Alerta alquileres: crece la morosidad y los desalojos en Santa Cruz

El escenario para los inquilinos en Santa Cruz es cada vez más preocupante, con un agravamiento de la situación económica y la desregulación total del mercado de alquileres.

Matías Solano, referente de Inquilinos Santa Cruz, dialogó con LU12 AM680 Radio Río Gallegos y advirtió sobre los aumentos sin índices claros, el creciente endeudamiento y la consecuente judicialización de los alquileres.

La Federación de Inquilinos aseguró que los alquileres fueron liberados y no hay regulación.

describió la situación como “complicada” en Argentina desde hace largos meses, pero “lamentablemente se viene agravando en los últimos tiempos”, especialmente a partir de la desregulación completa de los alquileres impulsada por el gobierno nacional. Si bien antes existía un “poquito de control, un poquito de legalidad” en la relación de alquiler, hoy “está todo liberado“.

La consecuencia directa son los aumentos “cada 3 meses, cada 4 meses sin ningún índice claro“. Los inquilinos reciben notificaciones de aumentos con cálculos que, según Solano, “ni ellos se la creen”, lo que genera un “endeudamiento” y la “resignación” de gastos esenciales por parte de las familias.

Prioridad al alquiler

Una encuesta mensual realizada por la Federación de Inquilinos, en la que participa Inquilinos Santa Cruz, revela un dato alarmante: el endeudamiento familiar va en crecimiento y la gente está “recortando gastos para poder pagar el alquiler“.

Así, destacó que si bien siempre hay excepciones, en general, los inquilinos “se preocupan mucho por pagar el alquiler“. “Por ahí resigna hasta la comida, pero paga el alquiler. Resigna la salida, resigna la salud“, afirmó, subrayando que esta realidad también se ha medido en las encuestas, ya que “nadie quiere estar intranquilo en la casa donde vive”.

Con la derogación de la Ley de Alquileres para los contratos iniciados a partir de diciembre de 2023, “hoy la única regla que va a tener el inquilino a la hora de alquilar es el contrato“. Esto implica que no hay regulación sobre los aumentos o los índices, lo que se convierte en un riesgo para los inquilinos.

Solano insistió en la importancia de que la gente tenga el contrato en papel y firmado por la otra parte, incluso si es solo por el intermediario o inmobiliaria. Advirtió que es común que las inmobiliarias no entreguen el contrato firmado por el propietario, que a menudo reside en otras provincias o el exterior, dejando al inquilino sin respaldo legal. “Si no tenemos el contrato, no tenemos ninguna regulación. Lo único que tenemos es el Código Civil que establece reglas muy generales, muy básicas de buena fe, de cuáles son las responsabilidades contractuales, pero muy muy muy lejos”, explicó.

El abogado advirtió de la necesidad de que el inquilino tenga en su poder el contrato.

La falta de regulación permite que se incluyan cláusulas “difusas” con respecto al aumento, lo que habilita a los propietarios o intermediarios a “ver qué le conviene más” al momento del ajuste. Esto ha llevado a inventos como el uso de “el ICL dividido en tres meses o en 4 meses“, con el objetivo de llevar el precio al “valor de mercado”, que en realidad es “una estafa directamente y que además la gente no lo puede pagar”.

Hoy, una casa de dos habitaciones para una familia tipo en Río Gallegos ronda el millón de pesos, un valor inalcanzable para la mayoría.

La situación económica y la imposibilidad de afrontar los costos del alquiler están generando una creciente judicialización. “Está creciendo los juicios desalojos, los cobros de deudas por alquileres, igual que de los servicios”, afirmó Solano, ya que las deudas se están volviendo “importantes”.

Lo más preocupante, según el referente de Inquilinos Santa Cruz, son los desalojos “de hecho” o ilegales, que ocurren “demasiado seguido para mi gusto”. Estas situaciones, donde “van y le sacan las cosas afuera”, son una muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentran los inquilinos ante la falta de regulación y la desesperación económica.