Juicio Político a Fernando Basanta y Reneé Fernández: uno de los trámites continuará y el otro se archivará

Este martes se reunió la Sala Acusadora compuesta por 12 legisladores provinciales para tratar los pedidos de juicio político contra los vocales del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta y Reneé Guadalupe Fernández. Tras la misma, según pudo saber La Opinión Austral, los integrantes de esa sala decidieron seguir con el trámite contra Basanta y devolver a la presidencia de la Cámara de Diputados el de Fernández para ser archivado.

Fue a partir de una denuncia del abogado Sergio Macagno quien solicitó a la Cámara de Diputados que avance en juicio político contra el Fernando Basanta, denuncia que radica en que supuestamente no cumple con los requisitos constitucionales para ser miembro del máximo órgano judicial de la provincia.

En cuanto al caso de Reneé Fernández, el caso está relacionado a la denuncia del exjuez de la Cámara Civil de Río Gallegos, Diego Lerena, quien solicitó el juicio político acusándola de haber intervenido ilegalmente en una causa penal en la que él mismo fue investigado y posteriormente destituido, y de haber ocultado un parentesco con uno de los querellantes en el caso.

La Sala Acusadora

Una vez concluida la reunión, que se extendió por espacio de unas dos horas y medias, el presidente de la Sala Acusadora, Mario Piero Boffi, indicó a este medio cómo se lleva adelante el proceso de juicio político. En principio, sostuvo que  la ley 13 dispone la conformación de esa sala y la Juzgadora, cuyos miembros se eligen mediante un sorteo en la primera sesión ordinaria del año.

Ante una denuncia, “de conformidad con el artículo 4 y 6 de la ley, llevamos adelante una sesión secreta donde se ha avanzado en términos del tratamiento de dichos expedientes, razón por la cual no puedo emitir una opinión hacia donde se avanzó, si que se dio complimiento a la normativa vigente de la ley y que se continúa en ese sentido”, sostuvo.

Sobre los tiempos en los que los expedientes pueden estar en la Sala Acusadora, Piero Boffi indicó que tienen 30 a 40 días. “Hoy hay una comisión que lleva adelante algunas instrucciones, se ha avanzado en esa sintonía” por lo que “estamos a la espera que esa comisión que la integran tres diputados lleven adelante las diligencias correspondientes o sea que están bien de plazos”.

El diputado provincial mencionó que se trata de una ley muy sencilla y aclaratoria para entender cuáles son los mecanismos, así que “los doce diputados que hoy tuvimos la sesión ya se les ha girado (el expediente) a la comisión integrada por tres miembros” para que sigan con el proceso.

Aunque no dio los nombres, Piero Boffi confirmó que hay uno de los expedientes que no cumplía los requisitos del artículo 137 de la Constitución Provincial, que habla sobre los requisitos que debe tener la acusación para el inicio del juicio político, por lo que “ha sido devuelto a la presidencia a los fines del archivo del mismo”.

“Hoy hay tres diputados que están llevando adelante requisitorias que da la ley a los fines de buscar instrumentos necesarios para poder cotejar sobre diferentes análisis”, dijo al tiempo que manifestó que el hecho de que la reunión sea secreta es “por una cuestión institucional, después es de cara a la gente, acá hay una denuncia, donde se dio ingreso, se cumplimenta la ley y se avanza, se llevan adelante los procesos y en ese sentido hay que tener responsabilidad y transparencia de estos actos”.

Qué dice la ley

La llamada Ley Provincial N° 13 regula el procedimiento constitucional para remover a funcionarios públicos de alto rango. Este proceso se lleva a cabo en la Legislatura provincial y está dividido en una Sala Acusadora y una Sala Juzgadora, cada una con la facultad de requerir dos tercios de los votos para tomar decisiones.

El artículo 137 de la Constitución Provincial de Santa Cruz detalla este proceso, que se ajusta a los procedimientos establecidos en la ley.

La Cámara de Diputados se divide en una Sala Acusadora y una Sala Juzgadora mediante sorteo durante la primera sesión ordinaria del año. La Sala Acusadora tiene un plazo de cuarenta días para decidir si acepta la acusación por dos tercios de los votos de sus miembros presentes.

Si la acusación es aceptada, la Sala Juzgadora tiene un plazo de treinta días para resolver y emitir un fallo. Para destituir al funcionario, se requiere una mayoría de dos tercios de los votos de los miembros presentes en la Sala Juzgadora.

Cabe destacar que los sujetos que pueden ser sometidos a juicio político son el Gobernador y Vicegobernador, Ministros y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.