El Gobierno oficializó la intervención del Puerto de Ushuaia por un año tras detectar graves irregularidades

El Gobierno nacional dispuso este jueves la intervención del Puerto de Ushuaia por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga, luego de detectar graves deficiencias en infraestructura, seguridad y administración. La intervención comenzará a regir desde este viernes.

La decisión quedó formalizada tras la publicación de la Resolución 4/2026 en el Boletín Oficial, y fue avalada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). A partir de esta medida, el Estado nacional asumirá la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto, mientras se suspende su habilitación bajo control provincial, señaló “Crónica”.

Intervención

Según el texto oficial, la intervención alcanza exclusivamente a la infraestructura portuaria, incluyendo maquinaria, equipamientos, instalaciones, espejos de agua y espacios acuáticos lindantes dentro de la jurisdicción portuaria.

El Ejecutivo aclaró que no habrá transferencia de personal ni cambios en las relaciones laborales vigentes. En esa línea, la Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPYN fue designada como Unidad Ejecutora, con facultades para dictar normas operativas, garantizar la continuidad de los servicios y elevar informes periódicos a la autoridad nacional.

La medida fue tomada luego de los resultados de una inspección realizada entre septiembre y octubre de 2025, que reveló una serie de falencias consideradas críticas:

• Deterioro estructural del muelle
• Fallas en los sistemas de seguridad
• Deficiencias en mantenimiento, tecnología y gestión ambiental
• Bajo nivel de inversión en infraestructura, que representaba apenas el 1,3% del total de los fondos
• Ausencia de protocolos formales para la operación simultánea de carga y pasajeros
• Falta de auditorías y estándares mínimos en tecnología y seguridad de la información

En la normativa, se destaca que la mayor parte de los recursos financieros del puerto se destinaban al pago de personal y a préstamos, lo que impactó negativamente en la conservación y modernización de la infraestructura. Además, señalaron que el proceso que derivó en la intervención se inició tras una denuncia de sindicatos portuarios de Tierra del Fuego, que cuestionaron la promulgación de la Ley Provincial N.º 1596, orientada al fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

Ante esto, explicaron que la norma preveía que el sistema de salud se financiara con el superávit del Puerto de Ushuaia, generado durante 2024 y 2025. No obstante, los gremios advirtieron que esta decisión podía comprometer la autonomía financiera y la operatividad de la Dirección Provincial de Puertos, poniendo en riesgo el funcionamiento del puerto.

Desde la ANPYN aseguraron que la intervención no afectará la prestación de los servicios portuarios. Para ello, la Unidad Ejecutora podrá solicitar apoyo técnico y administrativo a la Administración General de Puertos S.A.U. (AGP).

Además, serán notificados la Prefectura Naval Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Provincia de Tierra del Fuego, la Dirección Provincial de Puertos y las empresas de servicios públicos, con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento durante el período de intervención.

Por último, se dispuso que la Caja Previsional de Tierra del Fuego determine el mecanismo de aportes de los trabajadores incluidos en el anexo de la resolución mientras dure la medida.