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Santa Cruz formalizó su estrategia ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) para el próximo debate de la cuotificación del langostino. El desafío es administrar el principal producto exportador del sector con respaldo científico, biológico, previsibilidad económica y responsabilidad sobre una pesquería que sostiene flota, plantas, puertos, empleo y mueve la balanza de las exportaciones.
La administración patagónica reclamó formalmente un cupo de 50.000 toneladas de langostino para la provincia. La petición busca fijar posición antes del inicio formal de las discusiones técnicas por el recurso biológico más importante del Mar Argentino.
Santa Cruz considera que la implementación de un régimen de cuotificación para la pesquería de langostino en aguas de jurisdicción nacional debe constituir una herramienta positiva para el ordenamiento de la actividad, en la medida en que aporte previsibilidad, reglas claras y criterios objetivos para la administración del recurso. La construcción de este régimen debe desarrollarse mediante un proceso participativo, transparente y verdaderamente federal, con intervención de las provincias, cámaras empresarias, trabajadores y organismos técnicos y científicos.
El sistema deberá garantizar la sustentabilidad del recurso, fortalecer el trabajo argentino, reconocer el aporte de la flota congeladora y de la flota fresquera, valorar el esfuerzo de conservación realizado por Santa Cruz y asegurar una distribución justa y equilibrada.
El secretario de Pesca de Santa Cruz, Sergio Klimenko, dijo a La Opinión Austral, que “Santa Cruz se adelantó al debate y solicitamos la asignación de 50.000 toneladas para nuestra provincia”, afirmó. Asimismo, solicitó en el órgano federal que se respeten los ámbitos de debate y que la nueva cuotificación sea en el marco del Consejo Federal Pesquero, “lugar natural de este diálogo”.
Así es el debate
Klimenko explicó a La Opinión Austral por dónde se encamina el debate de este importante recurso pesquero argentino de fama internacional.
Frente a una biomasa promedio de 220.000 toneladas disponibles en aguas de jurisdicción nacional, el Consejo Federal Pesquero analiza una distribución técnica preliminar basada en un esquema de 80% y 20%.
De ese total proyectado, 176.000 toneladas se destinarían a la cuotificación. El cálculo se realizará mediante una ponderación que evalúa la historia de captura de cada buque, las inversiones realizadas, la flota congeladora o fresquera activa y el nivel de empleo registrado.
Por otra parte, 44.000 toneladas -completando el total de 220.000 tn- quedarían bajo el resguardo de la reserva nacional administrada por el Estado central. Estos volúmenes se utilizarían para corregir asimetrías al momento de la ponderación final y asistir a las provincias marítimas.
“En la última sesión lo que pedí fue que las discusiones se den exclusivamente en el seno del Consejo Federal Pesquero. El sistema tiene que diseñarse con reglas claras, criterios bien objetivos y los números sobre la mesa. Buscamos previsibilidad con equilibrio para que no haya grandes beneficiados y otros sectores dañados”, argumentó el secretario santacruceño.

La propuesta de Santa Cruz
Precisó que la estrategia técnica de Santa Cruz introduce dos variables regulatorias nuevas en la mesa de negociación, como ya fueron trabajadas con el calamar. La primera consiste en un esquema de incentivos geográficos por descarga que incrementa el puntaje de ponderación de las empresas según la proximidad de los buques a los puertos patagónicos. El diseño replica el modelo aplicado previamente en la pesquería de calamar (Illex argentinus).
El sistema de puntajes propuesto por la provincia establece una escala ascendente: 10 puntos para la descarga en la provincia de Buenos Aires; 15 puntos en Río Negro; 20 puntos en Chubut; 25 puntos en Santa Cruz; y 30 puntos en Tierra del Fuego. “Cuanto más al sur descargues tu captura, mayor va a ser el porcentaje que obtendrás en la ponderación final para la asignación de tu cuota”, dejó en claro Klimenko.
El segundo fundamento del reclamo se apoya en el esfuerzo de conservación biológica en el Golfo San Jorge. Santa Cruz mantuvo el área del golfo cerrada a la actividad pesquera comercial durante casi nueve años consecutivos. La medida protegió los niveles de reclutamiento y la concentración de juveniles de la especie, con el soporte científico de las campañas de investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
“Consideramos que esta pretensión de 50.000 toneladas es una justa compensación por tantos esfuerzos. Esta decisión política y ambiental de cuidar el golfo permitió que el langostino pase de las 60.000 toneladas pescadas en 2014-2015 a una abundancia actual cercana a las 250.000 toneladas. La sustentabilidad global del recurso, las certificaciones internacionales y el movimiento de los puertos se lograron gracias a un cuidado donde Santa Cruz resultó netamente perjudicada en sus desembarques históricos”, sostuvo.
La postura generó debates con otras jurisdicciones. Chubut presiona para consolidar un cupo de entre 80.000 y 90.000 toneladas destinado específicamente a la flota fresquera de Rawson, fundamentado en el peso operativo de sus de sus embarcaciones artesanales y de menor escala.
