Becas en Perito Moreno: el Concejo Deliberante apuntado por no controlar y poner en riesgo el futuro de estudiantes

¿Se puede promover el desarrollo educativo estimulando que los alumnos saquen bajas notas? ¿Es posible imaginar que el presidente de un Concejo Deliberante declare abiertamente que no tiene sentido respetar las normativas del mismo cuerpo que administra? Es casi como si un juez dijera que no hace falta respetar la ley, o un médico desconociera los diagnósticos para definir un tratamiento. Sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo por estos días en la localidad santacruceña de Perito Moreno, donde una polémica inesperada y preocupante se instaló en el seno del Concejo Deliberante.

Todo comenzó cuando un grupo de legisladores municipales decidió cuestionar —públicamente y por fuera de los mecanismos legales establecidos— la validez del criterio de mérito académico como condición para otorgar becas educativas. Es decir, pusieron en tela de juicio la lógica más básica y universal que rige este tipo de programas: premiar el esfuerzo, incentivar el progreso y acompañar el desarrollo de quienes demuestran compromiso con su formación.

La situación resulta aún más paradójica si se tiene en cuenta que las ordenanzas del propio Concejo Deliberante —más precisamente la Ordenanza HCD N.º 2921/2024— establecen que el rendimiento académico es el principal criterio para acceder y renovar una beca, fijando estándares específicos para cada caso. Esa norma no es caprichosa: se inspira en los estándares más elementales que rigen en Argentina y el mundo. Basta con apenas mirar el programa nacional de Becas Progresar, ampliamente reconocido como modelo de estímulo educativo.

Según el reglamento de las Becas Progresar, los ingresantes deben aprobar al menos el 80% de las materias del primer año de cursada. Para quienes ya tienen la beca, el requisito es aprobar un mínimo del 50% de las materias del año anterior. Incluso, si no se alcanza ese umbral, el estudiante puede aplicar, pero percibirá solo el 80% del monto mensual. La lógica es clara y contundente: las becas son una herramienta para acompañar procesos de formación sostenidos, no un beneficio automático desvinculado del compromiso con el estudio.

Pero en Perito Moreno, esta lógica parece estar siendo desafiada contra toda lógica. Y lo más preocupante es que, en medio de este escenario, ha puesto en jaque uno de los programas educativos más importantes de la región que asiste a más de 130 estudiantes por año, impulsado a partir del trabajo conjunto entre el Concejo Deliberante y el sector privado, entre ellos la empresa minera Newmont Cerro Negro.

Desde la empresa Newmont indicaron a La Opinión Austral que desde 2007, y hasta la actualidad, durante 18 años ininterrumpidos esa compañía ha acompañado la educación de jóvenes de Perito Moreno con aportes concretos para la realización de estudios terciarios y universitarios. La participación de Newmont en el programa de becas del HCD de Perito Moreno, que se financia en casi un 50% con recursos de la compañía, ha beneficiado a la fecha a más de 500 estudiantes desde su creación, y este año proyecta acompañar a 60, entre renovaciones y nuevos ingresos. La beca consiste en un aporte mensual de 12 cuotas de 120 mil pesos, que se entrega entre los meses de marzo y a febrero. Desde su puesta en funcionamiento a hoy, la compañía aportó cientos de millones de pesos a este programa puntual de estímulos educativos.

El respaldo de la empresa no es casual. Forma parte de una política sostenida de inversión comunitaria que incluye iniciativas en infraestructura, salud, conectividad y desarrollo humano. Pero la reciente politización que mostró el debate de los ediles respecto del programa de becas encendió luces de alarma. Durante las últimas semanas, representantes de Newmont detectaron que una parte de los postulantes incluidos en el listado propuesto por el Concejo no cumplía con los requisitos que marca la ordenanza vigente. En otras palabras, había una intención explícita de incluir beneficiarios por fuera de los parámetros establecidos. No solo eso: las autoridades del propio Concejo Deliberante lo admitían públicamente, desafiando sus propias normativas.

