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La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, lanzó duras críticas contra el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz tras la decisión de autoasignarse aumentos salariales que llevarán el sueldo de uno de sus vocales a $24.000.000 mensuales. La funcionaria sostuvo que la medida no solo resulta ofensiva en el actual contexto social, sino que además expone el rol histórico del Poder Judicial como parte de un sistema que permitió el vaciamiento de la provincia, en particular del área educativa.
Rasgido afirmó que el incremento salarial pone nuevamente en evidencia una Justicia desconectada de la realidad social y comprometida con la defensa de sus propios privilegios. “No hablamos solo de números, hablamos de decisiones y de responsabilidades”, remarcó.
La titular del CPE consideró “profundamente obsceno” que los integrantes del máximo órgano judicial provincial se otorguen aumentos millonarios sin haber rendido cuentas por su accionar durante décadas. “Estos sectores jamás explicaron por qué nunca investigaron cómo se robaban los recursos públicos y hoy se premian a sí mismos, de espaldas a la sociedad”, señaló.
Según Rasgido, la decisión del TSJ refleja una lógica de autoprotección que se repite en el tiempo y que agrava la desconfianza social hacia el Poder Judicial.
El rol de la Justicia en el vaciamiento educativo
En sus declaraciones, Rasgido puso el foco en el impacto que tuvo la inacción judicial sobre la educación pública. “La Justicia de Santa Cruz nunca quiso mostrarle al pueblo la verdad de cómo se saqueaban los recursos de nuestras escuelas y del futuro de la provincia”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el sistema judicial no actuó como un actor neutral. “Mientras se desfinanciaba la educación pública, mientras las escuelas se deterioraban y se postergaba a generaciones enteras, la Justicia miró para otro lado. Fue garante del vaciamiento y de la impunidad”, enfatizó.
Escuelas deterioradas y generaciones postergadas
La presidenta del CPE recordó que la educación fue una de las principales víctimas del modelo que imperó durante más de 30 años en Santa Cruz. Enumeró escuelas abandonadas, falta de inversión, desigualdad y oportunidades truncadas para miles de estudiantes como consecuencias directas de ese proceso.
“Todo eso ocurrió mientras el Poder Judicial guardaba silencio”, afirmó, y advirtió que las secuelas de ese abandono todavía se sienten en el sistema educativo provincial.
Rasgido cuestionó que, frente a ese escenario, los jueces del TSJ decidan otorgarse sueldos de $24.000.000 mensuales. Para la funcionaria, el contraste entre esos ingresos y la situación social de la provincia resulta inadmisible. “Después de más de 30 años, este sistema corrupto nos sigue dañando día a día”, sostuvo, y agregó que la sociedad exige una Justicia que actúe con responsabilidad y compromiso con el bien común.
En el cierre de sus declaraciones, Rasgido consideró que “Santa Cruz necesita una Justicia que esté del lado de la verdad, del pueblo y del futuro”, afirmó. El Poder Judicial “se protege con sueldos de $24.000.000 mientras intenta borrar su inacción histórica ante el saqueo de la educación”, una frase que resume el malestar creciente frente a las decisiones del Tribunal Superior de Justicia y reaviva el debate sobre su rol en la provincia.
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