Por su parte, los representantes de la provincia de Buenos Aires manifestaron que los criterios de ponderación por descarga austral significan una discriminación hacia las plantas procesadoras de Mar del Plata. La respuesta de Klimenko frente al planteo bonaerense fue categórica respecto a la responsabilidad fiscal y ambiental sobre los recursos pesqueros comunes.
“Buenos Aires dice que los estamos discriminando. Ellos se olvidan de que tuvieron el recurso durante muchísimo tiempo en el stock norte con la merluza y el abadejo, y no lo cuidaron; por eso el recurso se corrió todo hacia el sur. No cuidaron el recurso y ahora pretenden tener el mismo beneficio que quienes realizamos los cierres y las vedas. No funciona así. Son discusiones de una mesa política donde en algún momento llegaremos a un punto medio”, replicó el secretario de Pesca.
Ante la rigidez de las posturas, Klimenko planteó una alternativa técnica para destrabar la negociación en el CFP. La propuesta consiste en modificar la relación de distribución general a un esquema de 70% para cuotas y 30% para la reserva estatal. Bajo este modelo, el volumen de resguardo de Nación pasaría a ser de 66.000 toneladas, permitiendo al Consejo Federal Pesquero otorgar una asignación directa superior a Santa Cruz sin limar los derechos históricos adquiridos por las empresas de las otras provincias.
Fin de la “carrera por el langostino”
“La cuotificación es indispensable para dar previsibilidad financiera y operativa al negocio. Hoy la pesquería tiene muy marcadas dos zonas de rendimiento. La zona sur presenta un langostino fresco y nuevo, de la temporada actual, al cual le cuesta alcanzar la talla comercial L1 y se concentra mayormente en L2 mientras camina hacia el norte. El langostino de la zona norte es un ejemplar más viejo, correspondiente a la temporada pasada; alcanza tallas L1 y L2 pero posee una consistencia más blanda y menor calidad de cáscara”, explicó Klimenko.
Señaló que la asignación de toneladas fijas permitirá a las gerencias de operaciones programar las mareas de acuerdo a las demandas específicas de sus clientes en los mercados de Europa, Estados Unidos o Asia. Las empresas podrán definir el momento exacto de salida de sus barcos según requieran un producto congelado a bordo de máxima firmeza o piezas de gran tamaño para el mercado de frescos en tierra.
Las cifras
La pesquería de langostino es el principal motor exportador del sector. En todo el año 2025 el recurso generó USD 867 millones por el despacho de 119.775 toneladas al exterior, superando holgadamente los USD 326 millones obtenidos por la merluza común. El volumen total de desembarques en los puertos nacionales alcanzó las 187.030 toneladas en 2025, mientras que la temporada 2026 -a menos de un mes de su inicio- mantiene una dinámica intensa con 82.784 toneladas descargadas al 23 de junio.
Los registros estadísticos oficiales consolidados por la Secretaría de Pesca reflejan esta evolución del rendimiento portuario. Por un lado, Puerto Deseado registró un incremento operativo del 39% en comparación con el año anterior, igualando el ritmo de crecimiento de Puerto Madryn. En una ventana de tres semanas de operaciones continuas de la flota, la terminal santacruceña consolidó la descarga de 3.500 toneladas de langostino. Por el otro, Caleta Paula mostró una suba del 28% en el volumen total de desembarques, posicionándose diez puntos porcentuales por encima del desempeño comercial de Comodoro Rivadavia.
Competitividad fiscal
La discusión de Santa Cruz no se agota aquí, sino que incluye un plan de reforma regulatoria interna. El objetivo del Gobierno provincial es retener la materia prima en sus terminales marítimas para garantizar el empleo en las plantas de fileteado y congelado de la Patagonia.
“Estamos planificando una reforma integral para otorgar beneficios y quitas de impuestos a los armadores que descarguen la materia prima en nuestros puertos, la procesen en plantas locales, la consoliden en contenedores y la exporten a través de las terminales de la provincia. Necesitamos mejorar la competitividad fiscal de Santa Cruz”, adelantó a La Opinión Austral.
Actualmente, las tasas portuarias de Santa Cruz operan con valores de amarra y estiba sustancialmente inferiores a los de la región bonaerense y de Chubut. La tarifa de descarga de barcos fresqueros en la terminal de Caleta Paula se ubica a menos de la mitad del costo promedio de los servicios de estibaje cobrados en los puertos vecinos. Esta brecha de costos traccionó un incremento en la actividad operativa durante el primer semestre del año.
La delegación santacruceña ratificó que mantendrá la exigencia de las 50.000 toneladas en la próxima sesión ordinaria del Consejo Federal Pesquero. La provincia apuesta por un nuevo ordenamiento de esta pesquería que beneficie de manera equilibrada a todas las jurisdicciones y se reconozca los aportes y sacrificios de los últimos años.
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