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En medio de tensiones por la conducción y el uso de las instalaciones, el presidente del
, Pedro Díaz, ratificó en diálogo con LU12 AM680 radio Río Gallegos que la actual Comisión Directiva mantiene el control del edificio y aseguró que se encuentran ajustados 100% a derecho. El referente institucional cuestionó con dureza el accionar de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y denunció maniobras políticas detrás del intento de desplazamiento de las autoridades.
La controversia se intensificó tras una serie de cruces administrativos y un reciente intento de ingreso al inmueble por parte de un sector opositor. Al respecto, Díaz explicó que existe una apelación con efecto suspensivo vigente desde 2024 que frena cualquier intervención sobre la entidad.
“Una disposición, un acto administrativo jamás puede ir en contra o superponerse a una resolución judicial de la cámara, y esto es lo que acá sucedió”, señaló el presidente de la institución al cuestionar a la funcionaria Olga Álvarez por declarar la acefalía de la comisión y convocar a elecciones en un plazo de 90 días.
En esa línea, el dirigente desmintió categóricamente la acefalía y la realización de comicios a corto plazo: “Eso no va a suceder porque no se ha resuelto la cuestión de fondo, la cámara no se ha expedido respecto a la cuestión de fondo. Por lo tanto, sigue vigente la medida cautelar“. Asimismo, adelantó que presentarán denuncias penales contra la funcionaria por la posible comisión de delitos como desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tensión institucional
Durante la entrevista, Díaz se refirió al intento de ingreso al predio registrado el pasado 19 de octubre, el cual contó con la presencia de escribanos, un cerrajero y efectivos policiales.
Al respecto, diferenció su llegada a la conducción en 2022 de la situación actual: “Yo entré y tuve que romper una puerta para entrar. Es verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Yo entré con una sentencia judicial. Yo tenía una sentencia judicial inapelable, es decir, firme“.
El titular de la entidad también cuestionó la notificación formal recibida por parte del organismo provincial. Según indicó, se enteró de la medida a través de un correo electrónico que ingresó en la carpeta de spam a las 18:00 horas, dándole un margen de pocas horas frente a los plazos legales de 15 días establecidos por la Ley 3801. “Se hizo todo mal”, graficó.
Durante los incidentes en el lugar, se reportó un forcejeo que derivó en una agresión física hacia una integrante de la comisión directiva, la prosecretaria Elizabeth Barría, situación que anticiparon será judicializada formalmente.
Consultado sobre el trasfondo de la disputa, Díaz consideró que las instalaciones son visualizadas por algunos sectores con intereses electorales como espacios de representatividad debido al peso histórico y social de la colectividad chilena en la vida política local.
“Si yo lo veo como hay algunos personajes que… quieren ser intendentes y creo que están apuntando fundamentalmente a eso. De última, si en algún momento toman la decisión de participar activamente por una candidatura, se pueden sentar con la comisión directiva y pedir el acceso para hablar con los asociados y se lo vamos a dar”, afirmó.
Actividades normales
A pesar del litigio administrativo y judicial, el presidente del Centro Chileno llevó tranquilidad a los socios, feriantes y vecinos que utilizan las instalaciones para disciplinas deportivas, culturales y recreativas.
“A partir de hoy las actividades son normales. Nosotros tenemos, creo que lo dije, arquería, fútbol, Newcom, danzas típicas argentinas, karate, tenemos un quincho social, y tenemos la feria los fines de semana, una feria que ya se ha convertido creo que en un símbolo de nuestra ciudad“, detalló.
Por último, ratificó que continuarán prestando los servicios habituales a la comunidad y que la institución mantendrá su funcionamiento administrativo bajo el amparo de los recursos judiciales interpuestos.
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