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En un contexto de preocupación por la inseguridad y el avance del narcotráfico en diversas regiones del país, el gobierno nacional está impulsando una serie de reformas estructurales para robustecer las fuerzas de seguridad.
La Argentina se encuentra hoy ante un desafío complejo en su lucha contra el narcotráfico, que ha ganado terreno en diversas zonas del país, desde las fronteras hasta las grandes ciudades. Ante este panorama, el presidente Javier Milei está tomando decisiones clave para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. Una de las primeras medidas fue la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Ministerios, con el objetivo de reestructurar y potenciar el rol del Ministerio de Seguridad, que pasará a denominarse Ministerio de Seguridad Nacional. Este cambio no es solo simbólico ya que implica una ampliación de competencias para Patricia Bullrich, quien asumirá nuevas responsabilidades, que hasta ahora estaban distribuidas entre el Ministerio de Defensa y otras áreas del gobierno.
El flamante Ministerio de Seguridad Nacional tiene como referencia la estructura del Homeland Security de los Estados Unidos, un modelo que busca centralizar y coordinar los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. En el caso de la Argentina, uno de los objetivos principales será intensificar la presencia de las fuerzas federales en las provincias fuera del AMBA, una decisión que tendrá un impacto directo en regiones como Santa Cruz, donde la creciente presencia de narcotraficantes y el crimen organizado han generado preocupación entre las autoridades y la sociedad.
Patricia Bullrich, quien se perfila como una de las figuras clave del nuevo esquema de seguridad, se ha comprometido a fortalecer la Policía Federal Argentina (PFA), incrementando la cantidad de investigadores y redirigiendo los recursos hacia las provincias, con la intención de que el 70% de la fuerza esté desplegada fuera del AMBA.
Santa Cruz, que comparte una extensa frontera con Chile y se encuentra cerca de puntos de tránsito clave en el sur del continente, ha sido escenario de numerosos operativos de las fuerzas federales en los últimos años. Tal como lo informó La Opinión Austral, durante el año que termina se secuestró un total de 92 kilos de drogas, en el ámbito de la provincia.
En este contexto, la Policía de Santa Cruz, a través de su vocero, el comisario Elbio Ramírez habló con La Opinión Austral y destacó la importancia de la coordinación con las fuerzas federales, como la Policía Federal y Gendarmería, para intensificar los controles y la persecución del narcotráfico.
En particular, el comisario mencionó el trabajo conjunto con la delegación de la Policía Federal en Comodoro Rivadavia y las delegaciones de Caleta Olivia, con el objetivo de fortalecer la presencia de las fuerzas federales en las zonas más afectadas por el narcotráfico. Además, destacó la importancia de la formación continua de los brigadistas y bomberos, quienes forman parte del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, para garantizar una respuesta efectiva ante situaciones de emergencia en la región.
Uno de los avances más importantes en la lucha contra el narcotráfico en la región patagónica ha sido la creación del Comando de Operaciones Federales, que ya se encuentra operativo en ciudades clave de Chubut, como Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Esta unidad, según explicó Daniel Barrientos, encargado de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz a este diario, tiene como objetivo robustecer la seguridad en la zona y coordinar las acciones de las fuerzas federales en el sur del país.
El despliegue del Comando de Operaciones Federales en Santa Cruz y Tierra del Fuego se está llevando a cabo gradualmente, con el propósito de crear un anillo de seguridad integral en toda la región. Barrientos destacó que esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, a la vez que se implementan nuevas tecnologías en la lucha contra el ciberdelito y la ciberinformática, áreas cada vez más vinculadas con el crimen organizado.
La creación de esta unidad de coordinación también permitirá una respuesta más ágil y efectiva ante las amenazas que enfrenta la región, desde la narcodelincuencia hasta los delitos vinculados con el tráfico de armas, la trata de personas y otros crímenes transnacionales
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