Frente a esta situación, la compañía expresó su preocupación. Newmont ha respaldado y tiene la intención de seguir respaldando programas que premian el esfuerzo, la equidad y el acceso a oportunidades. Pero, admiten cerca de la empresa, ese compromiso no puede extenderse a prácticas que distorsionan la finalidad de la herramienta ni a decisiones que socavan la transparencia y previsibilidad del proceso.

Así, lo que comenzó como un desacuerdo técnico terminó por abrir una grieta institucional más profunda. Porque detrás del debate por las becas, lo que se pone en juego es un valor mucho más amplio: la idea de que el desarrollo no se construye desde la arbitrariedad, sino desde reglas claras, esfuerzos sostenidos y políticas públicas coherentes.

Hoy, hay 31 jóvenes de Perito Moreno que sí cumplieron los requisitos y el mérito académico y postularon a las becas, y están esperando aún recibir su respaldo, pero estas discusiones están demorando esa resolución que debe tomar el Consejo, afectando de este modo a quienes se han esforzado.

Perito Moreno tiene en sus manos la oportunidad de corregir el rumbo. El mérito no es una exigencia excluyente, es una brújula. Y los jóvenes de la localidad merecen saber que su esfuerzo vale.

No hay control

Pero eso no es todo. La Opinión Austral pudo conocer que un estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica, becado desde el 2021, no ha presentado ninguna documentación desde su inicio. Otro caso es el de un estudiante de Medicina que, desde el año 2023, debería estar cursando tercer año, está en primero y tiene apenas tres materias aprobadas en 2023 y ninguna en 2024. Dicha información forma parte de la documentación presentada por el Concejo Deliberante.

El Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Perito Moreno está encabezada por su presidenta, Valeria García, la vicepresidente 1°  Analía Moro y los concejales Pamela Pesoa y José Subiabre.

Qué dijeron desde Newmont

Sandro Sánchez, vocero de la empresa Newmont, explicó que el programa de becas que se otorga en Perito Moreno no es gestionado por la compañía, sino que es administrado por el Concejo Deliberante, con quien la empresa firma un convenio cada año para financiar a 60 jóvenes que cursan estudios superiores fuera de la localidad.

“Nosotros no controlamos quiénes acceden a la beca ni establecemos los criterios. Eso lo determina el Concejo Deliberante a través de la ordenanza 2921. Nuestro compromiso es financiar a los estudiantes, siempre y cuando se cumplan los requisitos”, aclaró.

Sánchez detalló que los estudiantes deben aprobar al menos el 40% de las materias del último año cursado, y si ya están avanzados en la carrera, deben además tener aprobado el 100% del año anterior. También se excluye a hijos de funcionarios, empleados públicos o trabajadores de la empresa, y se considera la situación socioeconómica.

La polémica surgió, según contó el vocero, cuando a principios de 2024 Newmont detectó inconsistencias en el listado de becarios enviado por el Concejo. “Vimos casos de jóvenes que llevaban años recibiendo la beca sin registrar avances en sus estudios. Eso nos preocupó, porque somos quienes aportamos los fondos y necesitamos garantizar que el apoyo llegue a quienes realmente lo merecen”, sostuvo.

La empresa pidió información respaldatoria en reiteradas ocasiones -incluyendo certificados analíticos-, pero recién en marzo de 2025 comenzaron a recibir la documentación, fuera del plazo acordado. Al revisar los datos, identificaron que 21 de los 60 becarios no cumplían con los requisitos.

“Queremos sostener las 60 becas, pero destinarlas a quienes sí cumplen. Si no llegamos a ese número, pedimos que se presenten nuevas altas de jóvenes que realmente estén estudiando”, afirmó Sánchez. Y agregó: “Nuestro compromiso con la educación sigue firme. Hoy tenemos más de 30 estudiantes en regla esperando el pago de sus becas y no podemos avanzar porque se nos está solicitando incluir a jóvenes que no cumplen con lo acordado”.