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Tras evaluar el resultado de la audiencia de Conciliación Obligatoria, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió profundizar las medidas de fuerza y continuar con el plan de lucha en unidad con el Frente Sindical. La decisión fue adoptada este viernes durante un Congreso Extraordinario, donde el gremio definió un paro total de actividades por 96 horas para los días martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de mayo. Cabe destacar que el lunes es feriado por el 25 de Mayo.
En ese marco, desde el sindicato señalaron que durante la instancia judicial no hubo respuestas por parte del Ejecutivo provincial y calificaron la situación como “extorsiva“. Asimismo, expresaron su rechazo al accionar del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al que acusaron de desempeñar un rol “incongruente” como árbitro del conflicto al formar parte de la patronal.
Además, el Congreso ratificó el pedido de respuestas concretas dentro de la subcomisión laboral sobre tres puntos considerados centrales para el sector docente.
En primer lugar, exigieron una fecha precisa para la paritaria salarial con una propuesta concreta que permita a los trabajadores “salir de la línea de pobreza“. También reclamaron el establecimiento de un plan y cronograma de trabajo inmediato para abordar el proyecto pedagógico impulsado por la docencia.
A ello se sumó el pedido de definición de una fecha próxima para la devolución de todos los descuentos salariales aplicados a los docentes desde diciembre de 2025 hasta la actualidad.
Por otro lado, la Comisión Directiva Provincial de ADOSAC manifestó su rechazo a las “amenazas” emitidas por el Consejo Provincial de Educación (CPE), al remarcar que la huelga constituye un derecho esencial de los trabajadores.
En ese sentido, apuntaron directamente contra la presidenta del organismo, Iris Rasgido, y denunciaron la baja de cargos y horas de educadoras que se encontraban en situación de tareas pasivas por cuestiones de salud. Del mismo modo, repudiaron la actuación de supervisores y directivos que ejecutaron la baja de docentes en excepción e idóneos por adherirse a las medidas de fuerza.
Entre otras definiciones adoptadas durante el Congreso, el gremio expresó su rechazo a cualquier intento de endeudamiento estatal y reclamó que los recursos públicos provengan de las regalías de empresas mineras y petroleras.
También solicitaron una inversión presupuestaria urgente para infraestructura escolar, principalmente orientada al sistema de calderas y a la finalización de obras, además de exigir el normal funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales para garantizar el acceso a atención médica, medicamentos y estudios de laboratorio.
Por último, ADOSAC manifestó su rechazo al Acuerdo 717/26, al sostener que la normativa fue aprobada por el CPE de manera unilateral y sin consulta a la comunidad educativa.
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