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Con la firma del Decreto N.º 0644, el gobernador Claudio Vidal formalizó la restitución del doctor Eduardo Emilio Sosa como Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, poniendo fin a un proceso judicial e institucional que se extendió durante más de tres décadas.
El decreto, fechado el 26 de junio de 2026, cumple con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con el acuerdo otorgado por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, completando el último paso administrativo para el regreso de Sosa al cargo del que había sido apartado.
El conflicto se originó en 1995, cuando una ley provincial eliminó el cargo de Procurador General. Esa decisión implicó, en los hechos, la remoción de Sosa. “Desde entonces inició un largo recorrido judicial para reclamar la restitución de sus derechos y el respeto a las garantías constitucionales que amparan la estabilidad de los funcionarios judiciales”, aseguró el Gobierno provincial.
Tiempo después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el Estado santacruceño debía restituirlo en sus funciones, al considerar que la supresión del cargo no podía utilizarse como mecanismo para desplazar a un funcionario protegido por la Constitución. No obstante, la ejecución de esa sentencia permaneció pendiente durante varios años.
Tras el aval legislativo otorgado semanas atrás y la firma del decreto por parte de Claudio Vidal y la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, la Provincia concretó finalmente la restitución ordenada por el máximo tribunal del país.
En sus fundamentos, el Decreto N.º 0644 hace referencia al fallo de la Corte Suprema, al acuerdo prestado por la Legislatura y a las disposiciones de la Constitución Provincial que habilitan la designación, dejando formalmente restituido a Eduardo Emilio Sosa como Procurador General.
“La firma del decreto representa el cierre de uno de los procesos institucionales más prolongados de la historia reciente de Santa Cruz y marca el cumplimiento de una deuda que permanecía pendiente desde hacía más de treinta años, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con el respeto a la ley, las instituciones y las decisiones de la Justicia”, manifestó el Ejecutivo.
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