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El Juzgado Federal de Río Gallegos, con competencia Electoral, condenó este lunes a 2 años de prisión en suspenso a Diego Bavio, presidente del partido UNIR en la provincia de Santa Cruz, por haber usado firmas de avales falsificadas con el fin de poder presentarse en las elecciones de medio término de octubre 2025.
Bavio se postuló como candidato a diputado nacional a través de UNIR, luego de no llegar a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. Sin embargo, el día que se sorteó el orden en que aparecerían los candidatos en la Boleta Única Papel, el juez federal Claudio Vázquez comunicó que había resuelto suspender la candidatura por una investigación que llevó adelante el fiscal Julio Zárate por falsificación de firmas en los avales. Tras idas y vueltas judiciales, la Cámara Electoral decidió que el candidato, que tenía como referencia nacional a Patricia Bullrich, no participe de los comicios como candidato.
En paralelo, la fiscalía avanzó con la investigación penal por la falsificación de firmas. Y este lunes, en una audiencia que tuvo a La Opinión Austral como único medio presente, luego de pericias caligráficas y declaraciones testimoniales de personas que negaron haber dado el aval con su firma y la comprobación de la participación del ciudadano Herbert Vargas que era tesorero del partido SER, Zárate cerró un acuerdo con el acusado para evitar el juicio oral. Bavio admitió su responsabilidad y aceptó una pena de 2 años de prisión en suspenso.
Según la investigación, no se comprobó la responsabilidad de los otros dos acusado, Denis Litvak y Virginia Bavio, secretaria general del partido UNIR Santa Cruz.
El caso se convirtió en el primero con condena penal en materia electoral bajo el nuevo sistema acusatorio en la Justicia Federal, lo que establece un antecedente en la persecución de delitos vinculados a la presentación de avales y documentación partidaria.
Justamente, la reforma electoral que presentó el presidente Javier Milei ante el Senado incluye, además de la eliminación de las PASO, el requisito de que los candidatos deberán tener la “ficha limpia” y la suspensión de la elección directa de parlamentarios del Mercosur; cambios en el sistema de financiamiento de partidos políticos y modificaciones en los requisitos legales para presentar las listas, entre los que se impulsaría el aval con datos biométricos.
Exclusivo de La Opinión Austral: la investigación por las firmas adulteradas para las elecciones 2025
La acusación sostuvo que Diego Bavio firmó y presentó, en su carácter de presidente del partido UNIR, el acta de la Convención Provincial del 8 de junio de 2025 ante la Justicia Electoral, con firmas que no correspondían a las personas consignadas.
El documento se presentó de manera digital el 9 de junio de 2025 y luego en formato físico el 1 de julio del mismo año. Según la investigación, a la que accedió La Opinión Austral, incluía firmas atribuidas a distintos convencionales que luego negaron haber participado o rubricado el acta.
Emilia G. indicó que no firmó ningún documento y que no se encontraba en la provincia el día de la convención. Diana P.F. sostuvo que firmó su afiliación pero no integró la convención ni firmó actas. Morena P. afirmó no estar afiliada a ningún partido político. Stella Z. reconoció su afiliación pero negó haber firmado el acta.
Las pericias caligráficas y los cuerpos de escritura realizados permitieron comparar las firmas cuestionadas con las originales, lo que derivó en la conclusión de que los documentos presentados contenían rúbricas que no pertenecían a los supuestos firmantes.
Según consta en el expediente, el ciudadano Herbert Vargas, quien figuraba como responsable económico-financiero del partido SER y ocupaba un cargo dentro de su estructura, aparecía vinculado a documentación del partido UNIR. Ese cruce de información formó parte de la evidencia documental evaluada por la fiscalía para reconstruir el contexto en el que se presentaron las fichas de afiliación y los avales partidarios.
También se incorporaron documentos notariales en los que se certificaban firmas que luego fueron desconocidas por los propios ciudadanos, lo que formó parte del conjunto probatorio analizado.
Responsable
El Ministerio Público Fiscal encuadró la conducta en el delito de uso de documento público adulterado, previsto en el artículo 296 del Código Penal.
La acusación sostuvo que el delito se configura al utilizar un documento adulterado con efectos jurídicos, independientemente de quién haya realizado la falsificación material de las firmas.
La investigación consideró acreditado que el imputado utilizó el acta con firmas apócrifas para cumplir con los requisitos exigidos por la Justicia Electoral para ser candidato a diputado, lo que permitió avanzar con la imputación en calidad de autor.
Acuerdoy juicio abreviado
Tras completar la etapa de investigación penal preparatoria, la fiscalía y la defensa acordaron aplicar el procedimiento de juicio abreviado, previsto en el Código Procesal Penal Federal.
El acuerdo incluyó el reconocimiento de los hechos, la aceptación de la calificación legal y la pena propuesta. Bavio prestó conformidad durante la audiencia, lo que habilitó al juez a dictar sentencia sin necesidad de un juicio oral.
El fiscal Julio Zárate solicitó una pena de 2 años de prisión en suspenso, dentro de un marco legal que prevé sanciones de hasta 6 años para este tipo de delitos.
Condiciones de la condena
El juez federal Claudio Vázquez resolvió homologar el acuerdo y condenar a Diego Bavio a la pena de 2 años de prisión en suspenso por el delito de uso de documento público adulterado.
La sentencia incluyó la imposición de reglas de conducta. El condenado debe fijar domicilio y notificar cualquier cambio, mantener conducta ajustada a derecho y no cometer nuevos delitos durante 4 años.
En la misma resolución, el magistrado dictó el sobreseimiento de Denis Litvak y Virginia Bavio, luego de que la investigación no acreditó su participación en los hechos.
Fuera de las elecciones
La causa se originó a partir de irregularidades detectadas en la documentación presentada por el partido UNIR para participar en las elecciones legislativas de 2025 en Santa Cruz.
La Secretaría Electoral advirtió inconsistencias en las fichas de afiliación y en el acta de la convención partidaria, lo que motivó la apertura de una investigación penal de oficio.
Como consecuencia, la candidatura de Bavio fue suspendida y posteriormente excluida del proceso electoral, lo que modificó la oferta de listas en la provincia.
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