Acevedo, Sancho y Peralta: imputados e inhibidos

Sin pronunciarse sobre si los citará a indagatoria, el juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de los bienes de los tres ex gobernadores, como así también del resto de los 36 imputados, entre los que están 7 ex ministros de Economía y ex y actuales integrantes del Tribunal de Cuentas, entre ellos su titular. Se investiga la responsabilidad provincial en el direccionamiento de la obra pública hacia Lázaro Báez.

El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer la inhibición general de bienes a los ex gobernadores de Santa Cruz Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta, en una causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en esa provincia a favor del detenido Lázaro Báez entre 2003 y 2015. La medida incluyó el “bloqueo al acceso a las cajas de seguridad que pudieran registrar a su nombre”, según la resolución judicial.

Ercolini debe aún resolver un pedido para citar a todos a declaración indagatoria que fue realizado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, una semana atrás, algo que hará más adelante.

No obstante, en lo inmediato, y de forma preventiva, dispuso la inhibición general de bienes para todos los imputados y el bloqueo de acceso a cajas de seguridad.

El juez entendió que la inhibición debe disponerse “para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir producto o el provecho del delito bajo pesquisa”, según la resolución.

Son 36 los imputados en total a los que los fiscales pidieron se los cite a indagatoria, y el juez decretó la inhibición de bienes. Entre ellos, además de los tres ex gobernadores, están los ex ministros de Economía de Santa Cruz: Luis Villanueva, Juan Bontempo, Juan Manuel Campillo, Diego Robles, Ariel Ivovich, José Blassiotto y Edgardo Valfré.

Además se imputó a actuales y ex integrantes del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz: Angelina Abbona, Carlos Ramos, Mario Layún y Gastón Pedelaborde, y los integrantes del equipo de Auditores: Alice Quinteros y Patricio Alvarez.

La causa

La citación es por el favorecimiento de la obra pública provincial a Lázaro Báez, como causa conexa a la que ya lleva adelante Ercolini en la que están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario de la construcción por asociación ilícita.

Los fiscales consideran que, “desde la estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de la maniobra sus facultades públicas y contribuyeron” -por acción u omisión- “al plan criminal que se decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional”.

En ese contexto, el rol de los ex funcionarios provinciales fue, para los fiscales, “imprescindible” a la hora de la “implementación y sostenimiento en el tiempo” de la maniobra, para lo cual actuaron “brindando su acuerdo previo tendiente a garantizar su éxito”.

Ercolini todavía no resolvió si acepta citar a los imputados, por ahora, resolvió inhibir sus bienes y bloquear el acceso a cajas de seguridad, como una medida “preventiva”.

Gerardo Pollicitas e Ignacio Mahiques enfatizaron que a partir de la causa madre, la decisión del Ministerio Público Fiscal fue “profundizar la pesquisa con el objetivo de que todos los que hayan participado en la concreción de la maniobra fuesen juzgados”, y consideraron que la “matriz de corrupción instaurada en la administración pública central se replicó en el ámbito provincial”, y entendieron que esos ex gobernadores “fueron gestores” con una estructura propia que desde las partidas presupuestarias “destinaba fondos al Grupo Austral”.

En tanto sus respectivos ministros de Economía de quienes dependía Vialidad Provincial, fueron responsables de “no controlar las obras viales”.

En consecuencia también solicitaron que se cite a declaración indagatoria a 18 funcionarios de Vialidad Provincial y dos profesionales de las empresas de Báez: Carlos Pistán y Manuel Parras.

Las razones

En la presentación se afirma “la responsabilidad penal” de los imputados, considerando que “para que la maniobra criminal investigada pudiera desarrollarse y extenderse en el tiempo conforme había sido planificada por los ex titulares del Poder Ejecutivo Nacional, fue necesario que la matriz de corrupción instaurada en la administración pública central se replicara en el ámbito provincial, en donde los ex gobernadores de Santa Cruz y los funcionarios de las distintas carteras de la administración pública provincial durante el período de 2003 a 2015 contribuyeron ?por acción u omisión? en el plan criminal destinado a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación y falta de control de obras viales al GRUPO BAEZ”.

En el extenso escrito de los fiscales de 355 páginas, al que tuvo acceso La Opinión Austral, los fiscales dividen los períodos investigados según la gobernación, luego de analizar 246 expedientes.

Así, por ejemplo, se señala que entre abril de 2004 y marzo de 2006: gobernación Acevedo- Villanueva Ministerio de Economía: Hubo obras adjudicadas al grupo Báez por más de 395 millones de fondos provinciales. En tanto durante el tiempo de Carlos Sancho?Juan Bontempo entre marzo de 2006 y septiembre de 2007 la erogación subió a más de 918 millones de pesos por obras viales adjudicadas al Grupo Báez. En el caso de la gobernación de Daniel Peralta con Juan Manuel Campillo en Economía, se transfirieron a las empresas de Báez, más de 561 millones de pesos, entre septiembre de 2007 y fines de 2009.