Domiciliaria de Cristina Kirchner: Casación ya tiene fecha para definir su régimen de visitas

La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el 7 de julio al mediodía la audiencia en la que se resolverá un punto clave del cumplimiento de la prisión domiciliaria que pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner: si puede o no recibir visitas sin autorización previa del tribunal.

La ex presidenta, condenada a seis años de prisión en la denominada causa Vialidad, cumple su pena bajo la modalidad domiciliaria en su departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, el régimen de visitas impuesto limita el acceso a familiares directos, abogados y médicos, lo que la defensa considera una medida “restrictiva de sus derechos políticos y partidarios”.

La decisión de convocar a audiencia fue tomada por la Sala IV de la Cámara, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, tras analizar un recurso presentado por los abogados defensores contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, que estableció un sistema de autorizaciones previas para cualquier otra visita.

“La regla de conducta esencial en casos de prisión domiciliaria se limitaba a acatar la restricción ambulatoria durante todo el lapso de vigencia de la condena”, argumentó la defensa en su escrito, al tiempo que cuestionó la colocación de una tobillera electrónica para controlar el cumplimiento de la condena, aunque ese punto todavía no fue tratado por la Casación.

En paralelo, más de 700 pedidos de visitas llegaron al Tribunal Oral N° 2 por parte de ciudadanos, referentes sociales, 44 diputados nacionales y 30 senadores que solicitaron ver a la ex mandataria, lo que intensificó el debate sobre los límites del régimen domiciliario aplicado a figuras públicas con actividad política vigente.

También se espera la eventual respuesta de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes se habían opuesto desde el inicio a la concesión del beneficio de la domiciliaria y dejaron expresamente asentado su derecho a apelar ante la Cámara en caso de que la decisión no les resulte favorable.

La medida de fondo surge tras la decisión de la Corte Suprema, que el pasado 17 de junio dejó firme la condena, lo que activó el cumplimiento de la pena bajo una modalidad alternativa debido a su estado de salud, edad y otras condiciones especiales. Entre las pautas de conducta impuestas se establecieron: no perturbar el orden público, limitar las visitas, y aceptar el monitoreo electrónico.

Una vez realizada la audiencia del 7 de julio, la Cámara tendrá un plazo de cinco días hábiles para dictar sentencia. El fallo podría establecer criterios jurisprudenciales para futuras situaciones similares en el marco de causas de alto perfil.