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La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario del Poder Ejecutivo Nacional contra la medida cautelar que protege los fondos de la educación superior. La decisión judicial deja firme la obligación de la administración de Javier Milei de garantizar las partidas presupuestarias para las universidades de todo el país.
El fallo exige el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa regula de manera directa el pago de becas estudiantiles y los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes.
“Al quedar firme la sentencia con el rechazo del recurso extraordinario, el gobierno ya no tiene margen de no cumplir la ley. El requerimiento que estamos haciendo desde la Federación, como toda la comunidad universitaria, es que cumpla la ley”, afirmó la secretaria general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA), Karina Dodman, a La Opinión Austral.
La presentación judicial inicial fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y posteriormente unificó los reclamos del resto de los sectores afectados. El origen del conflicto se remonta a las medidas del Ejecutivo para evitar la aplicación de la norma.
“El gobierno vetó la ley, pero sacó un decreto de inaplicabilidad. Eso hizo que se presenten las federaciones. La Conadu Histórica se presentó e integra esa causa, que después fue unificada con la primera presentación que hizo el CIN”, detalla el testimonio gremial.
El avance de la cautelar no agota el proceso judicial en los tribunales federales. Se advirtió desde el sector que la resolución definitiva sobre la legalidad de las partidas presupuestarias todavía se encuentra pendiente de resolución.
“La cuestión de fondo todavía no está definida. Hay que esperar la definición de la justicia. La discusión de fondo es que se cumpla toda la ley”, precisa la presentación del reclamo respecto al estado actual del expediente.
La resolución judicial coincide con el cierre del primer período del año académico en los establecimientos de educación superior. Los gremios del sector convocaron a instancias de debate institucional para determinar los pasos a seguir tras el receso.
Cómo sigue el plan de lucha
“Tenemos plenario de secretarías generales el miércoles. Este plenario va a hacer el balance del primer cuatrimestre y va a convocar a la discusión de las instancias para el segundo cuatrimestre”, anticipa la convocatoria.
El plan de acción y las protestas estudiantiles se definirán de acuerdo a la respuesta efectiva que brinde el Gobierno a las universidades. Las asambleas locales definirán las modalidades de los reclamos en las distintas provincias.
“Todo eso será variable de análisis para ver la forma en que se van a continuar las medidas de fuerza a mediano y corto plazo. Estamos en un contexto muy cambiante y las bases discutirán la forma de seguir”, sostiene el análisis gremial.
La conducción de ADIUNPA vinculó de manera directa el pronunciamiento de la Corte Suprema con el nivel de acatamiento de las marchas federales. Las movilizaciones públicas mantuvieron la problemática presupuestaria en el centro del debate político.
“Haber logrado la sentencia también es parte de lo que hemos construido en la comunidad universitaria y de lo que hemos sostenido a partir de tantísimas acciones. El acompañamiento de la sociedad nos permitió sostener en agenda la defensa irrestricta de la universidad pública”, concluyó.
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