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Después de la octava reunión ordinaria del Consejo del Salario de Fuerzas Policiales y de Seguridad —en la que las propuestas presentadas por el Ejecutivo fueron rechazadas y se anunció un acampe frente a la Jefatura de Policía—, el Gobierno de Santa Cruz emitió un comunicado en el que calificó el encuentro como un “fracaso“.
“Luego de que los representantes del sector rechazaran, nuevamente, las propuestas salariales presentadas por el Poder Ejecutivo, ambas superiores a las ofrecidas en el encuentro anterior y con un impacto que permitía que un agente que recién inicia su carrera percibiera un haber de bolsillo por encima de la Canasta Básica Total“, señaló el escrito.
“Agresiones y roturas de vidrios del edificio”
Desde el Gobierno destacaron “su voluntad de continuar fortaleciendo el diálogo institucional y esfuerzo financiero para acercar posiciones”.
Sin embargo, reprocharon que “prevaleció una postura de intransigencia por parte de los representantes del personal policial, particularmente de la Zona Sur, quienes rechazaron de plano las alternativas puestas sobre la mesa, sin que pudiera alcanzarse un acuerdo”.
En ese sentido, expresaron “su más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones de la Escuela de Policía, donde, mientras se desarrollaba la reunión, se produjeron agresiones y roturas de vidrios del edificio“.
Consideraron que “estos episodios, completamente ajenos al espíritu de diálogo que debe regir una negociación salarial, obligaron a dar por concluida la reunión una vez formalizado el rechazo de las propuestas, impidiendo que el intercambio pudiera continuar en un clima de respeto y normalidad”.
Además, hicieron hincapié en que “ningún reclamo justifica la violencia ni el daño a bienes públicos, y que la construcción de consensos sólo puede sostenerse sobre el respeto institucional y el compromiso de todas las partes”.
Pese al nuevo rechazo, el Poder Ejecutivo ratificó su disposición a continuar las negociaciones a través de los canales institucionales, con el objetivo de alcanzar una propuesta que contemple la situación financiera de la provincia y las demandas del personal policial y penitenciario.
Finalmente, indicaron que realizarán “todos los esfuerzos responsables para mejorar las condiciones salariales del sector”, aunque advirtieron: “Resulta indispensable que las negociaciones se desarrollen con responsabilidad, buena fe y dentro del marco del respeto institucional, dejando de lado posiciones inflexibles que impiden avanzar hacia acuerdos en beneficio de todos”.
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