46 millones de pesos en dinero y cheques; 55 mil dólares, y 5,7 millones de pesos chilenos son los que serán destinados al Fondo Nacional de Justicia, luego de un megaoperativo internacional que generó un cimbronazo en las últimas horas en la zona más austral del Cono Sur.
Se trata de “Alianza Austral“, el golpe al contrabando que fue calificado como “histórico” e “inédito” por las mismas autoridades que, durante más de un año, estuvieron detrás de los pasos de una banda que, mediante engaños y triquiñuelas, hacía de las suyas en la frontera entre Argentina y Chile.
La causa es seguida desde un primer momento por La Opinión Austral y este diario ha tenido información exclusiva sobre los pasos que realizaron las Fiscalías de Argentina y Chile en torno a las averiguaciones y sobre el proceso judicial que avanza contra más de cuarenta imputados contando los de este lado de la cordillera como del otro.
Tal como se ha contado, todo comenzó en la jornada del miércoles 23 de agosto pasado cuando, de manera simultánea, las fuerzas de seguridad de Chile y Argentina ejecutaron 47 allanamientos en casas de cambio, domicilios particulares, distribuidoras y hasta locales bailables tanto en Argentina como en el país hermano.
La mayoría de los allanamientos se concentraron en la Cuenca Carbonífera y en la zona austral de la provincia Última Esperanza, del lado chileno. Es que, tal como lo consignó La Opinión Austral, la banda tenía una estancia que poseía un paso ilegal donde los contrabandistas pasaban cubiertas de autos (a Argentina) y dinero en efectivo, drogas y hasta armas de fuego (a Chile).
Del lado argentino, los detenidos son cinco: Marcelo Gasparini, Omar Schulmaeister, Pedro Toledo, Pablo Toledo y Maximiliano Toledo. Chóferes y empresarios de la cuenca que, tras los procedimientos de aquel miércoles, el viernes fueron trasladados a declarar al Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, a cargo de Claudio Marcelo Vázquez.
Cuatro de ellos se negaron a dar su versión de los hechos, mientras que uno desconoció ser parte de la banda y tener alguna participación en la misma. Actualmente están alojados en dependencias policiales de la ciudad capital de Santa Cruz, a la espera del potencial procesamiento por “asociación ilícita agravada, contrabando agravado y lavado de activos“.
Cabe remarcar que, desde la indagatoria, comenzaron a correr los diez días hábiles, tiempo que tiene el juzgado para resolver. En ese sentido, hay que remarcar que el magistrado puede procesar a los acusados antes y también se encuentra facultado para pedir una prórroga y determinar la suerte judicial de ellos más adelante.
Es que, desde esta semana, pueden surgir novedades del caso con la indagatoria a veintidós personas más. Ellos se encuentran imputadas, pero en libertad. A partir de sus declaraciones, podría desentramarse la compleja ingeniería que los integrantes de la banda operaba para contrabandear y lavar el dinero para que volviera al circuito legal.
En ese sentido, podrían haber nuevas detenciones por nuevos datos, nuevos delitos o el agravamiento de la acusación contra algunos de los detenidos o de toda la banda.
El día de los allanamientos, Gendarmería allanó el estudio contable de Jonatan Van Thienen, presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, ya que tres de los imputados son sus clientes. “Estamos investigando si él tiene un rol”, indicaron desde el juzgado. Pese a eso, el contador dijo que se encuentra a disposición de la Justicia. Las indagatorias comenzarán esta semana y, por lo complejo de la causa, se espera que se extiendan hasta mediados de mes
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