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El presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) analizó la sanción de la Cámara de Diputados de Santa Cruz de la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME en diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos. Destacó la importancia de haber logrado consensos con el oficialismo, la oposición y el Gobierno provincial en la búsqueda de herramientas que alienten al sector.
“Esto te genera situaciones encontradas. Estamos festejando la aprobación de una ley de emergencia, no nos gustaría estar pasando por esta situación, pero sí es positivo que hayamos logrado los consensos”, afirmó.
Señaló que la norma es fundamental porque reconoce la existencia de un problema real en el sector privado. “Se reconoce que el sector está pasando una situación de crisis y quebranto”, sostuvo.
La realidad de las pymes
El dirigente gremial empresario describió un panorama crítico para los comercios de la provincia. “Hoy en Santa Cruz cierra una empresa, un comercio por día. Las pymes hoy se encuentran entre la espada y la pared, o pagan los salarios o pagan los impuestos, no alcanza para las dos cosas”, explicó.
Esta situación deriva en un endeudamiento automático con los organismos recaudadores. Polke detalló que, en el sistema nacional, el impago a los 30 días genera embargos automáticos que bloquean las cuentas bancarias.
“Te bloquea la cuenta, no puede pagar salario, no le puede pagar a proveedores. Dinero que entra es absorbido por la entidad recaudadora. Es un problema muy grave”, señaló.
El debate sobre los despidos
De al solicitud de “prohibir los despidos en las pymes que se acojan a la emergencia”, explicó que esa iniciativa “no fue incorporada al texto final de la emergencia“.
“No se incorporó porque nos estábamos yendo de tema. El sostenimiento de las fuentes de trabajo se tiene que dar por otro camino. Vos no le podés exigir condiciones a un enfermo terminal”, manifestó.
Polke defendió el interés de los empresarios en mantener el empleo. “Los más preocupados en sostener los puestos de trabajo somos nosotros. Los trabajadores son nuestros clientes y sin trabajo no hay cliente y sin cliente nuestros negocios no funcionan“, aseguró.
Además, aclaró que la emergencia no alcanza únicamente al comercio, sino a la pequeña y mediana empresa en general. “A las empresas constructoras les está yendo mal, al sector del turismo, a la gastronomía, a la hotelería”, enumeró.
Respecto a las estadísticas de cierre, recordó que el año pasado se contabilizaron entre 100 y 150 cierres en Río Gallegos durante un semestre. “La Secretaría de Comercio municipal nos informaba que están cerrando un comercio por día. Esta realidad no es tan diferente en el resto de la provincia”, advirtió.
Además, alertó sobre una realidad que no siempre queda registrada formalmente. “Hay comercios que cierran la persiana pero no dan de baja esperando que haya una reactivación. O se mudan a la ilegalidad y se ponen a vender en su casa”, describió.
El impacto del salario y el consumo
Polke vinculó la crisis con la caída del consumo y la situación salarial de los trabajadores. “Veo que hay municipios que están entre 400 y 600 mil pesos de sueldo. Es imposible que una familia viva con eso”, opinó.
Sostuvo que una mejora en los sueldos repercute favorablemente en la actividad comercial. “Cuando el trabajador tiene un mejor sueldo, hay consumo, hay movimiento económico y hay recaudación“, afirmó.
Criticó también la falta de homologación de las paritarias del sector por parte del Gobierno nacional en acuerdos previos. “Hemos pactado con el sector sindical uno o dos puntitos por encima de la inflación y no fueron homologados”, recordó.
ARCA, próximos pasos
Tras la promulgación de la ley, Polke adelantó que buscarán reuniones con la la Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA). “Tenemos que ir a golpear la puerta. El ente recaudador tiene que reconocer la emergencia para que no avancen los cobros“, explicó.
Comparó esta medida con otras emergencias, por ejemploo¿ climática o ganadera. “Esto es una emergencia económica. Cuando se determina que es una emergencia, tiene que ser atendida con herramientas: suspensión de embargo, planes de financiamiento y promoción”, detalló.
Concluyó definiendo la nueva normativa como “un paraguas de protección que tiene un inicio y tiene un fin” para el sector productivo santacruceño.
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