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En las últimas horas se conoció que el pasado 16 de septiembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que es considerado “trascendental” en la causa Austral Construcciones, resolviendo un incidente de competencia.
El máximo tribunal definió que frente a un conflicto entre un Tribunal Oral Federal (que tenía bienes decomisados) y el Juzgado Comercial (donde tramitaba la quiebra), debía prevalecer la órbita comercial.
La decisión no sólo afecta a la quiebra de la constructora del empresario Lázaro Báez, sino que sienta un precedente con consecuencias directas sobre otras causas resonantes. En particular, el juicio oral por Hotesur-Los Sauces, reactivado en abril de este año.
Si allí se resolviera el decomiso de bienes que formen parte del acervo sucesorio del expresidente Néstor Kirchner, la ejecución debería tramitarse en la Justicia provincial, donde radica el expediente sucesorio.
En ese escenario, la instancia final sería el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Distintos sectores advierten que la reciente intención de ampliar y blindar ese tribunal no responde a una necesidad institucional abstracta, sino a garantizar multiplicidad de miradas sobre los expedientes sensibles que involucran al patrimonio de la familia Kirchner.
Para el Gobierno, el operador en Santa Cruz del kirchnerismo en la Justicia es Marcelo Bersanelli y según Sergio Bucci, vocero de Claudio Vidal, mediante su actuación buscan evitar que jueces no amigos puedan acceder y analizar en detalle la evolución patrimonial del expresidente y sus herederos.
“El fallo de la Corte deja en claro que, de ahora en más, los procesos de decomiso vinculados a patrimonios sucesorios recaerán en los tribunales provinciales. En Santa Cruz, esto significa que el futuro de causas emblemáticas podría quedar atado a un Tribunal Superior cuestionado hace muchos años por su falta de independencia”, expresó Bucci.
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