Cuatro detenidos y varios implicados: la Justicia avanza en la megacausa de contrabando que, mediante un trabajo conjunto entre Argentina y Chile, terminó desbaratando una banda que operaba en la zona sur del país, en un inédito y exitoso operativo binacional denominado “Alianza Austral“.
La Fiscalía Federal de Río Gallegos informó ayer que, además de los cuatro detenidos en la Cuenca Carbonífera (Marcelo Gasparini, Omar Schulmaeister, Pedro Toledo, Pablo Toledo y Maximiliano Toledo), hay otros 27 imputados en la causa, entre los que hay “personas jurídicas y funcionarios públicos de Fuerzas Armadas y de seguridad”, precisaron.
Tres de los aprehendidos se negaron a declarar ante el juez federal Marcelo Vázquez y el fiscal federal Julio Zárate. Uno de ellos desconoció los hechos y su participación.
En tanto, en Chile, de las 17 personas detenidas en los procedimientos, ocho quedaron con prisión preventiva.
El sábado 26 de agosto el fiscal Zárate participó -como oyente- por medios remotos de la audiencia de formalización de la imputación realizada en el vecino país, donde el proceso se lleva a cabo en el marco de un sistema acusatorio con audiencias orales y públicas.
El despliegue local
En nuestro país fueron 49 los operativos. La Fiscalía detalló que todos estos tuvieron “como objetivos estudios contables (NdR: entre ellos el del Jonathan Van Thienen, presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos), domicilios particulares, empresas, depósitos, comercios mayoristas de cigarrillos, unidades militares y domicilios particulares de miembros de la organización ilícita internacional, entre ellos funcionarios de fuerzas de seguridad, y también se cursaron órdenes de presentación de documentación a organismos nacionales”.
“El contrabando se realizaba a través de pasos fronterizos no habilitados”
La Fiscalía Federal de Río Gallegos detalló que los procedimientos demandaron el desplazamiento de 284 gendarmes en 44 vehículos de esa fuerza; 35 de la Prefectura Naval, que utilizó cuatro móviles, y 30 policías federales a bordo de seis unidades.
Además, se detalló todo lo secuestrado: armas, municiones, dinero en efectivo (con cifras de aproximadamente 46 millones de pesos en dinero y cheques; 55 mil dólares; 5,7 millones de pesos chilenos, y también cantidades menores de euros, guaraníes y de pesos uruguayos), aproximadamente 140 dispositivos electrónicos, unos 60 teléfonos celulares, documentos, cigarrillos, neumáticos, 19 vehículos (entre automóviles, motos y camiones), material estupefaciente y otras mercaderías ingresadas al país de contrabando.
Así fue todo
El éxito de la operación, tal como anticipó el propio fiscal Zárate a LU12 AM680, se basó en el trabajo conjunto entre Chile y Argentina, pero además la reserva que mantuvieron todas las partes intervinientes para poder desbaratar toda la organización criminal y no sólo dar con los “pequeños” contrabandos que ejecutaban.
En ese sentido, fiscales.gob.ar comunicó que todo se inició en noviembre de 2021 y que la preparación de los procedimientos llevó meses, tras varias tareas de inteligencia. Se marcó que la banda utilizaba días festivos o feriados (Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre o incluso los partidos del último mundial de fútbol) para realizar las operaciones de tráfico. Y ahí era cuando las autoridades activaban el seguimiento.
En Chile hay ocho detenidos, mientras que en Argentina son cuatro las personas tras las rejas.
En Argentina, la Fiscalía Federal de Río Gallegos comandó dos grupos de actuación junto a las fuerzas de seguridad: uno de planificación del desplazamiento y otro de labor técnica legal.
El caso
La banda está imputada por contrabando de mercaderías (cigarrillos –egreso hacia Chile-, cubiertas –ingreso desde Chile-, divisas y/o dinero), estupefacientes y lavado de activos, además de trata de personas y/o tráfico migratorio.
La hipótesis marca que “operaban en pasos fronterizos no habilitados” en 28 de Noviembre y Río Turbio y que usaban las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz y Bahía Blanca como base. Por otro lado, el contrabando se verificó en las ciudades de Puerto Natales y Punta Arenas (Chile).
El tráfico se realizaba por estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización. Estos lugares, mayormente zonas inhóspitas y de campo abierto, están ubicados a escasos kilómetros de la ruta nacional 9 de Chile.
“En aquellas zonas se transaccionaban las mercaderías ilícitas, que eran abonadas en dólares y cheques. Para poder llevar a cabo las operatorias ilícitas, la organización contaba con recursos propios, empresas de transporte, rodados de gran y mediano porte, diversos socios asentados en varias localidades y un importante poder logístico. En ese sentido, se detectó la emisión de facturas apócrifas por parte de la organización, a través de empresas en las cuales también se canalizarían los ingresos ilícitamente obtenidos”, se advirtió.
Además, se destacó que con las ganancias ilícitas de estas operaciones, los integrantes de la banda incrementaron su patrimonio comprando “vehículos de alta gama, camiones, vehículos de transporte de pasajeros, propiedades y negocios comerciales, como drugstores, bares, locales bailables, madereras y carnicerías, entre otros”.
La organización
A los cuatro “cabecillas” de la banda y a los detenidos en Chile se le suma un grupo extenso de colaboradores en 28 de Noviembre y además el auxilio de miembros de las fuerzas de seguridad.
“La organización que operaba en la Argentina estaba constituida por dos subgrupos -distinguidos por la existencia de un vínculo familiar– y por otras personas que, si bien no pueden ser asignadas a un grupo en particular, intervenían en la organización y participaban de las maniobras ilícitas desplegadas”, marcó la página oficial del Ministerio Público Fiscal.
Por lo tanto, además de los líderes de ambos grupos, había muchos subordinados que ejecutaban diversas maniobras. Cada uno con un rol determinado. Entre otros, intervinieron: administradores de estancias en las que se apostan pasos no habilitados a Chile, transportistas, miembros de la Gendarmería Nacional, intermediarios y contadores que proveían de un andamiaje adecuado, con estructuras propicias para el ingreso al circuito legal de fondos de origen espurio, a través de la utilización de personas jurídicas que posibilitan el financiamiento de la organización.
La investigación
La investigación se inició el 2 de noviembre de 2021, a partir de una nota efectuada por personal perteneciente al Escuadrón 43 “Río Turbio“ de la Gendarmería Nacional, se precisó, destacando la tarea desde Río Gallegos para analizar escuchas telefónicas de las líneas intervenidas judicialmente, con las que se pudo determinar la existencia de una organización trasnacional. “A ello se sumó el trabajo de análisis realizado desde el inicio por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) respecto de cuantiosa información fiscal y bancaria reunida en la investigación, la creación de perfiles patrimoniales y la detección de un circuito construido por la organización, permeable a la canalización de fondos espurios”, se agregó.
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