Caja de Previsión Social: crecen los rechazos al Decreto 608 para jubilar a estatales y piden su nulidad

En un adelanto exclusivo de La Opinión Austral, se conoció que la Justicia rechazó la jubilación compulsiva de la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Reneé Fernández, medida que también alcanza a las vocales Alicia Mercau y Paula Ludueña.

Tras esta definición judicial, el móvil de LU12 AM680 dialogó con Cristian Sánchez, vocal por los activos en la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, quien afirmó que crecen los cuestionamientos contra el Decreto 608 y detalló el reclamo de los trabajadores estatales que se suman a la presentación judicial.

Incompetencia legal

Sánchez repasó el origen del reclamo desde la emisión de la normativa en 2024: “Cuando nosotros tomamos vista del decreto enseguida planteamos y nos dijimos que veíamos que algo no andaba bien. Hicimos la verificación de fondo y obviamente encontramos que había algo que no correspondía, que era la inconstitucionalidad de un hecho que tiene que ser justamente en una jubilación que tiene que ver entre un trato entre la persona que está trabajando y su empleador. Este decreto interrumpe eso y facultaba a un tercer órgano, que era la Caja, a jubilarse”.

A partir de allí, la aplicación quedó detenida por una medida cautelar contencioso administrativa impulsada por Sánchez junto al abogado Matías Solano. Sin embargo, en 2026 entró en vigencia la nueva ley que limita las cautelares a seis meses de efectividad. “Al pasar esa ley, lo que pasó fue que la cautelar que yo presento se cae y la Caja, en forma rápida, poco certera, llama a una reunión extraordinaria de directorio para justamente jubilar a estas 27 personas”, explicó sobre los ceses aplicados a las tres vocales del Tribunal Superior de Justicia y a 24 trabajadores estatales.

Casos viales

El vocal fundamentó el malestar a partir de las vivencias directas de los trabajadores: “Tuvimos la presencia de cuatro trabajadores que fueron acercados por la media, después telefónicamente con tres personas más del interior y pudimos escuchar de boca viva lo que sintieron al enterarse por un medio que habían sido jubilados”.

Entre ellos, mencionó a una integrante con mandato vigente en la comisión directiva del Sindicato Vial y de otro empleado vial de Comandante Luis Piedrabuena que viajaba a Río Gallegos a buscar insumos para que sus compañeros trabajaran en la ruta: “Se enteró en el camino cuando lo llama su hijo y le dice que está en un listado de jubilados. Cuando los compañeros viales estaban acá se contactan con él y dijo que no pensaba que lo iban a jubilar”

Frente a la situación, hicieron intervenir al presidente de la institución: “Llamamos al presidente de la Caja de Previsión para que él escuche de voz propia lo que sentía ese trabajador al saber lo que le había pasado. El trabajador se lo pudo decir personalmente, le dijo: ‘Siento que después de haberle entregado tanto tiempo al Estado me están jubilando, y la otra compañera igual”.

“Los tres trabajadores viales fueron alcanzados por la medida y están presentando una medida judicial muy parecida a la de las juezas”, añadió.

Riesgo previsional

Sobre la definición judicial que favoreció a Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña, Sánchez aclaró: “Hay que separar lo que fue el Decreto 608 con respecto a las tres vocales del Tribunal Superior de Justicia y muy diferente la situación de esas 24 personas que no tuvieron la repercusión mediática y no pudieron expresarse en contra de este decreto. Hoy las tres juezas fueron alcanzadas por una orden del fiscal Copa que no podían ser jubiladas. Ahora lo que falta resolver en la cuestión de fondo es la nulidad completa del Decreto 608 por parte del Tribunal Superior de Justicia“.

Al explicar por qué se debe anular la norma, remarcó la técnica legal del trámite: “Las personas tienen que entender que para pasar de la actividad a la pasividad tiene que ser una decisión propia, una relación entre el empleado y el empleador. Cuando la Caja dice ‘yo te concedo un beneficio’, vos como empleado le decís a tu empleador ‘hasta acá llego, renuncio’, el empleador acepta esa renuncia y se la da a la Caja, y ahí recién aplica la ley la Caja de Previsión. En este sentido, con el Decreto 608 era la Caja de Previsión justamente la que acataba la medida contra el trabajador”. Ante esto, denunció: “Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Creemos que hay un ensañamiento no solamente contra la justicia provincial sino también con el trabajador“.

Por otro lado, cuestionó duramente los criterios de selección de la nómina: “Preguntamos en el directorio cómo fue la selección de esas 24 personas y nunca nos supieron decir. Si querés tener una balanza equitativa tenés que poner primero limpiar tu casa y después ir para adelante. En ese caso, el vicegobernador está desde marzo notificado y no estuvo su expediente arriba de la mesa, e incluso una de las vocales de la Caja de Previsión también está alcanzada por esa renuncia y tampoco estuvo en esa mesa”.

Sánchez concluyó alertando sobre las consecuencias financieras para Santa Cruz y la sustentabilidad del sistema: “Aparte de estas 24 personas, por lo que pudimos investigar hay más de 500 personas en la provincia y ahí la peligrosidad de la sustentabilidad del sistema. Acordate que el activo es el que sostiene el sistema y estamos hablando de jubilar casi 500 personas de golpe cuando generalmente por mes estamos jubilando entre 90, 100, 120 personas. De golpe sacarle 500 personas activas es un riesgo importante para el déficit de la Caja“. Para finalizar, reiteró: “Esperamos que el Tribunal Superior se expida para avanzar sobre esos compañeros y que tengan la tranquilidad de que nadie los va a jubilar contra su voluntad“.