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La Justicia de Santa Cruz enfrenta el desafío de recuperar la capacidad de dar respuestas en tiempo y forma. En ese camino, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) intimó a distintos juzgados de Santa Cruz a regularizar graves atrasos y expedientes que permanecían paralizados, una decisión que vuelve a poner en el centro de la agenda el funcionamiento del servicio judicial y su responsabilidad frente a la comunidad.
La medida, representa una señal institucional sobre la necesidad de corregir demoras que afectan a quienes recurren a los tribunales para resolver conflictos, defender sus derechos o encontrar una respuesta ante situaciones que no pueden quedar indefinidamente pendientes.
Para el gobernador Claudio Vidal el mensaje es claro: los expedientes deben avanzar y los ciudadanos necesitan una Justicia que responda. El desafío es que las intimaciones se traduzcan en avances verificables, plazos razonables y una mejora efectiva en la atención de las demandas de la sociedad.
Este sábado el mandatario de la provincia de Santa Cruz se hizo eco del título que publicó La Opinión Austral que enfocó la resolución del TSJ sobre las más de 2.000 causas judiciales sin resolver en la primera Circunscripción Judicial de la provincia, sobre todo en juzgados de Río Gallegos. “Hace unos días leí una noticia que no puede pasar desapercibida. Sentencias pendientes, expedientes paralizados y cientos de escritos acumulados sin respuesta. ¿Durante cuánto tiempo se permitió que esto pasara? ¿Cuántos santacruceños tuvieron que esperar mientras la Justicia no resolvía sus problemas?”, expresó.
Más control para terminar con las causas paralizadas
A través de un informe, el Gobierno de Claudio Vidal destacó que la intervención del máximo tribunal provincial puso el foco en una de las principales demandas de quienes acuden a la Justicia: que sus causas tengan continuidad y que los procesos no queden atrapados durante meses o años sin una resolución.
Los atrasos judiciales no son una cuestión meramente administrativa. Detrás de cada expediente hay personas, familias, trabajadores o instituciones que necesitan una respuesta. Por eso, regularizar las causas pendientes y mejorar los tiempos de tramitación constituye una condición indispensable para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial.
La intimación del TSJ plantea, en ese sentido, una exigencia concreta hacia los juzgados alcanzados por la medida. Ahora será clave conocer los avances en la regularización de los expedientes y evaluar si las disposiciones permiten reducir las demoras que dieron origen al reclamo institucional.
Los cambios en la Justicia y la demanda de la sociedad
La decisión se conoce en un contexto de debate sobre el funcionamiento del Poder Judicial de Santa Cruz y la necesidad de avanzar hacia instituciones más eficientes, transparentes y cercanas a la ciudadanía.
El informe, señala que en ese escenario, los cambios propuestos por el gobernador Claudio Vidal en materia judicial se inscriben en una agenda de transformación institucional que plantea la necesidad de revisar prácticas, mejorar los mecanismos de control y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y que hoy está dando sus frutos.
Entre esos cambios, el que más impacto generó fue la ampliación de la cantidad de vocales de cinco a nueve, pero también están los cambios en la duración de las medidas cautelares, en el funcionamiento de los juicios a los magistrados para que los vocales no puedan frenar las denuncias, hasta la reincorporación del Procurador Eduardo Sosa.
“El objetivo de fondo es que el servicio de Justicia esté a la altura de las necesidades de la comunidad, con procedimientos que funcionen, causas que avancen y decisiones que lleguen en plazos razonables. Una Justicia que responda a los ciudadanos constituye una condición esencial para garantizar derechos y consolidar la confianza en las instituciones”, indicaron desde el Ejecutivo.
A su vez, desde la gobernación subrayaron que la responsabilidad de impulsar esas mejoras, sin embargo, requiere respetar la independencia del Poder Judicial y las competencias de cada uno de sus órganos. En ese marco, la intimación del Tribunal Superior de Justicia constituye una decisión institucional propia del máximo tribunal, cuyo impacto deberá medirse por los resultados que produzca.
El desafío: que las respuestas lleguen a la gente
La medida abre una oportunidad para avanzar sobre un problema que excede a los juzgados intimados: la necesidad de que el sistema judicial funcione con mayor previsibilidad, eficiencia y responsabilidad.
El control de los expedientes demorados es un primer paso. La mejora real se verá cuando quienes esperan una resolución encuentren respuestas, cuando los procesos recuperen continuidad y cuando el acceso a la Justicia deje de estar condicionado por demoras injustificadas.
La sociedad necesita instituciones que funcionen y que estén a la altura de sus obligaciones. La exigencia del TSJ coloca esa responsabilidad en primer plano y plantea una expectativa concreta: que los cambios institucionales se traduzcan en una Justicia más ágil, con mayor capacidad de respuesta y al servicio de los santacruceños.
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