El Tribunal de Enjuiciamiento finalizó su proceso contra las tres juezas que participaron de los trámites de adopción a favor de la familia de la jueza del Menos, Angelica Zari.
Este 25 de marzo, se conoció el fallo mediante el cual se resolvió la destitución de Malena Totino, la jueza del Civil de Caleta Olivia, por desconocimiento inexcusable del derecho, en una causa que involucra a una menor de edad embarazada y en situación de extrema vulnerabilidad, para que su hija fuese entregada a otra jueza.
El caso inició el 17 de diciembre de 2018, por la entonces Jueza de Familia de Caleta Olivia, María del Rosario Álvarez, a raíz de una presentación espontánea de una joven de dieciocho años de edad y de nacionalidad boliviana, que expresó que estaba embarazada de seis meses y medio y que no podía tener a su hija por motivos económicos. “Si tuviese plata o la casa más grande si la cuidaría…”, había explicado.
Llegar a la joven no fue una casualidad. En ese mismo juzgado se tramitaba una causa por violencia doméstica iniciada contra el padre de la joven, y ella no quería cargar a su madre con otro drama y otra boca que alimentar.
Al día siguiente, Álvarez inició un trámite para poner a resguardo al “niño por nacer” y se libró un oficio a la Clínica Cruz del Sur donde controlaban el embarazo, ordenando que se le avise del parto, momento desde el cual “queda a disposición de éste Juzgado”.
Luego se supo que la idea de la adopción surgió cuando se estaba haciendo una ecografía y la persona que manejaba el aparato le sugirió que hiciera eso.
En una pericia psicológica a la joven embarazada, Vivian Burgi informó: “… da cuenta en la entrevista de la decisión que aún está elaborando de entregar al bebé que porta en su vientre… Refiere múltiples condicionamientos que determinan dicha posición…La joven evaluada se preocupa por las condiciones económicas y afectivas en que su hijo crecerá y que ella no puede garantizar ninguna de ellas (…)”, se lee.
Sin embargo, lo que aparece como denominador común en todo el expediente es que ninguna de las juezas involucradas, se ocupó de ordenar ninguna medida que diera intervención a organismos que puedan acompañar y fortalecer a la mujer. Este no es un dato menor, y si bien entonces no se había aprobado la Ley de los Mil días, que da acompañamiento a mujeres que eligen un aborto por razones económicas, bien pudieron haber avisado al Ministerio de Desarrollo Social para que la asistan.
El 11 de enero de 2019, Totino subroga a la jueza Álvarez, habilitando la feria judicial para continuar el trámite. Una semana después, la joven embarazada fue derivada al Hospital por considerar que lleva adelante un embarazo de riesgo.
Por aquel entonces, la directora del hospital era Patricia Zari, la hermana de la pretensa adoptante, a quien Totino le pide que atienda personalmente el caso.
Un dato a tener en cuenta es que el expediente tuvo caratulas como “situación”, “medida excepcional” o “amparo”, omitiendo la palabra adopción, básicamente porque el organismo de Infancia no estaba enterado.
La beba nació el 22 de febrero de 2019, pero fue recién en el mes de marzo que la coordinadora de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, Silvia Manriquez, recibe un pedido del juzgado para que entregara tres expedientes de pretensos adoptantes, entre ellos, el de la recientemente inscripta, Angélica Zari.
Esta situación llamó su atención, sobre todo cuando la propia Zari se comunicó con ella para preguntarle cuál era su legajo y si ese número debía dárselo a la jueza. La respuesta fue que no, que en todo caso se incorporaba a la nómina de familias que estaban en lista de espera.
Lo que la titular del Registro no sabía era qué menor estaban por dar en adopción, ya que nunca se lo habían comunicado al sistema. Así las cosas, tanto la niña por nacer, como la que nació, no existían más que para la madre y las tres juezas, ya que incluso 40 días después de haber nacido, ni siquiera estaba inscripta en el registro Civil. Era apenas una NN en una cama de hospital, sin indicación médica y con un rótulo sugestivo “Malena”.
“La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de éste. En esa senda, afirmó que la adopción constituye una figura subsidiaria por lo que sólo es posible apelar a ella ante la imposibilidad de un niño, niña o adolescente de vivir con su familia de origen o ampliada fundada en razones de gravedad y jamás en la pobreza”, explicó el Fiscal del caso, ya que como se sabe, las magistradas pretendieron avanzar con la adopción sin siquiera haber intentado localizar a familiares que pudieran hacerse cargo de la beba.
De hecho, el padre biológico se enteró de su existencia luego de que, como consecuencia de las dudas de la titular del Registro, el Ministerio de Desarrollo presentó una denuncia penal para anular todo. Recién entonces fue convocado al Juzgado, donde de inmediato manifestó que quería estar con su hija.
Otro dato llamativo fue que el 22 de marzo del 2019, cuando La Opinión Austral dio a conocer lo que estaba sucediendo en Caleta Olivia, Totino dicta una extraña misiva a sus empleados: “Hágase saber a las diferentes Actuarias del Juzgado de Familia que han intervenido o que intervengan en un futuro, que deberán abstenerse de brindar información a terceros ajenos al proceso y en caso de que la misma sea requerida por superiores jerárquicos, deberán poner en conocimiento a la juez interviniente y dejar debida constancia de ello”.
Para el fiscal, esto no fue más que un intento de “amedrentar a los empleados y funcionarios que intervinieron en la tramitación”.
Durante su derecho a defensa, Totino dijo que, en cualquier momento de los cuarenta días en los que la madre y la beba estuvieron separadas sin verse jamás, ella pudo haber ido a buscar a su hija y no lo hizo. Sin embargo se trata de una joven en situación de vulnerabilidad, a la que no solo le dijeron que la adopción ya era un hecho sino que incluso le mostraron como era la hermosa casa en la que viviría la beba.
Ni ella ni su madre entendieron jamás que el asunto era reversible, o que las magistradas podrían haberlas ayudado para que salieran adelante. Las mismas magistradas que intervinieron en el expediente de violencia familiar que venían acarreando desde mucho tiempo antes.
Durante el Jury, el juez Isla de Caleta Olivia dio su testimonio y contó que la propia Zari “habló conmigo, pidió hablar para pretender explicarme ‘off the record’ en qué consistía la causa y qué tenía que resolver”. Sin embargo la charla le resultó alarmante y decidió rechazar cualquier entrega de la beba, pero su intervención duró poco, ya que horas más tarde, Totino continuó el caso.
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