El Tribunal Superior de Justicia fijó un ultimátum de 3 meses para regularizar los juzgados paralizados en zona norte

El Tribunal Superior de Justicia avanzó en auditorías en los juzgados de Pico Truncado y Caleta Olivia. De esta manera se umple una de las primeras definiciones que tomó el máximo rogano judicial de Santa Cruz luego que la Corte Suprema de Jusiticia convalidara la ampliación del tribunal a nueve integrantes.

El pasado 21 de mayo, La Opinión Austral anticipó las líneas directrices de la gestión del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, el doctor Gabriel Contreras Agüero. Se avanzaría en un mecanismo de control de gestión requiriendo informes detallados sobre el “volumen real de causas” a todas las cámaras de la provincia. El objetivo es auditar la dotación de personal, evaluar el flujo real de los expedientes y verificar si las demoras obedecían a deficiencias en el cumplimiento de los plazos establecidos por ley.

A poco más de un mes de aquellos anuncios, el avance de las inspecciones presenciales provocó un verdadero terremoto institucional que sacude la zona norte de Santa Cruz. Los resultados iniciales de las auditorías sacaron a la luz un alarmante estado de abandono, desidia y parálisis casi total en el que se encuentran los juzgados de Pico Truncado y Caleta Olivia, con dependencias paralizadas y miles de expedientes archivados, como lo informó La Opinión Austral el pasado 24 de junio.

Los detalles técnicos de la fiscalización -según Truncado Informa- quedaron plasmados en una resolución oficial del TSJ, registrada bajo el Tomo CLXXIV, Registro 47, Folios 47/48, dictada en Río Gallegos el 23 de junio de 2026 con la firma de Contreras Agüero y surge tras analizar las actas de inspección elevadas a la Presidencia por la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial, tras una instrucción de examen amplio dispuesta formalmente el pasado 5 de junio por el propio presidente del cuerpo y el vocal, doctor José González Nora. El diagnóstico general arrojó retrasos severos en el despacho diario, parálisis en el dictado de sentencias definitivas e interlocutorias y graves deficiencias de gestión interna.

Pico Truncado

La realidad más preocupante se detectó en el Juzgado de Primera Instancia Número Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Pico Truncado, se constató la total paralización en el dictado de resoluciones básicas. Esto implica que la adminsitración del servicio de Justicia está paralizado.

El retraso quedó expuesto en el sistema informático SIPED. Se informó que en la Secretaría de Familia, los auditores detectaron 150 escritos clavados en la bandeja de entrada virtual sin ningún responsable asignado para su trámite. La situación mostró un deterioro aún mayor en la Secretaría Civil del mismo juzgado, donde la cifra ascendía a 297 escritos digitales en idéntico estado de absoluto abandono.

Además, el examen de las oficinas físicas reveló la existencia de 33 escritos en soporte papel arrumbados y pendientes de firma manuscrita que datan del 2024 y 2025. El informe detalla además un congelamiento crónico: existen causas a sentencia congeladas sin resolución desde diciembre de 2024, junto con resoluciones interlocutorias con más de un año de retraso acumulado.

Caleta Olivia

La crisis de gestión presenta aristas igualmente complejas en Caleta Olivia, donde la auditoría realizada el 5 de junio de 2026 en el Juzgado de Familia constató un escenario de colapso absoluto.

El panel de control del sistema digital SIPED registró 53 escritos pendientes de asignar, 1.020 escritos acumulados a despacho, 234 listos para proyectar y 167 trabados a la espera de corrección interna.

Este juzgado mantiene trámites completamente congelados sin proveer desde el 10 de diciembre de 2025. Los auditores expusieron que se trata de una “negligencia”, especialmente considerando la alta litigiosidad de la materia, ya que la dependencia recibió una avalancha de más de 600 causas nuevas en lo que va del año 2026, lo que agrava el embotellamiento ante la falta de salida de los expedientes más antiguos.

Por otra parte, la inspección realizada en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nros. Uno y Dos de Caleta Olivia, auditados el 8 y 5 de junio de 2026, evidenció una maniobra particular de los magistrados para maquillar la situación. Si bien ambas dependencias mostraban el despacho diario formal al día para sugerir normalidad operativa, escondían una mora crónica en el dictado de sentencias definitivas trabadas desde el año 2025. El informe del Tribunal Superior resalta con dureza que pretendían justificar formalmente sus demoras de fondo mediante el abuso de reiterados pedidos de prórroga enviados a la Alzada para extender artificialmente los plazos legales.

Ultimátum del Tribunal Superior

En los considerandos de la resolución, el máximo órgano judicial de Santa Cruz destrozó las justificaciones corporativas presentadas de forma transversal por los jueces de las dependencias auditadas. Los magistrados pretendían ampararse en la escasez de personal y en las sucesivas medidas de fuerza dispuestas por el gremio judicial. Sin embargo, el TSJ aclaró de forma tajante que la antigüedad de las deudas procesales demuestra que la desidia excede cualquier coyuntura gremial o de recursos humanos actual, apuntando a deficiencias internas.

El documento del Tribunal Superior recordó los alcances del mandato constitucional, advirtiendo que la dilación irrazonable de los plazos procesales viola convenios internacionales con jerarquía constitucional, tales como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a las garantías judiciales. El fallo señala que estas prácticas erosionan la confianza pública en las instituciones y menoscaban de forma directa el acceso efectivo de las víctimas a la justicia.

El presidente del Tribunal Superior emitió un ultimátum perentorio de carácter administrativo. Intimó formalmente a la Cámara de Apelaciones, en su condición de órgano de superintendencia directa, a aplicar planes de contingencia urgentes y reorganizaciones funcionales de personal para que, en un plazo máximo e improrrogable de 3 meses, todos estos juzgados limpien sus atrasos y se pongan al día de forma definitiva.

Asimismo, se le otorgó al Presidente de la mencionada Cámara de Apelaciones un lapso estricto de 15 días máximos para rendir cuentas ante el TSJ y presentar de forma detallada el cronograma de regularización y las medidas efectivamente adoptadas en cada uno de los tribunales en crisis.