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La espera terminó. Después de casi nueve años de incertidumbre, dolor y una lucha inquebrantable de los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz dio a conocer este miércoles el esperado veredicto en una de las causas judiciales más trascendentes de la historia reciente del país.
En una audiencia cargada de tensión y expectativa que fue transmitida por el Poder Judicial de la Nación a través de Youtube y replicada por La Opinión Austral, los jueces resolvieron condenar por mayoría al excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, mientras que los otros tres imputados –Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa– fueron absueltos por unanimidad.
La sentencia puso punto final a un juicio oral que demandó más de cuatro meses de intenso debate y que reconstruyó, con decenas de testimonios y abundante prueba documental, las responsabilidades en torno al hundimiento del submarino ocurrido el 15 de noviembre de 2017, una tragedia que marcó para siempre la memoria colectiva de la Argentina.
El Tribunal estuvo integrado por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez, Adolfo Quadrini (quien siguió la última jornada a través de Zoom) y Enrique Nicolás Baronetto, quienes debieron afrontar un debate complejo desde el punto de vista jurídico y logístico.
Tal como ocurría desde principios de marzo, con la cobertura especial de La Opinión Austral, desde las primeras horas de la mañana, el movimiento en el edificio judicial era incesante. A las 9 en punto comenzó la última audiencia del proceso. Los cuatro acusados ingresaron a la sala conscientes de que sería el momento más trascendente de una investigación iniciada hace más de ocho años.
Antes de la lectura del fallo, el Tribunal les concedió el derecho a pronunciar sus últimas palabras. Uno tras otro insistieron en su inocencia, manifestaron que siempre actuaron conforme a las obligaciones impuestas por la Armada Argentina y sostuvieron que desconocían las razones por las cuales habían llegado a juicio. También reivindicaron el trabajo realizado antes y después de la desaparición del submarino.
En uno de los momentos más significativos de su mensaje, Reynaldi defendió la independencia del Tribunal y sostuvo que la resolución fue adoptada únicamente sobre la base de la prueba producida durante el debate. “La resolución que tomamos fue absolutamente con libertad de criterio, sin presión o influencia de ninguna naturaleza. Es el convencimiento que teníamos sobre el caso y reconocemos nuestra naturaleza humana y pedimos disculpas”, manifestó antes de iniciar la lectura del veredicto.
La decisión judicial comenzó rechazando, por mayoría, los planteos de nulidad formulados por las defensas respecto de la acusación fiscal.
Posteriormente, el Tribunal resolvió absolver por unanimidad a Luis Enrique López Mazzeo, quien se desempeñaba como titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; a Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y a Hugo Miguel Correa, exjefe del área de Operaciones.
Los magistrados entendieron que durante el juicio no pudieron acreditarse incumplimientos funcionales penalmente relevantes respecto de los hechos que habían sido objeto de acusación. El momento de mayor impacto llegó cuando el secretario dio lectura a la condena contra Claudio Javier Villamide.
Por mayoría, el Tribunal lo declaró penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.
Como consecuencia de esa decisión, Villamide fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, además de una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena y el pago de las costas del proceso.
Asimismo, los jueces le impusieron reglas de conducta durante tres años. Entre ellas deberá fijar domicilio, informar cualquier cambio de residencia al Tribunal y abstenerse de cometer nuevos delitos mientras dure el período de control judicial.
El fallo también rechazó distintos planteos formulados por las partes durante la etapa final del proceso, entre ellos la aplicación de la Resolución 58/2024 de la Procuración General de la Nación y el pedido vinculado con el levantamiento de la suspensión de actuaciones administrativas, disponiendo únicamente poner la resolución en conocimiento de la Armada Argentina.
Con la sentencia pronunciada, concluyó formalmente uno de los juicios más complejos que atravesó la Justicia Federal argentina en los últimos años.
Durante el debate convivieron dos posiciones claramente contrapuestas. Mientras el Ministerio Público Fiscal sostuvo que existió una cadena de omisiones funcionales que incrementó el riesgo operativo del submarino hasta desembocar en la tragedia, las defensas insistieron en que nunca pudo determinarse con certeza qué ocurrió con el ARA San Juan y que ninguno de los acusados incumplió los deberes inherentes a sus funciones.
El Tribunal encontró acreditada responsabilidad penal únicamente respecto de Claudio Villamide, aunque descartó las acusaciones formuladas contra los otros tres exoficiales.
Sin embargo, el expediente difícilmente encuentre aquí su punto final. Tanto las querellas como las defensas ya adelantaron que recurrirán la sentencia ante instancias superiores, por lo que la causa continuará su recorrido judicial.
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