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La causa judicial contra el ex concejal Emilio Maldonado entró este miércoles en una instancia decisiva en Río Gallegos, con la exposición de los alegatos y el pedido de una pena de 11 años de prisión por parte del Ministerio Público Fiscal. El requerimiento fue formulado por la fiscal Verónica Zuvic y acompañado por la querella, en el marco del segundo juicio oral que enfrenta el ex edil por graves hechos de abuso sexual contra cuatro menores de edad.
La jornada se desarrolló en la Cámara Oral de la capital santacruceña, en calle Malaspina 41, bajo un fuerte dispositivo de seguridad aunque, a diferencia de lo ocurrido en el primer proceso contra Maldonado, esta vez no se registraron manifestaciones en las inmediaciones del edificio judicial. El clima afuera fue de inusual calma, mientras puertas adentro avanzaba un debate atravesado por testimonios sensibles, referencias al estado de vulnerabilidad de las familias involucradas y un cierre cargado de definiciones encontradas entre acusación y defensa.
Maldonado llegó al juicio acusado de haber abusado sexualmente de cuatro menores de entre 4 y 9 años, en un período que, según la acusación, se extendió entre 2016 y 2020. La causa fue elevada a juicio bajo la carátula de “abuso sexual simple -cuatro casos- en concurso real”, lo que colocó al ex concejal nuevamente frente a un tribunal integrado por María Alejandra Vila como presidenta, Jorge Yance como vocal titular y Enrique Arenillas como vocal subrogante.
La audiencia comenzó con un leve retraso. Cuando finalmente ingresó a la sala, Maldonado ya se encontraba en un contexto completamente distinto al del debate anterior, el que culminó con una condena de 16 años de prisión por el abuso de dos menores.
Durante la producción de prueba, declararon familiares de las víctimas, peritos que intervinieron en la causa y también la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, Julia Chalub. Según fuentes judiciales consultadas por este medio, muchos de los testimonios estuvieron orientados a describir el nivel de vulnerabilidad que atravesaban las familias y la intervención —o la ausencia de una respuesta adecuada— de las distintas áreas del Estado. Ese punto quedó instalado como uno de los ejes del debate: no solo lo que se juzga en términos penales, sino también el contexto social en el que habrían ocurrido los hechos.
Los alegatos
Ya por la tarde llegó el momento de los alegatos, la instancia en la que las partes cerraron sus posiciones ante el tribunal. El primero en exponer fue Sergio Macagno, querellante adherente, quien sostuvo que los hechos estaban acreditados, aunque no estaba habilitado para solicitar una pena concreta. Luego fue el turno de Verónica Zuvic, cuya intervención dejó uno de los pasajes más tensos de la jornada.
La fiscal mantuvo la calificación legal de la causa y pidió once años de prisión para Maldonado. Pero además dedicó un tramo de su alegato a cuestionar fuertemente el rol del querellante adherente. En una expresión de fuerte tono crítico, sostuvo: “no hizo una pregunta de interés para saber la verdad”.
El alegato de Zuvic marcó un punto de alta tensión dentro de la sala y expuso no solo la discusión jurídica, sino también las diferencias de enfoque entre las partes. Mientras la fiscalía sostuvo la acusación y el pedido de pena, la querella acompañó la postura de que los hechos se encontraban probados, y la defensa, encabezada por Botik, reclamó la absolución de su cliente.
Cuando se conocerá el fallo
Con ese planteo quedó formalmente cerrado el debate. Ahora todo quedó en manos del tribunal, que deberá resolver en los próximos días. La expectativa está puesta en el próximo viernes al mediodía, cuando -teniendo en cuenta los feriados de esta semana- se conocería el fallo contra el ex concejal, en las mismas instalaciones donde se realizó el debate de valoración de pruebas.
Cabe remarcar que, en caso que el tribunal dé lugar al pedido de la Fiscalía, se le computarán los años de pena a Maldonado y será tarea de la Secretaría de Ejecución, el cómputo de pena: teniendo en cuenta los años de la primera causa, los que lleva detenido y la potencial nueva pena.
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