana por el Juzgado Federal de Río Gallegos, por el delito de “defraudación contra la Administración Púbica reiterada en siete oportunidades en concurso ideal con utilización fraudulenta de sellos oficiales y falsificación de documentos privados equiparables a públicos en una oportunidad“.
En 2009, Loyola ya llevaba tres años trabajando en el Banco Nación cuando se supo que había pérdidas en las transacciones en las que ella trabajaba. Por esto, tras una inspección que realizó el contador de la entidad, notaron irregularidades que daban cuenta de los malos manejos que ella realizaba.
Loyola falsificó firmas de clientes del banco, realizó transferencias entre cajas de ahorro, y hasta llegó a gestionar con tarjetas de débito de personas que no la habían solicitado, indicó la acusación llevada adelante por la Fiscalía Federal.
En parte, además, fue gracias al reclamo de los mismos clientes quienes expusieron la situación a las autoridades de la entidad sobre las irregularidades que veían en sus cajas de ahorro que se pudo conocer el entramado de delitos que Loyola cometió. Tras notar que sus firmas no coincidían en algunos comprobantes, se encendieron las alertas.
Como dato, en el caso intervino el personal de la Policía Científica dependiente de Gendarmería Nacional ya que se hizo una pericia caligráfica chequeando las firmas realizadas por los clientes y las que aparecían en los comprobantes. Luego se sabría que eran realizadas por Loyola.
En los resumenes de algunos damnificados figuraban extracciones de hasta 23 mil pesos, en otros -incluida una familiar de avanzada edad de Loyola- aparecían montos altos que no se adecuaban a los de los haberes jubilatorios que ella percibía.
Finalmente, se llegó a un acuerdo entre la defensa, la Fiscalía General y los abogados querellantes del Banco Nación: Loyola reconoció la responsabilidad en el delito y se requirió una pena de dos años de prisión en suspenso. La misma fue aceptada por el juez Jorge Eduardo Chávez.
En su fallo, Chávez dispuso además el pago de una indemnización a la entidad bancaria que doblaba lo sustraído por Loyola. La misma es de 110 mil pesos que, según el acuerdo al que se llegó, se hará en once cuotas de diez mil pesos cada una.
Asimismo, si bien la condenada no pisará una prisión por el delito, deberá fijar domicilio de manera regular en el Patronato local por los próximos tres años.
En su resolución, además el juez dispuso una inhabilitación especial para que la mujer no pueda ejercer cargos públicos en los que se maneje dinero y que no deberá abusar del alcohol o de estupefacientes si no quiere perder el beneficio de la libertad.
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