Daniel Mariani ordenó no liquidar el aumento de sueldos otorgado por el resto de los miembros del Tribunal Superior de Justicia

Un miembro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz ordenó no liquidar el aumento salarial dispuesto por el resto de los vocales del máximo órgano judicial provincial. A través de una resolución fechada este 14 de enero y en medio de la polémica, Daniel Mariani, quien firmó como presidente del cuerpo, declaró la nulidad de la medida aprobada el 30 de diciembre de 2025 y sostuvo que el incremento carece de validez legal por haber sido dictado sin competencia y sin las mayorías exigidas por la normativa vigente.

La decisión profundiza el conflicto interno que atraviesa al Tribunal Superior de Justicia, atravesado por una disputa abierta entre Mariani y los demás vocales, encabezados por Reneé Fernández, tanto por la presidencia del cuerpo como por la conformación de la cúpula judicial.

Tal como anticipó La Opinión Austral, la resolución cuestionada había sido firmada por las vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández y el vocal Fernando Basanta. El texto disponía un incremento salarial del 4% mensual para magistrados y funcionarios judiciales desde enero hasta julio de 2026, y un aumento adicional del 3% mensual entre agosto y octubre del mismo año. Representa casi un 40% de aumento salarial en 10 meses, llevando, el sueldo del vocal que más cobra, entre otros ítems por antigüedad, de 19 a 24 millones de pesos.

Esa resolución de la víspera de fin de año y que se conoció esta semana no contaba con la firma de Daniel Mariani. El Gobierno de Claudio Vidal cuestionó duramente el aumento “auto otorgado” por considerarlo excesivo en el marco de la crisis económica actual.

Este miércoles, en una resolución que Mariani firma como presidente del Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que el acto administrativo se encuentra “viciado en sus elementos esenciales” y citó diversos artículos de la Ley 1260, la Ley Orgánica de la Justicia y también de la Ley 3949, que amplió de cinco a nueve la cantidad de vocales en el Poder Ejecutivo. Según indicó, la medida fue dictada por un órgano que no estaba debidamente integrado ni reunía las mayorías mínimas requeridas por la normativa.

El presidente del TSJ remarcó que, cuando el Poder Judicial ejerce funciones administrativas, se rige por el derecho administrativo y sus principios, por lo que las decisiones deben ajustarse estrictamente a la legalidad. En ese marco, afirmó que corresponde a la Presidencia del Tribunal -que ostentó en esta oportunidad- no convalidar decisiones adoptadas sin competencia y ordenó de manera expresa al Sector de Administración General del Poder Judicial abstenerse de liquidar el incremento salarial.

Una resolución sin registro formal

Otro punto llamativo del texto firmado por Mariani es que deja constancia de que la resolución carece de registro formal debido a que los libros correspondientes se encuentran retenidos, lo que, según afirmó, le impide a la Presidencia acceder a ellos. Esta situación expone el nivel de conflicto interno dentro del máximo órgano judicial y suma un nuevo capítulo a la crisis institucional del TSJ.

La resolución fue comunicada a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia, a la Administración General del Poder Judicial y a las direcciones de Gestión Administrativa y Recursos Humanos. La firmó además de Mariani como presidente del TSJ, Cristina de los A. González, como secretaria Ad Hoc de la Superintendencia y Jurisprudencia.

La disputa por la presidencia del Tribunal Superior

La decisión de Mariani no puede analizarse de manera aislada. El presidente del TSJ mantiene un enfrentamiento abierto con el resto de los vocales por la titularidad de la presidencia del cuerpo, que también es reclamada por Reneé Fernández. A esto se suma la controversia por la conformación del Tribunal Superior de Justicia.

En 2025, la Cámara de Diputados de Santa Cruz y el Poder Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, sancionaron y promulgaron una ley que ampliaba la integración del TSJ de cinco a nueve miembros. Sin embargo, esa norma fue declarada inconstitucional por los cuatro vocales del Tribunal.

Hasta el momento, los nuevos miembros designados y aprobados por la Legislatura, José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Juan Lucio De la Vega y Gabriel Contreras, no pudieron asumir en el cargo y perciben el 50% del sueldo hasta que se resuelva su situación, gracias a un artículo incorporado especialmente en la ley de presupuesto 2026.