Bocinazo de taxistas en Río Gallegos: protestaron frente a la Municipalidad por la crisis del sector

Este viernes, más de un centenar de taxistas y remiseros protagonizaron un ruidoso bocinazo frente a la Municipalidad de Río Gallegos y coparon la avenida San Martín en el inicio de las medidas de fuerzas del sector. El reclamo apunta a la difícil situación que atraviesa el transporte público individual en la ciudad, marcado por una fuerte caída de la rentabilidad, la suba de combustibles y la falta de regulaciones efectivas frente al avance de plataformas como Uber.

La protesta fue organizada luego de que, en asamblea, los choferes acordaran presentar un petitorio con tres puntos clave al Municipio:

• Suspensión de la inspección anual obligatoria de los vehículos.
• Eliminación de Uber y control del transporte ilegal.
• Modificación de la ordenanza municipal que regula la actividad.

Según los propios trabajadores del volante, el sector se encuentra “contra la espada y la pared”. Aseguran que, de no tomarse medidas urgentes, el sistema tradicional de taxis y remises podría desaparecer en Río Gallegos. Tal como había adelantado La Opinión Austral, más de 500 vehículos están habilitados, pero la actividad es insostenible: los costos para operar superan los $26.500.000, mientras que un vehículo que funciona con Uber ronda los $9.000.000.

Conflicto en aumento

El conflicto se intensificó luego del decreto presidencial que desreguló la Ley de Tránsito, lo que impactó en los requisitos para obtener licencias profesionales. En Río Gallegos, los taxistas consideran que el Municipio no acompaña con soluciones concretas. En cambio, desde el gobierno local rechazan los planteos y aseguran que han mantenido el diálogo abierto.

Sara Delgado, secretaria de Gobierno, afirmó que “el Municipio no obliga a nadie a tener una patente” y que no cederán ante “extorsiones”. También señaló que el año pasado se había acordado suspender inspecciones como medida extraordinaria, pero muchos choferes aún no regularizaron su situación. “Es nuestra obligación como Estado garantizar la seguridad de los usuarios”, agregó.

Respecto a Uber, Delgado fue tajante: “Este no es un fenómeno local. Es una plataforma internacional que no necesita autorización municipal. La gente la elige porque es más barata, aunque no sea segura”.

Mientras la tensión crece, el Municipio adelantó que no está dispuesto a desregular la ordenanza que regula taxis y remises. Aunque hubo reuniones previas para revisar ciertos puntos, desde el Ejecutivo local afirman que los representantes del sector no cumplieron con lo pactado.

“El intendente Pablo Grasso manifestó su voluntad de morigerar el impacto económico, pero desde el sector eligen siempre el conflicto”, concluyó Delgado.